A veces, nuestras deterioradas células grises nos hacen recordar que la Argentina es el único de los 209 países miembros del Fondo Monetario que se auto define como anarco-libertario. También, que es una de las 198 naciones que posee Banco Central.

El problema de ser el diferente, el único anarco-libertario, es una cualidad que no siempre ayuda a reinsertar el país en un mundo donde prevalecen los mordiscones de las naciones anarco-proteccionistas que cierran con orgullo sus economías.

Pero la intención de esta columna no es discutir huevadas que tienen status de intocable dogma, ya que ustedes no saben con qué cara nos miran cuando uno pide los fundamentos de cada política. Por lo tanto, sólo nos toca discernir cuánto de ficción o de valor real existe en las medidas que primero adoptamos y después no sabemos cómo explicar.

El primero de esos hechos, son las acciones que demuestran que el atropellador neo proteccionismo de Estados Unidos hoy se caracteriza por el cierre de la economía, un disparatado déficit fiscal, el ya mencionado descalabro ilegal de la política arancelaria, el riesgo de terminación del Acuerdo de Libre Comercio suscripto con México y Canadá y otras notables verduritas.

Al mismo tiempo nos toca destacar que prácticamente ninguna de las acciones de liberación lanzadas por el presidente Donald Trump a partir de abril de 2025 salió adelante con éxito o está exenta de implosionar ante las sucesivas impugnaciones judiciales (ver la explicación del punto en los párrafos siguientes de esta misma columna y en columnas anteriores), lo que nos induce a preguntar cómo sigue la historia del acuerdo comercial asimétrico que hemos suscripto, el que exhibe algunas oportunidades y unas cuántas fechorías.

El segundo, está referido a los debates vinculados con la competitividad de la economía argentina, los que no se limitan a evaluar el desmantelamiento de sectores económicos y las respectivas fuentes de trabajo que salen de pantalla, sino el contexto que nos lleva a tomar con soda las distorsiones importadas de política económica.

Estoy aludiendo al problema que surge de olvidar que las piezas negras de este ajedrez no sólo juegan, sino que con frecuencia son las que establecen las reglas del juego.

Para simplificar voy a revertir el orden de los planteos, ya que hace muchos años que no me dedico a pontificar sobre ciertos problemas macro y mi agenda de vida me insertó por completo en el pantano que desconoce o malentiende casi por completo la profesión económica: los efectos inevitables de la política comercial que origina el proteccionismo importado.

Quienes leen los diarios, saben que Donald Trump y Xi Jinping no suelen reunirse para discutir la tasa de interés, sino para enderezar problemas subalternos como el equilibrio más o menos mercantilista del comercio exterior, los alcances y la propiedad de los negocios tecnológicos, el presente y futuro de las cadenas de valor y, como quien no quiere la cosa, si el dólar seguirá siendo la principal divisa de las transacciones globales.

Por supuesto, el mayor problema surge cuando las clases políticas se aburren y empiezan a revolearse aumentos irracionales e ilegales de los aranceles de importación o con cerrar el suministro de insumos de las tierras raras, componentes insustituibles de las manufacturas de productos apegados a las tecnologías de punta, los que poco a poco ocupan un papel protagónico en las nuevas canastas de consumo e inversión.

Los memoriosos deberían saber que Beijing se calla pero nunca perdonó la negativa occidental a reconocerle, a fines de 2016, el status de economía social (más apropiado es socialista) de mercado en la OMC, un status ultra polémico que incide en la forma de resolver las disputas sobre los problemas derivados del dumping, los subsidios y otros asuntos derivados de las transacciones económicas.

En uno de los tantos diálogos sostenidos en foros de streaming que caen en mi PC, volví a notar cero preguntas de la audiencia y un moderador que, como sucede casi siempre, era un amigo del palo, como si la confrontación intelectual fuera un pecado y el futuro de la civilización dependiera de volver a las clases magistrales, a tragarnos el derecho a réplica.

Ahí escuché, por enésima vez, la exaltación de las virtudes de los acuerdos comerciales con Estados Unidos (ver los párrafos posteriores de esta columna) y los dos suscriptos para regular “el libre comercio” entre el Mercosur y la Unión Europea.

Tuve la impresión de que el brillante expositor de ese diálogo no conocía el largo texto de estos acuerdos, sus efectos reales o las evaluaciones realizadas por la London School of Economics (informe detallado de unas 400 páginas y otros aportes) y los del staff técnico del Parlamento Europeo.

Ambos asesores dijeron en el Comité de Comercio Internacional de ese foro legislativo (que se identifica con la sigla inglesa INTA), que el Acuerdo birregional UE-Mercosur no calificaba como “game changer” (o sea que no existe ninguna posibilidad de conseguir una alteración sustancial de las tasas de crecimiento económico, del comercio y la inversión que vaya a ser impulsado por su existencia), porque sus disposiciones y magras concesiones sólo originarán una expansión del PBI del 0,3 por ciento para el Mercosur y del 0,1 por ciento para la Unión Europea.

Esto no fue una novedad, porque tanto la Comisionada de la UE que suscribió la primera versión del citado Acuerdo, la que ahora trabaja en el Instituto Petersen de Washington, como sus dos sucesores, dijeron con claridad que las concesiones otorgadas por la parte europea al Mercosur no fueron significativas. Por supuesto, si nuestros especialistas creen que los Acuerdos no están destinados a ampliar en serio la magnitud de nuestros mercados y la liberalización del intercambio, yo no tengo nada que agregar.

En cambio, vale la pena notar el énfasis que he visto aflorar últimamente en los especialistas del ramo, cuando hacen referencia a la necesidad de promover, de manera orgánica, un equilibrado crecimiento económico del país.

Sobre todo, se está hablando mucho más de la competitividad y me parece fantástico que vuelva a tomarse en cuenta el denominado “costo argentino”, aunque no estoy seguro de que estemos hablando de lo mismo o que conozcan a fondo el tema.

Por lo pronto, hay quien dice que el tipo de cambio real se fija a sí mismo por las fuerzas, y supongo que ello incluye las debilidades, en ambos casos del mercado.

Para establecer la validez del asunto, conviene hacer un GPS del proceso. ¿Conviene tomar en cuenta al menú de tipos de cambio que aparecen en las pizarras de bancos, casas de cambio y cuevas o a la “paridad efectiva”?. Quien suponga que para el caso todo es igual, lo voy a presentar como orador estrella en alguna asamblea de ruralistas que demandan en forma altisonante su evaporado cariño hacia las retenciones.

Pero así planteado, nos estamos mirando el ombligo e ignoramos a la competencia extranjera y su incidencia sobre los valores de un país que es tomador de precios.

Empiezo por preguntar si alguien vio que en el artículo 16 del Acuerdo UE-Mercosur, vinculado al tema subsidios, es una vergonzosa cláusula muerta: no dice nada útil. Haberlo aceptado es una insultante tomadura de pelo.

Al mismo tiempo me pregunto cómo se ponderan en los precios argentinos el tratamiento de la ayuda interna (en criollo los subsidios) a la producción, los aranceles enloquecidos de importación a lo Donald Trump y las medidas no arancelarias que frenan el comercio.

En esa categoría incluyo a todo el paquete que puede integrar el proteccionismo regulatorio compuesto, entre otros elementos, por las normas que albergan el riesgo de empiojar las disciplinas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos; los requisitos dibujados de calidad y las normas sobre la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; el uso de las reglas sobre defensa de la propiedad intelectual, los nuevos debates sobre los excesos de producción que, como los del acero y el aluminio, han convertido en tóxica la oferta de China y otros oferentes en el mercado mundial.

En adición a ello, tampoco podemos dejar de lado la epopeya de nuestros amigos de Washington y Bruselas, cuando vemos que, en ambas costas del Atlántico Norte, se habla de reindustrialización, autonomía estratégica, sustitución de importaciones, recaptura de la inversión que huyó a mercados más rentables y otros ítems de charla menuda.

Desde el 2013, es la Unión Europea la que invoca la necesidad de establecer criterios de “autonomía estratégica” (otra vez en criollo eso se llama sustitución manipulada de importaciones), seguridad alimentaria (la sanata sobre fallas de mercado), seguridad energética y otras festividades. Entre los productos que entran en esa categoría se halla la decisión política de producir en la UE, en forma totalmente antieconómica, la soja y los subproductos de la soja que hoy importa de Estados Unidos, Brasil y la Argentina.

En conclusión, si uno tiene en la croqueta los factores internos y externos antes mencionados (más los que falta nombrar), puedo aceptar que el tipo de cambio se establece por sí mismo y los números de pizarra los podrá estimar el más burdo de los robots elaborados por la industria que manufactura productos de inteligencia artificial. Del mismo modo acepto que la inflación es sólo un problema monetario, si alguien me dice cuánto más debo reducir la oferta de dinero para conseguir fertilizantes y energía a precios decentes y competitivos.

Y antes de que alguno salte con una sonrisita canchera en mente, u objetando el enfoque, me gustaría señalar que el cálculo de monetizar las medidas no arancelarias que constituyen proteccionismo de alta escuela, o proteccionismo disfrazado, permitió convertir en números esas restricciones en un proceso que, en el marco de la Ronda Uruguay del ex GATT, se llamó tarificación. Y esto no me lo contaron, fui una de las partes que negoció algunas facetas de tal proceso.

Además, como resultado de esa, la octava Ronda negociadora, los que luego se convirtieron en Miembros de la OMC aceptaron un recorte horizontal del 35 por ciento de las tarifas resultantes de la tarificación para las naciones desarrolladas y un tercio menos para los países en desarrollo. Félix Luna diría que, en ese momento, el Sistema Multilateral de Comercio era una fiesta.

Tampoco quiero olvidar que el jefe de la Casa Blanca ya avisó que se propone demandar ajustes anuales para el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte llamado USMCA ó T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. De ese modo, el hombre pasa el mensaje de que se propone socavar un mecanismo de integración que produce un comercio de 1.900.000 millones de dólares anuales, es decir el equivalente a tres PBIs como el que, según el Fondo Monetario, tendrá la Argentina en el corriente año. Me pregunto que inversor se dirigirá a esos territorios, si ve que las reglas de juego cambian todos los días a lo Trump.

La doctrina del Make America Great Again (la MAGA) de los Estados Unidos nos incita a creer que hay un vínculo cierto entre las medidas que concibe su gobierno y los resultados. Pero estudios recientes nos dicen que el deseo de la Casa Blanca de reindustrializar el país, anda con el paso torcido. Entre 2017, el comienzo del primer gobierno de Donald Trump y estos días, la participación de la industria manufacturera en el PBI no subió, sino cayó del 10,7 al 9,4 por ciento.

Mi tardía curiosidad en los resultados se origina en el hecho de que siempre fuimos muchos los que sabíamos que el presidente de Estados Unidos carecía de facultades para modificar o crear medidas fiscales y que su propuesta de aumentar aranceles urbi et orbi era susceptible de caer sola, por su propio peso, al ser declarada ilegal por todos los peldaños de la justicia de ese país (ver mis columnas anteriores).

Por tal motivo, en febrero de este año nadie se sorprendió al ver que, como se había previsto, la Corte Suprema estadounidense objetó la medida, razón por la que el gobierno republicano se vio obligado a rectificar su decisión y a reintegrar a los contribuyentes los fondos ilegalmente habidos en el marco de su política, acción que ya avanzó en alta medida.

Digo esto debido a que, como señalé anteriormente, tras ver fracasado el intento de aplicar los aranceles a la importación concebidos por la Oficina Oval por sucesivas razones de Emergencia Nacional y problemas de balanza de pagos, Trump y su gente no izaron bandera blanca y adoptaron la tercera de las medidas arancelarias flojas de papeles, esta vez bajo el argumento de un supuesto interés de evitar el uso de la mano de obra esclava (forced labor en inglés) a lo largo y ancho del planeta.

Y si bien ya hice algunas referencias al tema recordando que en Estados Unidos está constitucionalmente permitido aplicar el trabajo forzado en las cárceles, vale la pena sintetizar una columna del doctor Alan Wolff publicada hace pocos días en el boletín del Instituto Petersen de Washington. Como se sabe, Wolff fue director general alterno por su país en la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio.

El nuevo trabajo se titula (traducción mía) “Los nuevos aranceles de Trump sobre trabajo forzado difícilmente podrán sobrevivir si se objetan ante la Corte Suprema” (y está fechado del 23 de julio de este año).

Ahí se afirma que la nueva decisión de la Casa Blanca insiste en adoptar una decisión que sólo puede ser procesada y definida por el poder legislativo, alegando facultades inherentes a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Sostiene que además de ser un argumento falso, si hubiera infracción esta debería guardar proporción con el daño creado, cosa que no sucede con el rango y enfoque de la medida.

Asimismo, Wolff destaca que no existe norma alguna en los Estados Unidos que se oriente a sancionar a terceros en discordia, por no hacer nada para implementar las leyes internacionales contra el trabajo forzado o esclavo.

Por otra parte, Wolff también nos recuerda que su país no suscribió la Convención Internacional sobre Trabajo Esclavo aprobada en 1930 en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (la OIT). Y, por si no bastara, reitera que fue su gobierno el que ayudó a desmantelar el mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, al bloquear las actividades del Órgano de Apelación, una herramienta central para generar disciplinas sobre comercio y standards laborales, reglas que hoy no existen (agregado mío).

Como se ve el genial Tato Bores tenía razón: “vivir se puede, pero no dejan”.