En poco más de un mes, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), responsable de realizar el juicio de Hotesur-Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner, y otros catorce imputados, realizará la audiencia preparatoria para ese debate. Al encuentro, la ex Presidenta llegará con un embargo familiar por encima de los 1.000 millones de pesos, y una medida cautelar sobre la inmobiliaria de 3.013 millones. Esto convive con el decomiso vigente de 685.000 millones de pesos fijado en el caso Vialidad y al que debe responder de forma solidaria con los demás condenados.

El 4 de septiembre las defensas, fiscalía y querella involucradas en la causa donde se investigó una estructura de blanqueo de activos a través de las empresas de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, están citadas por el TOF 5 -integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni- para la audiencia preparatoria. Es la instancia previa a fijar fecha para el inicio del debate oral y público que volverá a sentar en el banquillo de los acusados a la expresidenta y por primera vez a su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner.

En el marco de este expediente se corroboró una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, la inmobiliaria y la firma hotelera de la familia Kirchner nunca tuvieron una actividad comercial genuina sino que se utilizaron como “pantallas societarias” para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.

De cara al inicio del juicio los embargos como las medidas cautelares sobre las compañías se actualizaron y mantienen hace meses el mismo valor. Clarín consultó a fuentes judiciales respecto a una nueva modificación de los valores fijados por el Tribunal de juicio, y se indicó que “por el momento se conservan los últimos valores, pero se analizará más adelante si se considera necesario actualizar las cifras”.

Los números

En el caso de la inmobiliaria Los Sauces, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera Hotesur la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos, valores al año 2015.

Sobre Los Sauces pesaba un embargo de 673 millones de pesos. Respecto a Cristina, la medida cautelar ascendía a 110 millones de pesos y en el caso de su hijo a 130 millones de pesos.

Estos valores fueron actualizados de cara al inicio del juicio oral y público. Cristina Kirchner no sólo deberá afrontar el decomiso en el caso Vialidad por 685.000 millones de pesos, sino que la extensión del embargo en Hotesur-Los Sauces expone a cuánto podría ascender una eventual pena en este caso por lavado de dinero.

Cuando se fijó el nuevo embargo en las causas por lavado de dinero, se consignó que la actualización era necesaria para “procurar que el embargo preventivo dispuesto por el juez del grado anterior desde hace más de siete años respecto de los aquí imputados continúe cumpliendo una función de garantía”.

Junto con el objetivo de garantizar los bienes cautelados, también se persigue con la actualización “contrarrestar los efectos de los procesos inflacionarios y la depreciación monetaria”, explicaron en la justicia.

En consecuencia, se fijó en 582.055.234,48 pesos para Máximo Kirchner y Cristóbal López, de forma individual. Sobre ellos se había dictado una cautelar de 130 millones.

Para Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el embargo original era de 110 millones de pesos y la cifra con la que afrontarán el juicio será de 492.508.275,33 pesos.

La actualización también alcanzó a la inmobiliaria Los Sauces. Le corresponde el embargo más elevado: de 673 millones de pesos pasó a 3.013.255.175,40 pesos.

En el caso de las firmas Valle Mitre, Loscalzos y del Curto y Kank & Costilla la cifra del embargo pasó de 237 millones a 1.061.131.465,93 pesos.

Las tres compañías pertenecen a Lázaro Báez. La primera de ellas se utilizó para la explotación y administración de Hotesur (la firma hotelera) y las otras dos son constructoras que se convirtieron en inquilinas de Los Sauces, a la vez que construyeron inmuebles que pertenecen a la inmobiliaria.

Las medidas que conviven

La familia Kirchner está próxima a perder 20 propiedades, 19 bajo la titularidad de los hijos de la ex Mandataria y uno a su nombre. Se trata de la primera tanda de decomisos que ya fue confirmada por la Cámara de Casación en el marco de la causa Vialidad. Un total de 111 bienes muebles e inmuebles fueron identificados por el fiscal Diego Luciani para afrontar la cifra que se determinó como el fraude ocasionado con los 51 procesos licitatorios adjudicados de forma irregular a Lázaro Báez: 685.000 millones de pesos.

A dicho decomiso, que es el instrumento con el que cuenta la justicia para recuperar el producido del delito, se afronta de forma solidaria por los nueve condenados en en este caso. Lázaro Báez es quien más propiedades posee, seguido por la familia Kirchner.

La palabra final sobre el inicio de la ejecución patrimonial la tendrá la Corte Suprema de justicia, que se convertirá en titular de los bienes a decomisar pero antes debe resolver un recurso extraordinario de Cristina Kirchner y su ex socio comercial, para impedir la pérdida de propiedades.

En Comodoro Py, mientras tanto, tramita un segundo pedido de decomiso conformado por 144 propiedades y más de cinco millones de dólares que pertenecen a Florencia Kirchner.

Esta segunda tanda de decomisos tiene una particularidad: incluye bienes embargados en la causa Hotesur-Los Sauces, como las divisas secuestradas, el hotel Alto Calafate, propiedades de la inmobiliaria como San José 1111 donde la ex Presidenta cumple el arresto domiciliario.

La maniobra que se juzgará en el caso Hotesur-Los Sauces

"Frente a una extensísima posibilidad de formas habitualmente identificadas para este tipo de reciclaje, la técnica que se habría elegido para dar apariencia de legalidad al dinero en ambos procesos fue exactamente la misma (ingresos por préstamos, por rubro hotelero y alquiler de inmuebles)", sostiene la acusación que condujo a Máximo y a Cristina Kirchner a juicio oral.

Además, el requerimiento de elevación argumenta: "desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad".

Lázaro Báez y Cristóbal López, los inquilinos principales de Los Sauces.

La acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para "devolver" a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuya sentencia condenatoria contra Cristina, Báez y los demás acusados,fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025.

Cristina y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas. Luego fue desvinculada.

A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de una funcionaria y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.