Luego que el Gobierno endureciera las reglas migratorias y habilitara la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio contra argentinos, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, desde la oposición y diversos constitucionalistas salieron al cruce del Ejecutivo nacional afirmando que si países como Brasil o España aplicaran una normativa similar el presidente Javier Milei "no podría entrar" por sus reiterados agravios contra mandatarios extranjeros.

"Lo que es muy cuestionable es el instrumento. Es decir que el Presidente para poder meter mano en esta materia necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan enviar un proyecto de ley al Congreso y esperar la sanción de la ley. El Presidente no quiere esperar todo eso y entonces ejerce la facultad legislativa. Eso es inconstitucional por ausencia de circunstancias excepcionales", argumentó abogado constitucionalista Félix Lonigro en diálogo con Clarín.

En este marco, la diputada nacional y ex Directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano consideró que "si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios". Y enumeró: "Se me ocurren por lo menos 8: Brasil, Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China, Venezuela".

"Lo irónico del DNU que acaba de sacar este gobierno es que sea justo un gobierno que hace de los mensajes del odio una política de estado", sentenció a través de un posteo en su perfil de la red social X.

Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó el DNU del Gobierno que modifica la Ley de Migraciones al considerar que la reforma implica un "avasallamiento" al Congreso de la Nación "sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución".

"Esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro. Lo paradojal es que con esta normativa Javier Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su 'discurso de odio'", sentenció en redes.

En el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo, Javier Milei llamó "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo, generando un conflicto diplomático entre ambos países.

Según un comunicado oficial que difundió la Oficina del Presidente en su cuenta de X, la resolución responde a "las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos". En esa línea, el Ejecutivo advirtió: "El Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026

En diálogo con Clarín, el constitucionalista Félix Lonigro explicó: "Este decreto que firmó el Presidente de la Nación es un Decreto de Necesidad y Urgencia ¿Qué significa eso? Que el Presidente está tomando una decisión que no le pertenece a él sino al Congreso de la Nación, pero que lo hace porque justamente considera que existe necesidad y urgencia".

Al analizar el DNU del Gobierno que modifica la Ley de Migraciones, Lonigro planteó que la medida puede ser evaluada desde dos aspectos: el contenido de la reforma y el instrumento utilizado por el presidente Javier Milei para implementarla.

Respecto al fondo de la norma, explicó que se incorpora una nueva causal para revocar la residencia de un extranjero y disponer su expulsión, vinculada a "manifestaciones de odio hacia el pueblo argentino o hacia un argentino por su condición de tal" o al "ultraje a los símbolos patrios".

"Esa sería la causa para que se le pueda quitar la residencia y expulsar a un extranjero. Ahora, ¿está bien o está mal? A mí me parece que el contenido es lógico, es adecuado. No está mal que se revoque la residencia a un extranjero que nos agrede. Después habrá que ver algunas líneas finas como dónde está el agravio, el descrédito o no, pero como contenido genérico me parece que está bien", argumentó a este diario.

Sin embargo, el abogado cuestionó el mecanismo para aplicar esa sanción y señaló que la decisión queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. "Debería ser un juez quien evalúe si se produjo esa ofensa antiargentina o no", planteó Lonigro, aunque remarcó que esa atribución ya estaba contemplada en el decreto 355 del año pasado y no fue incorporada por la nueva medida.

Por su parte, la exministra de Seguridad Sabina Frederic destacó que el DNU "se encuadra en una política que se ha venido construyendo por parte del gobierno libertario", al recordar que en mayo de 2025 el Gobierno ya realizó modificaciones en la Ley de Migraciones para endurecer los controles de ingreso, exigir seguro médico y limitar el acceso gratuito a la salud y educación superior a los no residentes permanentes.

"En la gestión cotidiana de las residencias permanentes y temporarias todo se ha complicado y eso provocó toda la serie de operativos que viene llevando adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, que hoy tiene la Dirección Nacional de Migraciones como dependencia", subrayó a Clarín.

Respecto al reciente DNU, la exministra planteó: "Hay que tener en cuenta la dificultad de aplicarlo e inclusive la arbitrariedad enorme que abre. Si bien establece que no se puede encuadrar dentro de estos mensajes de odio expresiones de disenso ideológico, de crítica política, académica o ciudadana, me pregunto cómo y quién va a hacer el análisis y la distinción entre un tipo de discurso y otro".

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