La gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Jennifer Davenport anunciaron una ofensiva coordinada contra los llamados cargos basura en Nueva Jersey.

La medida combina una orden ejecutiva para que las agencias estatales revisen las industrias que regulan y una declaración de cumplimiento legal de la División de Asuntos del Consumidor, con el objetivo de reducir o eliminar tarifas ocultas, innecesarias o inesperadas que elevan el costo final de bienes y servicios.

Qué ordenó Sherrill a las agencias estatales

La gobernadora firmó la Orden Ejecutiva 19, que instruye a los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo a analizar los cargos basura dentro de sus áreas de regulación. Cada organismo deberá identificar tarifas frecuentes, evaluar su impacto sobre los consumidores y presentar recomendaciones para reducirlas o eliminarlas.

Fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport.

El plazo fijado por la orden es el 14 de septiembre. Para esa fecha, las agencias deberán informar si corresponde proponer nuevas reglas, medidas legislativas, estándares de precio “todo incluido” o mecanismos de divulgación más transparente. La idea es que el consumidor vea el costo real antes de comprar, contratar o reservar.

Sherrill sostuvo que los residentes de Nueva Jersey merecen precios claros y no costos cargados con tarifas escondidas. Según su planteo, estos recargos alimentan la crisis de asequibilidad, afectan la confianza en los precios anunciados y dificultan que las familias tomen decisiones informadas.

La iniciativa alcanza distintos sectores. El comunicado oficial menciona ejemplos como alquileres, servicios financieros, entregas de comida y hospedajes de corto plazo.

Qué puede hacer la fiscalía contra los cargos basura

La fiscal general Davenport y la División de Asuntos del Consumidor publicaron una declaración de cumplimiento para explicar cuándo los cargos basura pueden violar la ley de Nueva Jersey. El documento apunta a prácticas como precios señuelo, tarifas obligatorias excluidas del precio anunciado, costos escondidos en letra chica o diseños digitales pensados para dificultar que el cliente los detecte.

También se advierte contra empresas que tergiversen el propósito de una tarifa, presenten como opcional un cargo obligatorio o usen lenguaje vago para sumar costos excesivos que no aportan valor real al consumidor. Para la administración estatal, esas prácticas pueden encuadrar en la Consumer Fraud Act, una de las leyes de protección al consumidor más fuertes del país.

Davenport afirmó que las empresas quedan notificadas de que el estado no dudará en actuar si detecta cargos ocultos o sin valor. Además, pidió a los consumidores que reporten sus experiencias ante la División de Asuntos del Consumidor mediante los materiales educativos “Fight the Fees”.

En definitiva, Nueva Jersey busca pasar de la queja individual a una revisión estatal amplia. La iniciativa no elimina automáticamente todos los cargos, pero abre un proceso formal para identificar abusos, exigir precios más claros y preparar sanciones cuando una tarifa oculte el costo real de un producto o servicio.