El Gobierno amplió la definición de proveedor local dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una modificación con impacto directo sobre las cadenas de abastecimiento de las nuevas minas de cobre, litio, oro y plata y sobre los grandes proyectos petroleros, energéticos y de infraestructura.

A partir de ahora, las empresas constituidas y domiciliadas en el país podrán ser consideradas locales sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni quién controla su capital.

El cambio fue dispuesto mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida sorprendió a buena parte del sector industrial y de proveedores nacionales, que por ahora se mueve con cautela: uno de sus referentes la definió ante Clarín como una “pésima noticia”. "Desaparece la categoría de proveedor argentino", sentenciaron.

Aunque alcanza a todos los sectores incluidos en el RIGI, adquiere especial relevancia por el volumen de contratos que deberán adjudicar los grandes proyectos mineros y energéticos. Entre ellos se encuentran los proyectos de cobre Vicuña y Los Azules, en San Juan; Agua Rica, en Catamarca; el de litio Rincón, en Salta; otras ampliaciones de producción de litio; y las inversiones en Vaca Muerta, gasoductos, oleoductos, plantas de procesamiento, parques eléctricos y grandes desarrollos de exportación de petróleo y gas.

Hasta ahora, una sociedad debía cumplir dos condiciones para ser considerada proveedora local. Tenía que estar constituida y domiciliada en la Argentina y, además, al menos el 51% de su capital o los votos necesarios para controlar sus decisiones debía pertenecer a personas o empresas con domicilio fiscal en el país.

La nueva reglamentación eliminó esa segunda exigencia. El Gobierno estableció que la condición local se determinará por la constitución y el domicilio de la empresa, “sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social”.

En términos prácticos, una subsidiaria argentina perteneciente en su totalidad a un grupo chileno, peruano, chino, estadounidense, canadiense o europeo podrá ser reconocida como proveedora local. Hasta ahora quedaba fuera de esa definición si no tenía una mayoría del capital o de los votos controlantes domiciliada fiscalmente en la Argentina.

Los grandes proyectos mineros requerirán cadenas de proveedores de materiales e insumos. Foto: Secretaría de Minería de la Nación

El cambio incide sobre el compromiso de contratación incluido en el RIGI. Las empresas titulares de los proyectos deben destinar a proveedores locales al menos el 20% de la inversión prevista para bienes y obras, siempre que exista oferta disponible, con precio y calidad de mercado y capacidad para cumplir con las cantidades, estándares y plazos requeridos.

El decreto no aumenta ni reduce el piso del 20%. Lo que modifica es el universo de empresas que pueden ser contabilizadas dentro de la categoría local. Para los proveedores de capital argentino significa que deberán competir también con subsidiarias de grandes compañías internacionales, que pueden contar con mayor escala, financiamiento, tecnología y antecedentes en otros países.

Según los fundamentos de la medida, el objetivo es facilitar la incorporación de empresas radicadas en la Argentina a las cadenas de suministro y aumentar la cantidad de oferentes. El Ejecutivo sostuvo que la composición del capital no debe constituir, por sí sola, un impedimento para participar como proveedor local.

La modificación aparece en un momento en que Vaca Muerta y la minería anticipan una demanda de bienes y servicios de una escala desconocida hasta ahora en el país. En el caso puntual de los proyectos de cobre, van a requerir desde campamentos, caminos y líneas eléctricas hasta equipos de trituración, transporte, ingeniería, explosivos, bombas y sistemas de tratamiento de agua. Parte de esos contratos será disputada por fabricantes argentinos y por proveedores chilenos y peruanos con experiencia en operaciones de gran tamaño.

El debate ya había aparecido en la ronda de negocios del RIGI realizada a fines de octubre en Rosario. Allí participaron 1.800 empresas y 43 grandes proyectos compradores. Cámaras industriales y proveedores plantearon que la radicación formal no necesariamente garantiza fabricación, empleo o valor agregado en la Argentina.

La discusión se cruza, además, con las normas provinciales. San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja cuentan con registros o regímenes propios que incorporan criterios como domicilio, antigüedad, empleo provincial, facturación local o asociación con firmas de la jurisdicción.