En la Argentina de hoy discutimos inflación, ajuste, subsidios y privilegios. Pero detrás de esa espuma se juega algo más básico: ¿estamos viviendo en una democracia o en un régimen de aclamación? La pregunta no es solo si Javier Milei fue elegido en comicios libres —lo fue- , sino qué entiende él por democracia y cuánto se parece esa definición a la que necesitamos para sostener una república que no se reduzca al aplauso.

Una primera respuesta, muy extendida, dice: Milei es democrático porque ganó en elecciones competitivas y gobierna con apoyo popular. Es cierto que su llegada al poder fue plenamente electoral; nadie puede negarle ese origen. Pero reducir la democracia a votar cada cuatro años es aceptar una versión mínima, empobrecida, de lo que la propia Constitución argentina promete: no solo elecciones limpias, sino también derechos, controles recíprocos entre poderes, pluralismo y protección de las minorías.

El Presidente propone, en los hechos, otro modelo: una democracia electoral mayoritariaplebiscitaria. La voluntad de la mayoría en un momento dado –expresada en las urnas, en encuestas o en las redes sociales– se presenta como la fuente casi exclusiva de legitimidad. Si “la gente” votó por el ajuste, entonces cualquier límite a ese mandato (la Constitución, la Justicia, el Congreso, los sindicatos, la universidad pública, los feminismos) aparece como un obstáculo ilegítimo que habría que doblegar o “dinamitar”. En ese esquema, los frenos y contrapesos dejan de verse como garantías democráticas y pasan a ser una conspiración de la “casta

Pero esa apelación a “la gente” o “el pueblo” no es neutra. En el discurso de Milei y del entorno libertario, el pueblo aparece muchas veces como un sujeto homogéneo y normalizado: el argentino “de bien”, productivo, autosuficiente, típicamente varón, blanco o blanqueado, sin discapacidad visible, sin problemas económicos específicos más allá de los impuestos que lo asfixian, sin reclamar derechos “identitarios” ni políticas de reconocimiento.

Quedan por fuera de ese pueblo ideal las personas pobres que dependen de planes, las mujeres que reclaman autonomía sobre sus cuerpos, las disidencias sexuales, quienes exigen memoria, verdad y justicia, y también quienes viven con discapacidad o necesitan apoyos específicos.

Este modelo tiene consecuencias claras. Por un lado, debilita el componente liberal de la democracia: relativiza los derechos sociales, cuestiona los derechos adquiridos por mujeres y disidencias, demoniza la memoria de las violaciones de los derechos humanos, ataca la autonomía de universidades y organismos de control.

Por otro lado, estrecha el demos: solo algunos cuentan plenamente como pueblo; los demás pasan a ser “ parásitos”, “adoctrinados”, “privilegiados” o “minorías ruidosas” cuyas demandas pueden ser ignoradas en nombre de la mayoría silenciosa.

En este contexto, las redes sociales constituyen una herramienta ideal para convertir la democracia en una aclamación permanente. No son el problema en sí mismas, pero facilitan una forma de hacer política en la que la ciudadanía es invitada a reaccionar –con un like, un retuit, un emoji de bronca– más que a deliberar. Los estudios sobre populismo digital muestran que los líderes populistas en el poder usan mucho más contenido divisivo y plebiscitario que otros mandatarios, y que eso dispara la interacción: más likes, más comentarios, más polarización, pero no necesariamente más calidad democrática. La métrica (cuántos me apoyan, cuántos “bancan” esta medida) tiende a sustituir a la argumentación pública.

Así, las redes componen una plaza virtual que no se parece a una asamblea ciudadana, sino a un tablero de aclamación gigante. Cada post presidencial se vive como un miniplebiscito moral: estar a favor o en contra, ser “gente de bien” o “casta”, “liberal” o “zurdo”. No hay lugar para la ambivalencia ni para el matiz. El riesgo es evidente: cuanto más se naturaliza esa lógica binaria y emocional, más fácil resulta justificar que quien concentra las mayorías del momento –o las mayorías del timeline– pueda ignorar las reglas, los controles y los derechos de quienes quedan del otro lado.

La cuestión, entonces, no es solo Milei. Es el tipo de democracia que estamos dispuestos a aceptar. Una opción es resignarnos a esta república mínima, donde la ciudadanía se reduce al voto cada algunos años y al aplauso o al abucheo digital entre elección y elección, mientras las grandes decisiones se toman desde arriba, apelando a un pueblo imaginario que solo existe en las pantallas.

Otra, más exigente, es sostener que una democracia digna de ese nombre requiere algo más: instituciones fuertes, controles efectivos, reglas que no se doblen ante cada trending topic y un pueblo entendido como una comunidad plural, en la que también cuentan quienes no se parecen al ideal de “gente de bien”.

En el fondo, la disyuntiva es sencilla de formular y difícil de responder: ¿queremos vivir en una democracia que tolere el desacuerdo, proteja a las minorías y someta al poder a la ley, o en un régimen en el que la política se reduzca a una sucesión de aclamaciones al líder de turno? Milei ya eligió su modelo. Lo que está en juego ahora es si la sociedad argentina va a discutirlo a fondo o si va a dejar que la idea de democracia se achique hasta caber en la caja de comentarios de una red social.