Desde enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, aumentaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para buscar migrantes ilegales. Ese año, hubo unas 400.000 deportaciones, pero, según los deseos del presidente, deben llegar al millón anual.

El gobierno de Estados Unidos explica que “la deportación es el proceso de expulsión de un ciudadano extranjero por no cumplir con las leyes estadounidenses”. Aplica a quienes hayan ingresado de manera ilegal, hayan incumplido con las condiciones de la visa o representen una amenaza para la seguridad pública.

El año pasado, los agentes del ICE realizaron miles de operativos. En caso de ser arrestada, la persona puede permanecer en el centro de detención hasta la fecha de su juicio en la corte de inmigración o hasta el día de su deportación.

El 29 de junio de 2026, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) publicó la Regla Final Provisional (IFR) que actualiza los procedimientos. Allí, figura la documentación que permite acreditar la permanencia legal en Estados Unidos.

¿Qué documentos acreditan la permanencia legal en Estados Unidos?

La IFR detalla cuáles son los documentos que sirven para acreditar la situación legal en el país y recuerda la necesidad, en algunos casos, de contar con el comprobante del formulario G-325R, Información Biográfica (Registro), que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estableció en marzo de 2025.

El DHS explica que, con algunas excepciones, la ley INA exige que “todos los extranjeros de 14 años o más que no fueron registrados ni se les tomaron huellas dactilares al solicitar la visa y que permanecen en el país por 30 días o más deben solicitar registrarse”. Añade que “la evidencia del registro debe ser llevada en todo momento por los extranjeros mayores de 18 años”.

La Green Card, o tarjeta de residencia permanente, es uno de los documentos aceptados por ICE. Foto: Archivo.

En caso de incumplir esta normativa, las personas “podría enfrentar sanciones penales y civiles, incluso el enjuiciamiento por delito menor, el pago de multas y encarcelamiento”. Aclara el DHS que “el registro no es un estatus de inmigración, no establece autorización de empleo ni proporciona otro derecho o beneficio bajo la INA ni ninguna otra ley”.

Las normativas del DHS agregan que están exentos del registro o de la toma de huellas dactilares los ciudadanos estadounidenses, funcionarios de gobiernos extranjeros con visas A o G, nativos americanos nacidos en Canadá y miembros de la Banda Kickapoo de Texas.

Por otra parte, los menores de 14 años, los titulares de algunas visas diplomáticas y representantes de la OTAN están obligados a registrarse, pero sin incluir la toma de huellas dactilares.

En resumen, la documentación a presentar durante un operativo de ICE para establecer una permanencia legal en Estados Unidos es la siguiente:

  • Formulario I-766: permiso de trabajo.
  • Formularios I-94, I-94A o I-94W: registros de entrada y salida de territorio estadounidense.
  • Green Card (formulario I-551): tarjeta de residente permanente.
  • Credenciales de viajero confiable: programas aprobados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.
  • Comprobante del formulario G-325R: registro de huellas dactilares e información biográfica.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) realiza los trámites para obtener la documentación. Foto: Archivo.

Es posible completar el formulario G-325R e iniciar el trámite en MyUSCIS. Luego de crear una cuenta personal, hay que completar y enviar el formulario. En caso de que no haya objeciones, USCIS notifica de manera electrónica para que el interesado agende una cita en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC), donde se tomarán las huellas, la fotografía y la firma.

Al concluir el trámite, el sistema emite un comprobante con un identificador único que, en caso de un operativo de ICE, deberá presentarse ante los oficiales, no para comprobar la situación migratoria, sino para evitar multas o encarcelamiento por incumplir una norma de la ley INA.