El Ministerio de Economía formalizó a última hora del miércoles la adhesión del proyecto minero Vicuña, bajo la asociación entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En menos de 24 horas el Estado nacional destrabó primero el acceso a la infraestructura eléctrica crítica del proyecto, que implica un cuello de botella para el avance del gran proyecto de cobre en la Cordillera sanjuanina y, a continuación, formalizó el régimen de incentivos fiscales y cambiarios que blinda la inversión.

Primero, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó el martes la Resolución 330/2026 que otorga la prioridad de uso sobre el 90% de la ampliación de línea de alta tensión en San Juan, resistida por la provincia y otros proyectos mineros, y luego llega la Resolución 1154/2026, publicada este en el Boletín Oficial y firmada por Luis Caputo, que confirma el RIGI para el plan de inversión presentado por la sociedad que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.

La resolución encuadra a Vicuña como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) del sector minero. La compañía declaró ante el Comité Evaluador de Proyectos RIGI una inversión de US$ 9.737.

Ese monto se ejecutará en dos etapas: la primera finaliza el 31 de diciembre de 2026, con US$ 1.128 millones, y la segunda, inicia en enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2031, con US$ 7.895. La fecha de adhesión al régimen quedó fijada retroactivamente al 3 de junio de 2026, día en que el Comité Evaluador recomendó aprobar la solicitud.

Según información difundida por Vicuña, el proyecto integrado, que combina el desarrollo por etapas de Josemaría y Filo del Sol, contempla una tercera etapa que no se incluyó en el RIGI hasta alcanzar un desembolso total de aproximadamente US$ 18.000 millones, lo que la convertirá en la inversión extranjera directa más grande de la historia en el país.

La evaluación económica preliminar (PEA, según siglas en inglés) proyecta una producción promedio, durante los primeros 25 años de operación, de 395.000 toneladas anuales de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, con una vida útil que superaría los 70 años.

Hacia adelante, otro de los frentes que se empezó a activar es el del tratado binacional minero con Chile. Es una pieza clave para Vicuña: parte del yacimiento, y parte del proceso productivo del proyecto integrado, se desarrolla del lado chileno, por lo que ese marco bilateral tiene que avanzar para que la construcción del proyecto pueda confirmarse e iniciarse.

La confirmación del RIGI para Vicuña generó una expectativa enorme entre los proveedores mineros, tanto los locales de San Juan como los de alcance nacional.

La provincia ya venía anticipando este escenario: a fines de junio logró en la legislatura provincial la sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero, que fija pisos de participación para proveedores sanjuaninos por encima del 20% que exige el RIGI a nivel nacional, y reemplaza una norma anterior que, según admiten en la propia provincia, nunca se aplicó.

La nueva ley fija como metas que el 80% de los trabajadores sean residentes sanjuaninos y que el 60% de las compras anuales se destinen a proveedores locales.

De acuerdo con la información de Vicuña, el proyecto emplea actualmente a 2.743 trabajadores a nivel global, 2.580 de ellos en la operación argentina (91,9% son argentinos y más del 81%, sanjuaninos). La cadena de proveedores asciende a 245 empresas, el 61,2% de ellas radicadas en San Juan.