En un fallo unánime, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti criticaron duramente a los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes habían avalado el traslado del expediente al juzgado federal de Adrián González Charvay.
El máximo tribunal consideró que la decisión de Casación afectó de manera “severa e inequívoca” la garantía del juez natural y constituyó una “grosera” violación de las reglas de competencia judicial.
La resolución ordenó devolver el expediente al juez federal porteño Daniel Rafecas y dejó sin efecto la intervención de González Charvay, quien había reclamado investigar el caso porque la propiedad está ubicada en el partido bonaerense de Pilar.
La decisión representa un duro revés para la conducción de la AFA, que enfrenta varias investigaciones por presuntas irregularidades financieras, lavado de dinero y maniobras con sociedades comerciales vinculadas al negocio del fútbol.
Uno de los aspectos más significativos del fallo es el cuestionamiento directo a la actuación de Borinsky y Barroetaveña, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Borinsky es uno de los nombres que suenan en tribunales como eventual candidato a la Corte.
Ambos habían votado a favor de enviar el expediente a Campana, mientras que su colega Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.
La Corte señaló que Barroetaveña ignoró los argumentos del fiscal general Mario Villar sobre la competencia territorial, mientras que Borinsky descartó analizarlos por considerar que excedían el objeto del recurso presentado por las defensas. Barroetaveña fue vicepresidente de la comisión de Etica de la AFA.
El Juez Federal de la Provincia, Andrés González Charvay.
Los ministros advirtieron que Casación conocía los argumentos de la fiscalía sobre los vínculos del expediente con la Ciudad de Buenos Aires, pero “omitió deliberadamente analizar sus argumentos”.
La gravedad de esa observación radica en que el fiscal Villar había advertido que la investigación no se limitaba a determinar quién había comprado la mansión, sino que comprendía una presunta operatoria financiera mucho más amplia.
La Corte sostuvo que “no se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa”, sino una posible maniobra de lavado de activos mediante sociedades, modificaciones societarias y operaciones patrimoniales.
En otras palabras, para el máximo tribunal, la ubicación de la mansión no podía utilizarse como único argumento para desplazar la investigación de los tribunales porteños.
Los jueces recordaron que Real Central SRL tenía su sede social en Buenos Aires y que el contrato de compraventa del inmueble había sido celebrado en un domicilio de la Capital Federal.
También destacaron que la AFA tiene su sede histórica en la calle Viamonte, donde se habrían adoptado decisiones vinculadas con la administración y disposición de los fondos bajo investigación.
“El Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación”, afirmó el máximo tribunal.
La Corte también hizo referencia a la hipótesis de una red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fondos de la AFA mediante un complejo circuito financiero.
Ese aspecto conecta la investigación sobre la mansión con otras denuncias que buscan determinar el destino de cientos de millones de dólares generados por la explotación comercial de la marca de la Selección argentina.
El fallo también implica una fuerte desautorización para González Charvay, quien había reclamado la competencia sobre el expediente y posteriormente dictado resoluciones favorables a personas investigadas por la adquisición de la propiedad.
El magistrado había sobreseído a familiares y allegados de Toviggino, decisión que fue apelada por el fiscal Sebastián Bringas y el representante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
La discusión sobre la competencia judicial resultaba decisiva porque determinaba qué magistrado tendría a su cargo las medidas de prueba sobre el origen de los fondos y los verdaderos beneficiarios de los bienes.
La Corte consideró que el expediente debía analizarse a partir del conjunto de las operaciones financieras investigadas y no exclusivamente del lugar donde se encuentra uno de los inmuebles.
El fallo hizo lugar al recurso extraordinario del fiscal Villar, sostenido ante el máximo tribunal por el procurador general interino, Eduardo Casal.
De esta manera, los tres ministros coincidieron en que la decisión de Casación no había dado una respuesta judicial razonada a los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal.
La resolución se suma a otras decisiones recientes de la Corte que impidieron trasladar a Campana investigaciones sobre los balances y la administración de fondos de la AFA.
En esos expedientes se analizan, entre otras cuestiones, las denuncias sobre ingresos provenientes de los contratos comerciales de la Selección argentina en el exterior y su registración contable.
Los vínculos políticos y judiciales de la AFA
La disputa por la mansión también puso bajo la lupa las relaciones políticas y judiciales que construyeron Tapia y Toviggino durante los últimos años.
Uno de los funcionarios señalados por sus vínculos con la conducción de la AFA es el ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques.
El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso denunció los vínculos de Mahiques con el proyecto de universidad impulsado por Tapia y Toviggino.
EL MINISTRO DE JUSTICIA,
JUAN BAUTISTA MAHIQUES.
FOTO GUILLERMO RODRIGUEZ
Mahiques había sido presentado como vicerrector, y no como vicedecano, de la denominada Universidad de la AFA (UNAFA), una iniciativa anunciada en noviembre de 2025.
La participación del actual ministro en ese proyecto volvió a generar cuestionamientos por los posibles conflictos de intereses derivados de sus relaciones con la dirigencia del fútbol.
Además, una denuncia penal presentada por Fernando Míguez pidió investigar presuntas irregularidades en la creación de la UNAFA y mencionó entre los denunciados a Tapia, Toviggino y Mahiques.
La presentación cuestionó que el proyecto universitario hubiera sido promocionado sin contar, según el denunciante, con las autorizaciones oficiales correspondientes.
También planteó posibles incompatibilidades entre las funciones públicas que desempeñaba Mahiques y su participación en la estructura académica anunciada por la AFA.
Otro punto de la denuncia relacionó su llegada al Ministerio de Justicia con los cambios posteriores en la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que venía investigando los balances de la entidad futbolística.
La cuestión cobra relevancia política porque la IGJ es uno de los organismos estatales encargados de fiscalizar a las asociaciones civiles, entre ellas la AFA.
El organismo había impulsado controles sobre los estados contables de la entidad, en medio de las denuncias sobre el manejo de los ingresos comerciales y las transferencias de dinero al exterior.
En paralelo, las investigaciones judiciales avanzaron sobre sociedades, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros presuntamente vinculados con dirigentes del fútbol argentino.
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