En Vidas de putas, Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de la Argentina (AMMAR), reúne una serie de crónicas ambientadas en Constitución donde conviven trabajo sexual, migración, violencia institucional, narcomenudeo y redes de solidaridad.

Georgina Orellano es autora de Vidas de putas. Calle, sexo y mentiritas (Sudamericana). Foto: gentileza.

En el libro, la autora deja en segundo plano la discusión sobre si el trabajo sexual debe o no ser reconocido como trabajo para concentrarse en otra cosa: narrar la vida cotidiana en Constitución.

Las crónicas recorren hoteles familiares, pensiones y la Casa Roja –la sede comunitaria de AMMAR– para retratar las estrategias de supervivencia de trabajadoras sexuales, migrantes y personas expulsadas de distintos sistemas de protección.

Las escenas de violencia policial, desalojo, consumo problemático y pobreza extrema conviven con otras de humor, afecto y organización comunitaria. "Yo no escribo desde el enojo. El libro habla de desgracias con cierta gracia y ternura, porque así es como atravesamos nosotras la conflictividad", resume Orellano. Esa combinación atraviesa también una serie de cuestionamientos dirigidos al Estado, a las políticas públicas y a ciertos consensos instalados dentro del feminismo y del progresismo.

Del otro lado de la pantalla, Orellano responde a Clarín sin rodeos. Cada respuesta amplía el mapa del libro y propone una lectura distinta sobre conflictos que suelen abordarse desde la distancia.

–En el libro aparece una crítica muy fuerte a la forma en que otros hablan sobre las trabajadoras sexuales. ¿Cuál fue la principal idea que sentiste la necesidad de disputar al escribir Vidas de putas?

–La principal disputa tiene que ver con la distancia desde la que muchas veces se habla de nosotras. Vidas de putas no está pensado como otra herramienta para discutir, dentro de los feminismos, si el trabajo sexual tiene que ser reconocido o no como trabajo. El libro está centrado en Constitución, uno de los barrios más conflictivos y estigmatizados de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Casa Roja, nuestro centro comunitario. Ahí vivimos muchas compañeras, somos vecinas, aunque muchas veces ni siquiera se nos reconozca como tales. En estos años se profundizaron la violencia, la crueldad, la precariedad, los conflictos con la policía y también con un sector de vecinos. En el medio siempre estamos nosotras, entre la resistencia y la organización. Quise correr la discusión de lo estrictamente teórico para hablar de la conflictividad social que atraviesa el país y de cómo impacta en nuestras vidas. Cuando asumió el actual gobierno, muchos sectores progresistas pasaron a ocupar el lugar de la resistencia. Sin embargo, cuando hablan de los problemas sociales siguen teniendo una mirada infantilizadora sobre los sectores populares, muy romantizada de la pobreza y, a veces, bastante parecida a la derecha cuando se trata de pensar la seguridad. Nosotras decidimos hablar del narcomenudeo como una estrategia de supervivencia porque es algo que está pasando. Hay compañeras que ya no hacen trabajo sexual porque no hay clientes, porque la actividad está completamente precarizada. Nos preocupa ser de las pocas organizaciones que reconocen esa realidad. Cuando algunos sectores hablan de narcotráfico, lo hacen para discutir con el gobierno de turno. Dicen: "Cuando se retira el Estado avanza el narcotráfico". Nosotras respondemos otra cosa: el Estado ya no estaba acá. Y la Casa Roja está en Constitución justamente por eso. Fue una decisión política estar donde había desalojos, violencia y precariedad.

–Escribís que muchas veces el Estado llega tarde, no llega o directamente interviene para castigar. ¿Cuál es el ejemplo más claro de eso que hayas visto en tu experiencia?

–El año pasado varias compañeras, madres solteras, llegaron al área de asesoría legal por intervenciones del Consejo Tutelar de la Niñez. Una de ellas había recibido citaciones por WhatsApp, pero no sabe leer ni escribir. También le mandaban notificaciones a su domicilio, pero vive en un hotel y muchas veces los dueños niegan que las personas vivan ahí para evitar problemas judiciales. Cuando la acompañamos a una mediación, las psicólogas decían: "Ester nos mira mal". Y claro que las miraba mal. Eran la representación del Estado que le había sacado a sus hijos y la obligaba a demostrar que era una buena madre cuando, en realidad, el problema era ser pobre. En lugar de castigarla, deberían haber entendido que no sabía leer, que no tenía celular ni conectividad y que las dinámicas de un hotel no son las de una vivienda convencional. Después vino otra forma de violencia: la infantilización. Le hablaban como si fuera una nena y le decían que tenía que cambiar de trabajo. Pero el Estado no puede decirle eso a una mujer migrante, sin papeles y sin alfabetización, cuyo único empleo posible fue el que consiguió. Lo que debería hacer es acompañarla, facilitarle un subsidio, garantizarle condiciones para criar a sus hijos; y no quitárselos como forma de castigo.

–¿Por qué creés que, frente a problemas complejos como el consumo o la pobreza extrema, la respuesta suele ser punitiva?

–Porque el Estado que tenemos es punitivo. Frente a los conflictos sociales, el mecanismo es el castigo, como forma de intentar modificar conductas. Se cree que el castigo o la cárcel reparan. Nosotras venimos de ahí y sabemos que no repara nada: agrava el conflicto. Frente al consumo problemático hay dos caminos que se repiten: la infantilización o el castigo. Y ninguno funciona. La infantilización es creer que si a alguien que consume le das un taller o un trabajo, cambia su vida. Quizá cambia su situación económica, pero no los dolores que trae ni los vínculos de violencia en los que estuvo. Un trabajo registrado no cambia necesariamente los patrones de conducta. Quizá deja de darse un pipazo, pero el consumo se desplaza. También hay una lógica muy instalada, sobre todo en sectores progresistas, de buscar historias de superación y heroísmo: el pibe chorro que se recibió en la cárcel, la travesti que trabaja en el Estado, la prostituta que ahora da talleres. Hay una fascinación con esas narrativas. Y quienes no entramos en esas historias quedamos como otredad. Y lo que queda del otro lado no son cursos ni charlas, sino castigo, silenciamiento, señalamiento e invisibilización.

Georgina Orellano es autora de Vidas de putas. Calle, sexo y mentiritas (Sudamericana). Foto: gentileza.

–Planteás que todavía nos debemos debates sinceros sobre las drogas. ¿Cuál es la conversación que sentís que sigue faltando?

–Falta correr la hipocresía, sobre todo en la idea del consumo recreativo con un corte de clase, como cuando se habla de marihuana. Hay un consenso social, pero ese consenso marca límites: quienes quedan afuera son los sectores populares. La Ley de Drogas es punitiva. Criminaliza a quienes deberían recibir asistencia y acompañamiento del Estado. Se usa en la calle para perseguir a colectivos travestis, trans, migrantes y mujeres de economías populares. No hay un combate real a las grandes estructuras del narcotráfico. La mayoría de las personas presas por el artículo 5 inciso "c" de la Ley 23.737 de la Argentina por venta de estupefacientes en el espacio público, son mujeres pobres y compañeras travesti trans. La discusión tiene que ver con reformar la ley, despenalizar el consumo, y también con algo urgente: hay compañeras detenidas sin condena, con violaciones de derechos humanos, deterioro de salud y tuberculosis en contexto de encierro. La conversación es de clase. Hoy, en crisis, el consumo problemático en sectores populares no es el del porro en la plaza: es el de la precariedad extrema, el pipazo, las sustancias más degradadas. Cuanto más crisis económica hay y más se profundice la precariedad social, las drogas a su alcance son más precarias, y tienen un impacto más rápido en su salud mental. Y eso tiene que ver con poder hablar sobre a quiénes se refieren con consumo problemático y quiénes quedan por fuera de esa lógica de lo recreativo.

–En el libro cuestionás la diferencia de trato entre ciertas prácticas aceptadas en sectores acomodados y las mismas prácticas en barrios populares. ¿Qué revela esa doble vara?

–Lo que revela es racismo y clasismo. Es racismo estructural e internalizado, dentro del poder judicial, las instituciones, el feminismo y el progresismo. Hay aceptación de ciertos sujetos y condena de otros que tienen el mismo origen social, el mismo color de piel, pero reciben distintos tratamientos según su clase. Lo que hace una compañera pobre en una esquina se condena. Lo que hacen otras mujeres con OnlyFans, influencers o creadoras de contenido erótico, muchas veces no reconocidas como trabajadoras sexuales, se celebra. Ahí aparece la doble vara: se celebra el “emprendedurismo”, la idea de ser tu propia jefa, de no depender del Estado. Pero en el caso de las mujeres pobres en la calle, eso es lo que hay que abolir.

–Cuando hablás de “feminismo blanco porteñocentrista”, ¿qué discusiones o experiencias concretas estás señalando?

–Señalo una dificultad para reconocer privilegios de clase y una agenda que deja afuera muchas otras realidades. Cuando se habla de deudas de clase media, tarjetas o consumo bancarizado, eso existe. Pero debajo hay otras economías mucho más precarizadas: prestamistas, préstamos informales, acuerdos semanales con intereses que terminan generando deudas impagables. Ahí aparece una conflictividad permanente: amenazas, escraches, violencia, incluso tiroteos como forma de disciplinamiento. Hay compañeras que tienen que entregar cosas de valor o irse del barrio por miedo. Cuando contamos esto, muchas veces se interpreta como “mafias criminales”. Pero en realidad, en la precariedad, la circulación del dinero funciona de otro modo. No se trata de negar la violencia, sino de no explicarla siempre desde categorías punitivas que no sirven para entender lo que pasa. Y vuelvo a lo mismo, no podemos inventar nuevas categorías para interpretare aquello que está sucediendo abajo en los barrios o zonas de trabajo siempre con una mirada punitiva, porque no resuelve. Muchas veces se agrava con la violencia institucional y la represión policial. No creemos que el castigo y la cárcel sea la única solución para enfrentar los problemas de conflictividad y ruptura social que estamos atravesando como sociedad.

–¿Qué sentís que ese sector todavía no logra comprender sobre las experiencias de las trabajadoras sexuales organizadas?

–No lo va a comprender nunca porque hay una posición cerrada a la escucha. No hay disposición a escuchar a quien piensa distinto. Desde ahí, la postura fascista es que no hay que ser escuchadas, que nuestra organización tiene que ser criminalizada. Cada vez que aparecemos en el debate público aparece la denuncia. Incluso con informes académicos o legislativos, la respuesta es judicial o de presión para que no se difunda. Por ejemplo, le envían una carta documento a una diputada que presenta con nosotros un informe sobre trabajo sexual en plataformas digitales. Es una estrategia de cancelación permanente de otras voces. Y así es muy difícil que comprendan cualquier forma de organización que no sea la que ellas consideran legítima.

–¿Creés que existe algún punto de encuentro posible entre regulacionistas y abolicionistas, o son perspectivas irreconciliables?

–No creemos que exista ni vaya a existir un punto de encuentro. Son perspectivas que no logran diálogo. Cuando presentamos informes desde AMMAR sobre condiciones laborales en plataformas digitales o investigaciones con Conicet y UBA, no hay escucha. Hay acciones para impedir que esos debates ocurran: cartas documento, presión institucional, intentos de frenar actividades en el Congreso. Incluso hay denuncias falsas, como acusaciones de trata, que funcionan como parte de una cruzada de persecución. Es una lógica cerrada: todo lo que no encaja en su marco debe ser censurado o deslegitimado para que no logre tener eco posible en ninguna esfera social.

–También aparecen con fuerza las juntas comunitarias y redes de ayuda mutua. ¿Qué funciones cumplen hoy que el Estado no está cubriendo?

–Cumplen la función de resolver lo inmediato que el Estado no solo no resuelve, sino que muchas veces agrava. Funcionan desde la identificación de clase: lo que le pasa a una compañera, le puede pasar a cualquiera. Cuando alguien está internada, por ejemplo con tuberculosis, se hacen colectas para sostener lo básico: que no pierda la habitación, pagar deudas, sostener el tiempo sin trabajar. No resuelven todo, pero garantizan continuidad mínima. El Estado tiene tiempos burocráticos: informes, requisitos, constancias. Para una situación de urgencia, eso puede tardar semanas, y en ese tiempo la persona puede quedar en la calle. Por eso muchas dejan de ir al Estado: sienten que no las escucha, que las trata mal, que no entiende sus condiciones reales de vida. Las redes comunitarias funcionan como parche, pero un parche necesario en el presente.

Georgina Orellano es autora de Vidas de putas. Calle, sexo y mentiritas (Sudamericana). Foto: gentileza.

–También aparece con fuerza la experiencia migrante. ¿Qué dificultades específicas enfrentan las trabajadoras sexuales migrantes que suelen quedar fuera de la conversación pública?

–Quedan fuera desde el inicio por el propio trabajo que realizan: el trabajo sexual. Se las ubica en la categoría de “mala migrante”, en contraste con la migración “aceptada”, la del trabajo formal o con papeles. Esa división es central. Muchas fueron expulsadas de sus familias por su identidad de género o por ejercer trabajo sexual. Y aun así, migran con el proyecto de ayudar económicamente a sus familias, a las que muchas veces sostienen desde acá. Hay una tensión constante entre ese esfuerzo y el abandono afectivo o simbólico del otro lado. También hay situaciones extremas, como compañeras que mueren y cuyas familias se preocupan más por los objetos que dejaron que por el cuerpo. A eso se suma la criminalización: antecedentes por contravenciones, por la Ley de Drogas, o confusión sobre qué es un acta contravencional y qué es un antecedente penal. Eso genera barreras migratorias y miedo constante a la regularización. Por eso incorporamos herramientas de alfabetización judicial: entender qué derechos tienen, qué implica cada procedimiento. Y finalmente, hay una diferencia clave: muchas vienen de países donde la violencia policial es mucho más extrema (Perú, Colombia, Ecuador). Aun con represión acá, para ellas no es comparable, y por eso eligen Argentina. Unas compañeras nos contaban cómo un grupo de jóvenes salían los viernes a burlarse de ellas, filmarlas, correrlas, golpearlas y por eso pasaba su diversión. Para ellas, en sus lugares de origen eso era lo cotidiano. Me parece que toda esa experiencia queda por fuera cuando se habla de la experiencia de migrar.


Georgina Orellano básico

  • Nació en Morón, provincia de Buenos Aires, en 1986. Es trabajadora sexual desde los diecinueve años y desde 2014, secretaria general de AMMAR, el sindicato que defiende los derechos humanos y laborales de lxs trabajadorxs sexuales del país.

  • Es además, miembro de la Central de Trabajadores Argentinos y autora de Puta feminista (2023) y Vidas de putas (2026).


Vidas de putas. Calle, sexo y mentiritas, de Georgina Orellano (Sudamericana).