Un mero gesto de autoridad
El miércoles 14 por la mañana, a través de la ministra de Salud, el Gobierno nacional les pidió a gobernadores y a intendentes que endurecieran las restricciones en las zonas más afectadas o potencialmente críticas de su jurisdicción, frente al aumento de casos de coronavirus. “Tienen la potestad” de ampliarlas, les indicó.
Horas más tarde, el presidente Alberto Fernández decretó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 40 municipios bonaerenses que la rodean, desde el viernes 16 y hasta fin de mes, no se podrá circular ni desarrollar actividades comerciales, sociales, recreativas, culturales o deportivas en lugares cerrados, desde las 20 y hasta las 6 del día siguiente. Además, suspendió las clases presenciales por dos semanas.
Las medidas no fueron acordadas con el Gobierno porteño y fueron recibidas con beneplácito por la administración bonaerense. Es probable que en esta diferenciación se encuentre el origen del anuncio presidencial.
Hace semanas que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presiona para que se restrinja la libre circulación en todo el país; y en los últimos días, ante el tibio anuncio presidencial, sus voceros habituales señalaron que, si fuera por ellos, cerrarían hasta las escuelas.
Si el jefe de Gobierno porteño se opuso con claridad a las primeras restricciones, era obvio que no aceptaría este nuevo esquema. Entonces se resolvió, sin avisarle, la implementación de un esquema restrictivo que parece diseñado por la gobernación de Buenos Aires, no por el equipo presidencial.
El dato no es menor. En la tensa interna del Frente de Todos, Kicillof representa, para Cristina Fernández, mucho más que un exministro de Economía que tuvo, según su particular interpretación de la realidad, una brillante gestión. En la actualidad, siempre según esa perspectiva, sería un muy buen gobernador y quien le supo señalar al Gobierno nacional que privilegiara a los rusos en la compra de vacunas para enfrentar la pandemia.
La ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, se convierte así en el primer distrito cuya autonomía es relativizada por el Poder Ejecutivo, aunque en su discurso del miércoles 14 Alberto Fernández sostuvo que, como “vivimos en un país federal”, la responsabilidad de tomar decisiones frente a la pandemia es “responsabilidad de cada gobernador”, que bien podría hacerlo “con prescindencia de la decisión presidencial”.
¿Qué sentido tiene mencionar que vivimos en un país federal si el Poder Ejecutivo toma decisiones cuya jurisdicción de aplicación es municipal o provincial? ¿No es lógico deducir que esa autonomía que se le acaba de negar a Horacio Rodríguez Larreta se le negará, mañana o pasado, a cualquier otro gobernador?
Como ya supimos advertir ante este rebrote de coronavirus, los números diarios son preocupantes, pero la situación sanitaria no es crítica. La política institucional, en cambio, parece atravesar un momento complejo: un presidente debilitado por sus propios errores, tanto en el manejo de la economía como de la pandemia, necesitó escenificar gestos de autoridad.