Durante siglos, la soberanía de los Estados se definió por la capacidad de defender sus fronteras. Quien controlaba el territorio ejercía el poder. Pero el siglo XXI modificó esa lógica.

Hoy las guerras convencionales conviven con una competencia silenciosa en la que el poder también se disputa mediante inversiones, infraestructura crítica, recursos naturales, tecnología, inteligencia artificial, energía, datos y cadenas globales de suministro. Las fronteras siguen delimitando el territorio de un país; son sus activos estratégicos los que determinan el alcance real de su soberanía.

La geopolítica ya no responde únicamente a la pregunta de quién posee un territorio. La cuestión decisiva es quién controla las capacidades que funcionan dentro de él y condicionan la libertad de acción del Estado. Esa transformación explica por qué las principales democracias reformularon sus políticas.

Estados Unidos revisa las inversiones que pueden afectar su seguridad nacional; la Unión Europea fortaleció los mecanismos de control sobre infraestructura crítica; Brasil mantiene restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y presta especial atención a las zonas de frontera.

En la Argentina, mientras tanto, el Congreso debate un proyecto orientado a fortalecer la inviolabilidad de la propiedad privada. El objetivo es legítimo. La seguridad jurídica constituye una condición indispensable para atraer inversiones. Sin embargo, el debate parece detenerse allí, cuando debería abrir una discusión mucho más amplia sobre la protección de aquellos recursos cuya pérdida afectaría no sólo a un propietario, sino a la Nación en su conjunto.

La falacia de equiparar inversión con control constituye otro de los errores que atraviesan este debate, presentando toda crítica a la flexibilización del régimen de tierras como una postura contraria a la inversión extranjera. Nada más alejado de mi posición.

La Argentina necesita inversión, capital, tecnología e infraestructura. Lo que no necesita es confundir inversión con transferencia de control sobre activos estratégicos.

Una inversión puede generar empleo, innovación y crecimiento sin alterar la capacidad del Estado para decidir sobre el territorio, mientras que la adquisición o el control de determinados activos estratégicos plantea una cuestión completamente distinta.

Porque la tierra no constituye un activo económico reproducible, constituye el soporte físico de recursos críticos, corredores logísticos, reservas de agua dulce, minerales estratégicos, infraestructura energética y posiciones geográficas cuya importancia sólo crecerá durante las próximas décadas.

Por esa razón la extranjerización de determinadas tierras no puede analizarse exclusivamente como una operación inmobiliaria, debe evaluarse también desde la perspectiva de la seguridad nacional, del desarrollo federal y de la preservación de capacidades estratégicas.

Ésa es precisamente la diferencia que establecen la mayoría de las democracias desarrolladas. Y ésa es, paradójicamente, la diferencia que parece desdibujarse en el debate argentino. La primera línea de defensa de un país no comienza cuando intervienen las Fuerzas Armadas. Comienza mucho antes, cuando el Estado identifica los recursos y las infraestructuras cuya importancia trasciende el interés patrimonial de sus titulares y establece mecanismos para preservarlos.

Vista desde esa perspectiva, la estación espacial china en Bajada del Agrio, el radar de LeoLabs en Tolhuin, el observatorio europeo en Malargüe y otros proyectos vinculados con infraestructura crítica justifican una evaluación estratégica previa.

Hay historias que sobreviven porque siguen explicando el presente. La de Troya es una de ellas. La ciudad no cayó porque sus murallas fueran débiles. Cayó porque abrió sus puertas a aquello que creyó un regalo.

Del mismo modo, un debate puede quedar atrapado por el título de una iniciativa y dejar en segundo plano sus efectos estratégicos. Presentado como un proyecto destinado a reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, el debate también puede producir efectos sobre el régimen aplicable a la adquisición y control de tierras y otros activos por parte de intereses extranjeros.

La Argentina necesita una Ley de Protección de Activos Estratégicos que identifique los recursos e infraestructuras de interés nacional, establezca un sistema permanente de evaluación estratégica y preserve la capacidad soberana de decidir.

La doctrina social de la Iglesia recuerda que la propiedad privada constituye un derecho legítimo, pero subordinado al bien común.

La historia demuestra que las naciones rara vez pierden su soberanía de un día para otro. Generalmente comienzan a hacerlo cuando dejan de decidir sobre los activos que determinarán su desarrollo, su seguridad y su libertad de acción. La verdadera soberanía consiste en conservar esa capacidad de decidir. Porque, en el siglo XXI, la soberanía también se pierde sin guerras.