300 días. 42 semanas. Diez meses. 7.200 horas. 432.000 minutos.

Ese es el tiempo exacto que lleva el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei desconociendo la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. No se trata de un simple retraso administrativo ni de una demora técnica en los despachos ministeriales: es una decisión política explícita de no acatar una norma vigente de la Nación.

¿Por qué contamos 300 días?

Arrancamos a contar el 21 de octubre de 2025, la fecha en que la ley finalmente vio la luz en el Boletín Oficial. Tras el veto presidencial, el Congreso de la Nación ratificó el texto original reuniendo las mayorías especiales que exige la Constitución Nacional. Frente a ese mandato democrático, al Poder Ejecutivo no le quedó otra opción institucional que promulgarla. Sin embargo, en ese mismo acto, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025 para frenar de hecho su aplicación, escudándose en la excusa de que el Parlamento debía determinar primero las partidas presupuestarias.

Ahí empezó nuestra cuenta. Porque en un sistema republicano, una ley no es una sugerencia ni una simple carta de intenciones: es un mandato obligatorio del Estado. Cuando el Congreso sanciona una norma siguiendo todos los pasos de la Constitución, el Presidente no tiene la facultad de archivarla o ignorarla solo porque no coincide con su rumbo económico o ideológico. Gobernar dentro de la ley no es una opción; es la primera obligación de cualquier mandatario.

A lo largo de estos diez meses, la universidad pública aguantó como pudo. No lo hizo gracias al Estado nacional, sino a pesar del ajuste. Sostuvo sus puertas abiertas con salarios de docentes y nodocentes pulverizados por la inflación, con becas estudiantiles congeladas y totalmente desfasadas del costo de vida, y con presupuestos de funcionamiento que asfixian día a día la investigación científica y la extensión comunitaria. Las facultades funcionaron por el compromiso cotidiano de miles de trabajadores y estudiantes que se niegan a ver caer a la educación pública.

El conflicto escaló de manera definitiva en junio, cuando la discusión sumó un respaldo judicial determinante. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno a aplicar de forma inmediata los puntos centrales de la ley, en especial la recomposición de los haberes salariales y la actualización de los fondos destinados a las becas. Esto no admite dobles interpretaciones: el Congreso votó la norma, la Justicia ordenó cumplirla y el Ejecutivo insiste en mantenerse en rebeldía institucional, operando al margen del Estado de derecho.

Por eso, 300 días no es una estadística vacía ni una cifra abstracta. Son 300 días de una comunidad entera esperando que se respete el orden jurídico. Son 300 días de miles de pibas y pibes haciendo malabares para pagar el transporte, comprar los apuntes o preguntarse con angustia si van a poder terminar la carrera o si tendrán que abandonar sus proyectos. Son 300 días de docentes y nodocentes poniendo el cuerpo en las aulas mientras sus sueldos pierden dignidad frente al costo de vida. Y son 300 días de un movimiento estudiantil y gremial organizado, presente en las calles y en cada casa de estudios para defender lo que nos pertenece.

Esta experiencia nos deja una lección fundamental: la universidad pública no se defiende únicamente dentro de las aulas o en los laboratorios. Se defiende cuidando las reglas básicas de la democracia y exigiendo que nadie, por más poder que tenga, esté por encima de la ley.

Desde la Federación Universitaria Argentina no queremos acostumbrarnos a tachar días en el calendario. No vamos a naturalizar la espera ni queremos llegar a 400 o a 500 días de incumplimiento deliberado. Exigimos la aplicación urgente e integral de la ley: la recomposición real de los sueldos de nuestros trabajadores, la actualización inmediata de todas las líneas de becas para que nadie quede afuera y la asignación efectiva de los recursos necesarios para enseñar, investigar y producir conocimiento al servicio del país.

Cuando una ley se ignora durante 300 días, la discusión trasciende los números presupuestarios: lo que entra en crisis es la vigencia misma de las instituciones. No llevamos esta cuenta para resignarnos al atropello, sino para dejar en claro que la lucha universitaria sigue de pie, organizada y firme.

La Ley de Financiamiento Universitario se cumple.

La universidad pública se defiende.

Nuestros derechos y nuestro futuro no se negocian.