Federico Sturzenegger salió, otra vez, con los tapones de punta y generó una ola de críticas. El ministro, en su afán por desregular todo lo que ve o toca, se enfrentó con un par de sectores dispuestos a no quedarse con los brazos cruzados: entre ellos, la industria de la carne y la marítima. El tema no es menor, las sectores en cuestión cuentan con apoyos de integrantes del propio Gobierno, aunque todo se maneje en secreto.

Antes de estas dos peleas el ministro se enfrentó, en un combate de preparación, con las librerías de barrio también por un proyecto que, entre otras cosas, establece un precio uniforme de venta al público para los libros en la totalidad del territorio nacional. Los referentes del sector dicen que ese proyecto sólo beneficia a las grandes cadenas y que pone en riesgo la continuidad de una gran cantidad de librerías.

Además de la pelea con los libreros, Sturzenegger decidió subirse al ring nuevamente para otras veladas estelares. De hecho, el debate por la desregulación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se centra en el posible cambio del esquema de financiamiento del organismo. El instituto fue creado por Ley como un ente de derecho público no estatal, con el objetivo de promover el consumo interno de carne vacuna, fomentar las exportaciones y fortalecer la competitividad de la cadena ganadera e industrial.

La propuesta de Sturzenegger apunta a que los aportes que hoy realizan productores y frigoríficos dejen de ser obligatorios y pasen a ser voluntarios. Para el ministro, el cambio permitiría reducir cargas compulsivas sobre la actividad privada y dar mayor libertad a cada actor de la cadena para decidir si financia o no las acciones del instituto.

Los sectores que rechazan la iniciativa advierten que convertir el aporte en voluntario podría desfinanciar al IPCVA y poner en riesgo sus tareas de promoción, estudios técnicos, participación en ferias internacionales, generación de información sectorial y acompañamiento en estrategias de apertura de mercados. También sostienen que el organismo no se financia con recursos del Tesoro Nacional, sino con fondos aportados por la propia cadena cárnica. Y dicen: "¿Si es un cuestión entre privados, por qué tiene que intervenir el Estado?

A la pelea con las librerías y con la industria de la carne, Sturzenegger le sumó otro frente abierto: la industria naviera.

El proyecto del ministro tiene como foco la desregulación del transporte marítimo y fluvial en Argentina, con eje en la apertura del cabotaje —transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos— a buques de bandera extranjera. La idea es permitir que barcos extranjeros operen en rutas internas; también flexibilizaría la contratación de tripulaciones argentinas y eliminaría aranceles para importar buques nuevos o usados de hasta 20 años.

Desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) coinciden en la necesidad de avanzar con una agenda de modernización del transporte por agua orientada a reducir costos logísticos, pero planteando que quienes compitan en el mercado argentino lo hagan con las mismas obligaciones laborales, fiscales y regulatorias. Agregan: resulta incompatible con los principios básicos de igualdad y seguridad jurídica que una actividad desarrollada íntegramente en territorio argentino pueda quedar exenta de la aplicación de las leyes laborales, fiscales y previsionales argentinas únicamente por la bandera del buque.

Por otro lado las empresas navieras consultadas advierten que la apertura a buques extranjeros podría alterar el equilibrio competitivo, afectar el empleo de la marina mercante, reducir la recaudación y golpear a la industria naval nacional, en un debate que combina costos logísticos, soberanía operativa y el futuro del transporte por agua en la Argentina. Hay más: los gremios marítimos, los centros profesionales y gran parte de la industria naval sostienen que la que reforma implica una “desregulación asimétrica”, porque los buques extranjeros compiten con costos laborales mucho menores. Además, argumentan que la marina mercante argentina podría desaparecer y se podrían perder miles de puestos de trabajo estacionales.

Entre quienes impulsaron acciones judiciales contra estas reformas se encuentran organizaciones como el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante y distintos sindicatos marítimos.

Al mismo tiempo, en las navieras denuncian que se le abrirá una puerta gigante a China para que opere en la Argentina con buques que no necesariamente cumplan con todas las especificaciones que la industria por protocolo requiere. Si bien desde el Ministerio de Desregulación no hablaron específicamente del tema, es un dato que a Estados Unidos no suele pasarle por alto. Es decir, las operaciones de China en la Argentina siempre hay que enmarcarlas dentro de un cuadro geopolítico dónde el gobierno de Donald Trump sostiene que el país asiático no cumple con la transparencia necesaria, o al menos, la que Estados Unidos requiere. China, por su parte, siempre rechazó las acusaciones de Estados Unidos y dice que su política exterior y de comercio se basa en el respeto mutuo con los países involucrados en cualquier negociación.