Una jueza federal emitió una orden judicial preliminar que prohíbe a la administración del presidente Donald Trump implementar una orden ejecutiva destinada a restringir el voto por correo y crear un censo electoral a nivel nacional.

BREAKING: Judge Indira Talwani blocks U.S. Postal Service from implementing Trump's mail-in ballot restrictions nationwide.

— Polymarket (@Polymarket) August 11, 2026

La resolución de la jueza de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, frena las intenciones del Poder Ejecutivo de involucrar al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en la fiscalización de boletas de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.

Fallo a favor del derecho al voto y límites al Poder Ejecutivo

La demanda, encabezada por la Liga de Mujeres Votantes y diversos grupos defensores de los derechos civiles, argumentó que la orden firmada en marzo resulta inconstitucional, ya que la facultad para establecer las reglas comiciales recae en los estados y el Congreso.

Indira Talwani, la jueza de distrito de Boston, emitió una resolución judicial a favor de organizaciones civiles a menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.

En su dictamen, Talwani remarcó que la cercanía de las elecciones hace indispensable detener cualquier intento de modificar las normas en la víspera de la votación, enfatizando que el Ejecutivo no posee autoridad legal para regular procesos electorales.

El alcance de la norma y la resistencia del Servicio Postal

La orden ejecutiva buscaba obligar al gobierno federal a confeccionar una lista única de votantes elegibles y ordenar al USPS que entregue papeletas por correo exclusivamente a las personas registradas en dicho Padrón.

La medida generó alertas entre funcionarios electorales por el potencial caos administrativo que provocaría, sumado a la abierta oposición del sindicato postal ante la pretensión de convertir a los carteros en supervisores del voto. La Casa Blanca impulsó este decreto luego de que la Ley SAVE America fuera aprobada en la Cámara de Representantes pero quedara estancada en el Senado.

La postura de la Casa Blanca y la escalada ante el Supremo

En respuesta al fallo, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, reafirmó que el gobierno continuará implementando legalmente su agenda de seguridad electoral, argumentando que se trata de un compromiso de campaña avalado por los votantes. Ante las reiteradas suspensiones dictadas por juzgados de primera instancia, el Departamento de Justicia solicitó la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos para desbloquear las órdenes ejecutivas, sosteniendo que las organizaciones demandantes carecen de legitimación procesal para frenar las regulaciones.