La jueza federal de distrito en Boston, Allison Burroughs, resolvió levantar la suspensión administrativa que impedía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Somalia. La magistrada, nombrada durante la presidencia de Barack Obama, dejó sin efecto la orden de emergencia que mantenía vigentes los beneficios migratorios desde marzo de 2026, citando como fundamento el fallo emitido en junio por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Mullin v. Doe.

SOMALI PROTECTIONS END: A federal judge cleared the way for President Trump's administration to strip nearly 1,100 Somalis of legal protections against deportation that have allowed them to live and work in the United States. pic.twitter.com/eJLpEB3TdW

— NEWSMAX (@NEWSMAX) August 15, 2026

Dicha sentencia del máximo tribunal, aprobada por una mayoría conservadora de 6 a 3, restringió de forma drástica la capacidad de los jueces de primera instancia para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo orientadas a rescindir el TPS de diversos países. En su escrito del viernes 14 de agosto, Burroughs afirmó que, aunque los demandantes demostraron de manera convincente que sufrirán un "daño irreparable", se encuentra jurídicamente "obligada a ver las cosas a través del prisma" fijado por la Corte Suprema, liberando las manos del gobierno para ejecutar la medida.

Alcance de la medida: los números de la comunidad somalí en Estados Unidos

Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señalan que actualmente existen 2.471 ciudadanos somalíes amparados de forma directa por el TPS en territorio estadounidense, mientras que otros 1.383 mantienen solicitudes de inscripción o renovación en estado pendiente. La resolución judicial los deja sin resguardo frente a eventuales procesos de deportación si no cuentan con otra vía legal alternativa para permanecer en el país.

Somalia fue una de las primeras naciones en ser incluida en el programa humanitario creado por el Congreso en 1990, obteniendo la designación original en 1991 tras el estallido de la guerra civil. La decisión de la administración Trump de cancelar este estatus responde a la postura fijada en enero por la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien sostuvo que las condiciones en el país africano habían mejorado lo suficiente, aun cuando el Departamento de Estado mantiene vigente la alerta máxima de "Nivel 4: No viajar" hacia ese territorio debido a la violencia de la banda al-Shabaab y los conflictos armados.

Impacto inmediato en los permisos de trabajo y el escenario legal para la defensa

A nivel operativo, analistas y abogados de inmigración prevén que la consecuencia más inmediata del fallo será la revocación de la autorización de empleo (EAD) para los beneficiarios, así como la notificación a las empresas contratantes. Aunque la decisión no implica un operativo de detención masiva instantáneo —centrándose la prioridad oficial en personas con antecedentes penales—, quita el sustento legal para la residencia y el trabajo formal de miles de migrantes de larga data.

Por su parte, organizaciones civiles como African Communities Together y los abogados defensores argumentaron ante el tribunal que la cancelación del TPS estuvo motivada por prejuicios raciales y de origen nacional, violando la Quinta Enmienda de la Constitución. Pese a que el intento de frenar la medida por la vía cautelar fue desestimado por el juzgado de Boston, las entidades comunitarias indicaron que continuarán explorando alternativas legales y recomendando a los afectados que agilicen otras peticiones de regularización o solicitudes de ciudadanía que mantengan abiertas.