¿De quién son las evaluaciones educativas? Si por ley las organiza la Secretaría de Educación y las implementa el Consejo Federal de Educación con recursos públicos (pagados por todos los ciudadanos), ¿es legítimo que se las apropie un gobierno para usarlas políticamente?

El debate cobra actualidad por la forma en que el Gobierno nacional presentó los resultados de la prueba Aprender 2025, tomada el año pasado a todos los alumnos de sexto grado del país.

El martes pasado, el Ministerio de Capital Humano armó un dispositivo de propaganda oficial centrado en dos mensajes: que “la escuela primaria alcanzó los mejores resultados en Lengua de la última década” y que esa mejora era consecuencia del Plan Nacional de Alfabetización implementado en 2024.

Según las pruebas Aprender 2025, los estudiantes de sexto grado de la escuela primaria alcanzaron los mejores resultados en Lengua de la última década.

Las pruebas Aprender son una evaluación nacional estandarizada que se implementa en el país desde hace más de 10 años. A través… pic.twitter.com/A3NxADKLOJ

— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 30, 2026

El dispositivo arrancó con una mención del tema por parte del vocero Adrián Ravier, seguido por un video de la ministra Sandra Pettovello, un breve comunicado oficial con algunos datos sueltos, una participación del secretario Carlos Torrendell en un programa específico de tevé, y una campaña en las redes sociales que giró en torno a estos dos ejes.

Los resultados de las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto generan mejoras reales.

En 2025, más de 750 mil estudiantes de sexto grado,… pic.twitter.com/jgv6wnqIIz

— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) June 30, 2026

Los medios de comunicación debieron informar solo con datos parciales. El informe completo recién fue publicado en la Web el viernes a la noche, durante el partido de la Selección contra Cabo Verde.

La lectura completa del informe técnico permitió matizar los dos ejes centrales de la comunicación oficial. Por un lado, la evolución en Lengua muestra una tendencia de mejora que arranca en 2013 y no solo en los últimos dos años.

Por otro, el mismo informe aclara que “no se puede atribuir causalidad” entre los desempeños obtenidos y el Plan Nacional de Alfabetización.


Instalar el título

Volviendo a la pregunta inicial, ¿de quién son las evaluaciones? ¿A quién pertenecen los datos?

Si pertenecen a la sociedad -como corresponde en un Estado democrático- debería existir una fecha de publicación del informe completo, de modo que docentes, directivos, expertos, funcionarios provinciales y familias puedan acceder al mismo tiempo a toda la información y elaborar sus propias conclusiones.

Además, si se valora la libertad de prensa y el derecho de la opinión pública a estar informada en forma transparente, habría que convocar a los medios y poner a disposición todos los datos desde el primer momento.

Un estudiante completa la prueba Aprender. Foto: Archivo.

En términos generales, así ocurrió desde que comenzaron a hacerse estas pruebas. Salvo durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, cuando la difusión de los resultados llegó a demorarse más de dos años, y también recibió fuertes críticas porque debilitaba el debate público.

Está claro que la intención del ala política del gobierno actual fue instalar “un título positivo” de la noticia, una única interpretación antes de cualquier matiz.

Puede ser una estrategia eficaz, pero discutible. Las evaluaciones son para entender qué aprenden los alumnos, dónde están sus dificultades y qué políticas públicas implementar. No son del gobierno, pertenecen a toda la sociedad.