En previsión por la finalización de su suplencia en noviembre, la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia tomó una decisión que busca impedir que la investigación sobre la mansión atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, vuelva a quedar paralizada por los cambios de magistrados. Delegó la causa en el fiscal Claudio Navas Rial, el mismo que impulsó y obtuvo el procesamiento de Toviggino y del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por la retención ilegal de impuestos y aportes jubilatorios.

La medida no es un trámite más. Straccia dejará el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 el próximo 20 de noviembre y todavía no está definido quién la reemplazará. Al poner la investigación en manos de Navas Rial, garantizó que el expediente continúe bajo la conducción del mismo fiscal aunque cambie el juez, evitando que una nueva discusión sobre la estrategia de la causa vuelva a demorar una investigación que ya sufrió cuatro cambios de magistrado en apenas ocho meses.

El movimiento cobra aún mayor relevancia porque los presuntos testaferros de Toviggino, Luciano Pantano y su madre, volvieron a cuestionar la competencia del fuero. La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 12 de agosto una audiencia para revisar nuevamente ese planteo, reabriendo una disputa procesal que ya provocó sucesivas demoras en el expediente sobre la mansión valuada en 17 millones de dólares.

Navas Rial no llega a la causa como un desconocido. Es el fiscal que más avanzó sobre la conducción de la AFA en los últimos meses. En el expediente por la retención indebida de impuestos y aportes previsionales impulsó el procesamiento de Tapia y Toviggino; en la investigación iniciada por ARCA pidió profundizar la pesquisa sobre presuntas facturas apócrifas por más de 916 millones de pesos; y también conduce medidas de prueba en la causa por supuesto lavado de dinero, donde antes de la feria judicial obtuvo allanamientos y el dictado del secreto de sumario.

Además, Straccia resolvió que la causa debe seguir avanzando pese a que los presuntos testaferros de Toviggino, Luciano Pantano y su madre, apelaron la competencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. En una decisión polémica, ese tribunal fijó para el 12 de agosto una audiencia para volver a discutir la competencia, un debate que durante ocho meses hizo que el expediente por la mansión valuada en 17 millones de dólares pasara por cuatro jueces distintos.

Straccia dejará el juzgado el 20 de noviembre y será reemplazada por otro suplente o por un juez titular si el presidente Javier Milei elige a uno de los candidatos de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura y el Senado presta su acuerdo. La integran los secretarios letrados Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino.

A ese escenario se suma otro cambio de fondo. En febrero comenzaría a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal, que implementa el sistema acusatorio y transfiere la conducción de las investigaciones desde los jueces hacia los fiscales. En la práctica, el protagonismo de Navas Rial sería todavía mayor.

En la causa por la retención indebida de impuestos y aportes, a cargo del juez Diego Amarante —el único magistrado que hasta ahora procesó a Tapia y Toviggino—, Navas Rial sostuvo una postura especialmente dura:

- Se opuso a que el expediente se cerrara mediante una "reparación integral" ofrecida por Tapia y Toviggino.

- Dictaminó que la acción penal debía continuar porque la deuda tributaria ya estaba consumada y su cancelación posterior no extinguía automáticamente el delito.

- También rechazó el pedido de sobreseimiento al sostener que la AFA tenía capacidad económica para ingresar los aportes retenidos.

En otra denuncia presentada por ARCA por presunta utilización de facturación apócrifa, el fiscal pidió abrir una nueva línea de investigación sobre comprobantes presuntamente falsos por más de 916 millones de pesos.

Según su dictamen, solicitó investigar a los 24 proveedores sospechados de emitir facturas truchas y consideró que los elementos reunidos podrían justificar no sólo una investigación por evasión agravada, sino también por una posible asociación ilícita fiscal, delito que prevé penas de prisión más severas.

Antes de la feria judicial también impulsó nuevas medidas de prueba en la causa por presunto lavado de dinero, pidió el secreto de sumario para preservar esas diligencias y obtuvo allanamientos, entre ellos en un estudio contable.

Antecedentes

La disputa entre jueces por las causas que investigan al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su poderoso tesorero, Pablo Toviggino, tiene ya varios capítulos.

Después de enviar el expediente por la mansión atribuida a Tapia a la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, el juez federal de Zárate-Campana, Gabriel González Charvay, volvió a la carga: se declaró competente en otra investigación por presunto lavado de dinero abierta por el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón.

La decisión contrasta con lo resuelto tanto por la Cámara Federal de Casación Penal como por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que habían establecido que esa investigación debía tramitar en el fuero Penal Económico, donde interviene la jueza Straccia.

El planteo coincide con la estrategia judicial de Tapia y Toviggino de intentar concentrar las investigaciones en el juzgado de Zárate-Campana, al que consideran más favorable que los tribunales del fuero Penal Económico.

Los presuntos testaferros de Toviggino, Luciano Pantano y su madre jubilada, ya habían conseguido mediante distintos planteos de incompetencia apartar de una investigación al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien avanzaba rápidamente sobre el patrimonio de los dirigentes de fútbol.

De esta manera, sobre una misma trama judicial se cruzan pedidos de inhibición y de acumulación entre distintos magistrados.

La investigación sobre la mansión atribuida a Toviggino se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Desde entonces, entre los sucesivos conflictos de competencia y la decisión de González Charvay de ordenar nuevas medidas de prueba antes de resolver cuestiones de fondo, el expediente lleva más de seis meses sin avances sustanciales.

Esa demora permitió que Tapia y Toviggino llegaran al Mundial sin procesamientos en esa causa.

También llama la atención que González Charvay haya reiterado los mismos argumentos que utilizó cuando intentó quedarse con la causa por la mansión de Pilar. En ambos casos sostuvo que la competencia correspondía a su juzgado porque la AFA tiene actualmente domicilio en esa jurisdicción, pese a que distintas denuncias sostienen que ese cambio fue una maniobra fraudulenta y que debía considerarse el domicilio histórico de la entidad, ubicado en Viamonte 1366.

Además, las maniobras que ahora pretende investigar González Charvay se habrían cometido cuando la AFA todavía tenía domicilio legal en la calle Viamonte.

En su resolución, González Charvay también hace referencia a una presunta maniobra de emisión de facturas apócrifas destinadas por 375 millones de pesos a "justificar el envío de fondos desde la institución, sin llevarse a cabo la prestación de los servicios declarados".

Según el magistrado, en esas operaciones habrían intervenido las empresas Malte S.R.L., Dct S.R.L., Bori S.R.L., Ht S.R.L., Soma S.R.L., Norte Argentino S.R.L., Lindor S.R.L., Barwa S.R.L., Maroma S.A., Segon Srl, Carbello Srl, Servicios Neurus S.A., Servicios Lindor S.A., Vandap S.A.S., Wicca S.A.S. y Real Central Srl, anteriormente denominada Central Park Drinks Srl.

Con ese argumento sostuvo que, al verificarse la existencia de otra causa en la que se investigan los mismos hechos, corresponde aplicar la prohibición de doble persecución penal y solicitar que el otro juzgado se inhiba y remita las actuaciones para acumularlas en Zárate-Campana.

Antes de remitir la causa por la mansión a la jueza Straccia, González Charvay había ordenado a los peritos contadores de la Corte Suprema realizar una pericia integral para identificar a todas las personas físicas y jurídicas que intervinieron en las operaciones investigadas.

La hipótesis judicial sostiene que las empresas vinculadas a Toviggino no habrían generado ingresos lícitos suficientes para justificar la adquisición de ese patrimonio y que los fondos utilizados podrían haber sido desviados de la AFA.

La intención del magistrado era reunir evidencia sobre el delito precedente al lavado de dinero —una presunta administración infiel de la AFA— para luego avanzar sobre el supuesto blanqueo de esos fondos.