Después de poner en paños fríos la propuesta de Miguel Ángel Pichetto, Cristina Kirchner optó por copiar otro de los pasos de Lula da Silva para intentar anular su condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, sobre todo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Apuestan a lograr una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para tratar, luego de, de voltear la sentencia en Argentina.

En 2016, tras un encuentro en San Pablo con Lula, la ex presidenta argentina copió tres medidas de su ex colega de Brasil: creó el Instituto Patria a imagen y semejanza del Instituto Lula. Ambos giran, desde el punto de vista ideológico, alrededor del Foro de San Pablo. Escribió el libro “Sinceramente” a imagen y semejanza del libro de Lula “El caso Lula”. Y también tomó la teoría del lawfare.

Ningún país incorporó a sus leyes el concepto de lawfare, es decir, un supuesto complot de Estados Unidos, jueces y periodistas contra los líderes populares de América Latina, pero la consigna penetró entre sus seguidores.

Abogado de Lula, Rafael Valim, se suma al equipo de Cristina.

Desde el punto de vista político, ahora este nuevo equipo de abogados citarían los partidos de fútbol que el fiscal Diego Luciani jugaba en una cancha de fútbol de Mauricio Macri como una muestra de supuesta pérdida de independencia judicial. Y que el estado argentino "violó" los derechos humanos de la ex presidenta.

Y desde el punto de vista jurídico, irán contra la condena, pero especialmente contra la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que estipula el Código Penal como accesoria de la condena por administración fraudulenta contra el Estado. Paradójicamente, esa accesoria fue incluida durante un gobierno kirchnerista.

El abogado español Javier Borrego, también se suma al equipo de Kirchner.

La semana pasada, Cristina contrató al abogado brasileño Rafael Valim –otro de los letrados vinculados a Lula– para presentar un caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es distinto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Esta decisión supone enfriar la propuesta de Pichetto de pedir, con un eventual pronunciamiento del Congreso, que la Corte revise su confirmación de la condena. También, la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que Cristina había acudido por su procesamiento en la causa por el Pacto con Irán, con el apoyo de su ex directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, que ahora asesora a Axel Kicillof en la interna K.

Todo mientras Máximo Kirchner amenaza a Kicillof con lanzar la candidatura presidencial de su madre el año que viene si el gobernador bonaerense no negocia las listas de candidatos.

Esa estrategia será anunciada este miércoles, en conferencia de prensa, por los abogados Alberto Beraldi y Rafael Valim, a los que se sumará el abogado español Javier Borrego, también especialista en litigios internacionales de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos está compuesto por 18 expertos independientes y no dicta órdenes a los Estados miembros, sino opiniones o recomendaciones. Tiene sede en Ginebra, Suiza.

"El caso de Lula y Cristina son distintos"

Valim fue parte del equipo de Lula que consiguió un caso favorable en ese comité de la ONU, en una pulseada contra el Estado brasileño que se prolongó durante 4 años. Pero “son casos distintos”, comentó el abogado y consultor internacional en Derechos Humanos, Brian Schapira, consultado por Clarín. En el caso de Lula, “la Corte de Brasil ya había anulado todo y en el de Cristina, confirmado todo” recordó Schapira.

Tras ser excarcelado, Lula volvió a la presidencia de Brasil, camino con el que sueña la ex presidenta.

En este proceso ante la ONU, que puede llegar a durar más de 4 años, según otro experto consultado por Clarín y deberá escucharse, también, la defensa del gobierno de Javier Milei.

La defensa del Estado argentino estará a cargo del nuevo subsecretario de Derechos Humanos de Milei, Leonardo Fabián Szuchet.

Cristina Kirchner y su abogado, Carlos Beraldi, durante el juicio por los Cuadernos de las Coimas.

Además, según las reglas del derecho internacional, si Cristina optó por la ONU no podría repetir el mismo reclamo en la CIDH, cuyos procesos llegan a durar, en promedio, unos 10 años, es decir, son más largos. Y la Corte Interamericana, paso posterior a la CIDH, sí emite sentencias para los estados.

Otro problema es que el sistema interamericano brinda un plazo de 6 meses para reclamar por una condena y la ONU, uno parecido. Y la Corte argentina dejó firme el fallo el 10 de junio de 2025. “Se les habrán olvidado los plazos a los abogados de Cristina”, se preguntó otro especialista que pidió el anonimato.

"Es muy difícil que prospere la denuncia de Cristina"

Al margen del problema de los plazos, Santiago Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, opinó el mes pasado a Clarín que es muy difícil que prospere un reclamo de este tipo ante la ONU.

Obviamente, los abogados de Cristina “pueden acudir y pueden presentar la denuncia y manifestar públicamente que presentaron una denuncia y decir que la denuncia fue aceptada” para ser analizada y lograr una repercusión pública, explicó Canton.

Pero, en el fondo, “es muy difícil que estos organismos, tanto la Comisión como el Comité, se pronuncien sobre este tema, teniendo en cuenta todo el largo debido proceso que hubo en la causa Vialidad". El proceso judicial comenzó en el 2008 por una denuncia de Elisa Carrió, pasó por todas las instancias judiciales y Cristina apeló decenas de veces hasta su condena en el 2022.

"La parte va a tener que argumentar que no hubo debido proceso, y eso eventualmente se va a tener que discutir”, agregó. “La verdad, eso lo veo sumamente difícil: que, definitivamente, la Comisión Interamericana intervenga o que el Comité de Derechos Civiles y Políticos intervenga”, finalizó Canton.

Además, las recomendaciones de la CIDH y de la Corte Interamericana los Estados deben cumplirlas. En cambio, “la opinión de estos comités de la ONU son antecedentes fuertes, pero no obligatorios”, resaltó el experto que pidió no ser identificado.

Y la Corte argentina sacó un voto duro y unánime para confirmar la condena de la ex presidenta en el caso Vialidad como para sentirse influida por la opinión de expertos de la ONU.