En una decisión operativa de último momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) instruyó a sus agentes a posponer los arrestos y acciones coercitivas contra migrantes de nacionalidad haitiana cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) acaba de vencer.

La medida fue dada a conocer en exclusiva por la revista Newsweek tras consultar a fuentes oficiales y exfuncionarios de ICE con conocimiento de las operaciones internas de la agencia. Según el artículo, las autoridades federales dispusieron una pausa temporal en las detenciones en las calles mientras se analiza el impacto operativo del fin del beneficio.

¿Qué dicen las instrucciones internas de ICE y a quiénes aplica?

Fuentes de la agencia confirmaron que se ha aconsejado al personal de campo no realizar operativos de arresto contra ciudadanos haitianos por la sola expiración del TPS. No obstante, las directrices aclararon que la exención no es absoluta: aquellas personas que cuenten con órdenes de deportación definitivas previas aún podrán ser detenidas como parte de las operaciones rutinarias de control.

Una mujer se prepara para limpiar la acera en el barrio de Little Haiti, en Brooklyn, mientras la zona se prepara ante posibles acciones de control migratorio dirigidas a los beneficiarios haitianos del Estatus de Protección Temporal (TPS), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 28 de julio de 2026. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuál será la duración de esta orden ni si la medida se aplicará de forma homogénea en todo el territorio de Estados Unidos. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declinó realizar comentarios sobre las operaciones vigentes o futuras de la agencia.

El marco judicial: el fallo de la Corte Suprema y la decisión de la jueza Reyes

La directriz interna de ICE se produce inmediatamente después de que la jueza federal Ana C. Reyes, del Distrito de Columbia, revocara la orden de suspensión cautelar que mantenía con vida el TPS. La resolución se alineó con el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos (caso Mullin v. Doe), el cual determinó por una mayoría de 6 a 3 que los tribunales federales carecen de potestad para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo sobre la cancelación de este programa.

La jueza Ana C. Reyes, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, durante su audiencia de confirmación en 2022. Foto: Sarah Silbiger/Reuters

El levantamiento de la protección legal privó de manera inmediata de sus permisos de residencia y trabajo a unos 350.000 beneficiarios de origen haitiano. Aunque los abogados de los demandantes mantienen abiertas vías de litigio por presunta discriminación racial, la vía cautelar que frenaba las expulsiones quedó desactivada.

Presiones de control, citaciones obligatorias y el impacto en la economía

Pese a la instrucción interna de frenar arrestos masivos por el TPS vencido, el DHS ha reforzado las medidas de fiscalización. En estados como Ohio, la agencia ha comenzado a citar a migrantes a controles presenciales donde se les imponen tobilleras electrónicas con rastreo por GPS, llamando a la autodeportación.

Varias personas portaban banderas y pancartas haitianas durante una manifestación el jueves en San Diego, California. Foto: Gregory Bull/AP

El fin del amparo legal genera además un fuerte impacto en el mercado laboral estadounidense, donde se estima que 200.000 beneficiarios del TPS contaban con empleos formales en sectores como salud, transporte de carga y servicios aeroportuarios. Organizaciones como FWD.us recuerdan que la comunidad haitiana aportaba cerca de 5.900 millones de dólares anuales a la economía del país.

Efecto dominó: el impacto del fallo sobre Venezuela, Siria y otras comunidades amparadas

El criterio sentado por la Corte Suprema al limitar la revisión judicial de las decisiones del Ejecutivo establece un precedente que va más allá de la comunidad haitiana. En total, la nueva doctrina legal deja expuestas a aproximadamente 1,7 millones de personas originarias de 17 países amparados bajo el TPS, de los cuales la administración federal ya ha buscado revocar la protección para 13 de ellos.

Venezolanos en Doral, el pasado mes de mayo de 2025, protestando contra el fallo de la Corte Suprema que permitía a la administración Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que los protege de la deportación. Foto: Portal de Pedro / Miami Herald

El fin de las medidas cautelares abre la puerta a un efecto en cadena sobre diversas naciones que enfrentan procesos paralelos en los tribunales:

  • Siria: se anticipa que un tribunal federal en Nueva York emita próximamente una orden que autorice la finalización formal del TPS para unos 6.000 ciudadanos sirios, en cumplimiento directo del dictamen del máximo tribunal.
  • Venezuela: miles de venezolanos han comenzado a experimentar la revocación de sus estatus y los primeros procedimientos de deportación, quedando sin amparo legal frente a las autoridades migratorias.
  • Etiopía, Birmania y Sudán del Sur: sus respectivos programas se encuentran bajo disputa en juzgados federales, donde el Departamento de Justicia presiona para aplicar la misma doctrina de cancelación sin posibilidad de freno judicial.
  • Yemen: figura dentro del grupo de naciones cuyos nacionales quedan expuestos a deportaciones, a pesar de las constantes advertencias internacionales sobre la falta de condiciones mínimas de seguridad en sus países de origen.