El próximo jueves quedará constituido en Miami el gran jurado de la Justicia federal de los Estados Unidos que analizará si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal por los presuntos movimientos financieros irregulares de más de 300 millones de dólares recolectados por la AFA a través de la empresa TourProdEnter.

Según tres fuentes consultadas por Clarín, las pruebas reunidas durante la investigación preliminar tendrían altas probabilidades de ser convalidadas, lo que habilitaría la apertura formal de una investigación penal por posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y otros ilícitos financieros.

La primera audiencia será reservada. Uno o más testigos declararán ante el gran jurado, que deberá determinar si la evidencia presentada por tres fiscales federales alcanza el estándar de "probable cause", requisito indispensable para formular una acusación federal.

Si al menos doce de los integrantes del gran jurado consideran acreditado ese umbral, emitirán una indictment (acusación formal). Recién entonces comenzará el proceso penal propiamente dicho.

De acuerdo con el procedimiento estadounidense, una vez abierta la causa los fiscales podrán solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional, ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras e, incluso, promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra bancos o eventuales detenciones, según explicaron dos fuentes judiciales consultadas y el empresario Guillermo Tofoni.

Tofoni, cuya empresa mantuvo un conflicto comercial con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, confirmó que el 30 de julio declarará al menos un testigo convocado por la Justicia norteamericana.

Aunque dijo desconocer quién comparecerá finalmente, sostuvo que Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA, "podría ser citado perfectamente porque maneja la totalidad de los contratos comerciales y era quien indicaba las cuentas bancarias donde los patrocinadores debían depositar los pagos correspondientes a la AFA".

Los fiscales también ya recibieron declaración del empresario Guillermo Tofoni y de Alexandre Dreyfus, fundador de la plataforma de fan tokens Socios.com, mientras que habrían requerido información a otros de los cien patrocinadores internacionales de la Selección Argentina.

Las actuaciones del gran jurado permanecen bajo reserva.

A diferencia del sistema argentino, donde un fiscal puede imputar directamente a una persona, en Estados Unidos el gran jurado funciona como un filtro previo para determinar si existe evidencia suficiente que justifique una acusación penal.

Está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos que no juzgan culpabilidades, sino únicamente la existencia de elementos suficientes para iniciar un proceso.

Durante esta etapa solamente expone la fiscalía. La defensa no participa ni puede interrogar testigos en esta etapa del gran jurado. Por ese motivo, especialistas consultados sostienen que el estándar probatorio exigido es relativamente bajo y que las acusaciones suelen prosperar cuando la fiscalía llega a esta instancia.

Toda la información producida permanece bajo secreto.

Incluso los testigos tienen prohibido revelar el contenido de sus declaraciones.

Uno de los posibles convocados sería el ex presidente de la Inspección General de Justicia Daniel Vítolo, quien auditó los balances de la AFA y detectó que, salvo un crédito por unos 15 millones de dólares, no aparecen reflejados los ingresos provenientes de la explotación comercial internacional estimados en más de 300 millones de dólares.

La citación conocida esta semana ordena que el testigo entregue "todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo todas y cada una de las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni".

Además dispone que permanezca a disposición para prestar declaración testimonial el 30 de julio de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

La investigación tramita ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, cuya jueza principal es Cecilia M. Altonaga, aunque ello no significa que intervenga directamente en la causa.

La declaración podrá quedar a cargo de cualquiera de los jueces federales de distrito que se encuentren de turno ese día.

La investigación es impulsada por los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue, Christopher Ting y el fiscal federal de Miami Michael Berger.

La ruta del dinero

Según la documentación incorporada al expediente, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron fondos a cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank.

Posteriormente, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.

Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban una actividad económica real o si funcionaban únicamente como sociedades vehículo para redistribuir fondos en forma opaca.

Guillermo Tofoni sostiene que la documentación obtenida mediante el proceso de Discovery en Estados Unidos permitió reconstruir movimientos por casi 450 millones de dólares, cifra superior a los aproximadamente 300 millones registrados inicialmente.

Parte de esa información, sin embargo, sólo podrá utilizarse en el litigio comercial que mantiene con la AFA.

Un juez del estado de Georgia resolvió que, si pretende incorporar esa evidencia a causas penales, deberá promover un nuevo procedimiento de discovery.

Tofoni aclaró que esa limitación procesal no afecta la investigación federal en curso ni implica que él haya cometido delito alguno.

"Habría sanciones a bancos y detenciones"

En declaraciones a DatosobreDato de Ecomedios, Tofoni afirmó que, si el gran jurado concluye que existen indicios de lavado de dinero, "podrían existir observaciones para los bancos, sanciones para empresas que enviaron fondos a TourProdEnter e incluso posibles detenciones".

El empresario agregó que "si se reúne un gran jurado para analizar una causa de estas características es porque los fiscales consideran que existen indicios relevantes, aunque todavía falta que la evidencia sea evaluada".

Mientras tanto, la expectativa está puesta en la audiencia del jueves. Si el gran jurado valida las pruebas reunidas durante los últimos meses, la investigación dejará de ser una pesquisa preliminar y pasará a convertirse en una causa penal federal, un escenario que podría complicar la situación judicial de quienes aparecen mencionados en la documentación incorporada al expediente.