NUEVA YORK (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los contratistas y subcontratistas federales que consulten con su gobierno sobre las indagaciones que reciban del Congreso y que retengan cualquier comunicación que la Casa Blanca considere confidencial, según una nueva orden ejecutiva.

Las empresas también deben coordinar con la Casa Blanca y con agencias federales las “respuestas apropiadas” a cualquiera de esas solicitudes, según la orden emitida a última hora del viernes. Si no cumplen, la Casa Blanca advierte que sus contratos podrían rescindirse y que su trabajo futuro con el gobierno federal podría quedar suspendido.

La orden es el más reciente esfuerzo del gobierno republicano por resistir las que, previsiblemente, serán amplias y agresivas labores de supervisión por parte de los demócratas cuando asuman el control del Congreso en enero. Los demócratas han convertido los contratos gubernamentales en uno de sus principales objetivos de investigación, al señalar que el dinero federal ha fluido hacia empresas vinculadas con la familia de Trump, particularmente en el Pentágono.

Funcionarios de la Casa Blanca ya han comenzado a tomar medidas para ejercer más control sobre la manera en que las agencias y los funcionarios responden a las solicitudes del Congreso, ante la previsión de que habrá una avalancha de investigaciones iniciadas por los demócratas.

El abogado de Trump, Will Scharf, comunicó a las agencias federales el lunes que deben solicitar la aprobación de su oficina y de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca antes de aceptar comparecer ante el Congreso. Scharf también indicó en una carta enviada recientemente al representante de California, Robert Garcia, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que algunas investigaciones del Congreso podrían equivaler a una “criminalidad descarada”.

Garcia envió cartas esta semana en las que ordenó a miembros de la familia de Trump y a altos funcionarios del gobierno que preserven documentos. Scharf intentó desestimar las solicitudes y señaló en una carta a legisladores demócratas que aún no son mayoría y no pueden obligar al cumplimiento.

En una hoja informativa, la Casa Blanca presentó los nuevos requisitos como una forma de “proteger los privilegios del poder ejecutivo frente a los excesos del Congreso”, argumentando que algunos líderes del Congreso han intentado entrometerse en las prerrogativas del poder ejecutivo al “hostigar a empresas privadas que tienen contratos con el gobierno federal”.

Durante mucho tiempo, presidentes de ambos partidos han recurrido al privilegio ejecutivo para resistir las indagaciones del Congreso, pero esas afirmaciones pueden dar lugar a complicadas y prolongadas disputas legales, ya que las partes discrepan sobre si corresponde aplicarlo. El privilegio ejecutivo permite que el presidente mantenga información fuera del alcance de los tribunales, del Congreso y del público para proteger la confidencialidad de las deliberaciones de la Casa Blanca, pero esa protección está lejos de ser absoluta.

La más reciente orden ejecutiva se aplica a todos los contratistas y subcontratistas, un universo de decenas de miles de empresas.