El Gobierno removió a la titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora luego de determinar que no fueron depositados fondos que debían ser transferidos a la Administración Nacional. Según la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, el perjuicio fiscal supera los $117 millones.
La sanción recayó sobre Marta Elena Castañón, responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N.º 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A.
Según el documento oficial, la investigación administrativa se había iniciado en 2025 para determinar eventuales responsabilidades por irregularidades detectadas en la administración de ambas seccionales.
A la funcionaria, indicó el texto, se le reprochó el "incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente en favor de la Administración Central los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos".
Según el expediente, las irregularidades abarcaron distintos períodos comprendidos entre julio de 2024 y febrero de 2025 y alcanzaron montos que en algunos meses superaron los $18 millones.
A modo de defensa, Castañón sostuvo que la omisión de los depósitos no obedeció a una maniobra de apropiación o desvío de fondos, sino a una situación de "imposibilidad económica derivada del desfinanciamiento" que atravesaba el registro a su cargo.
También cuestionó la falta de respuesta a los pedidos formulados para regularizar la deuda mediante pagos escalonados y afirmó que otros seccionales enfrentaban situaciones similares. Sin embargo, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, dentro de un universo de aproximadamente 1.400 registros, solamente 14 presentaban deudas y 10 ya se encontraban sumariados.
La instrucción rechazó esos argumentos. Según la resolución, los remanentes de recaudación "corresponden al Estado Nacional desde su percepción" y deben ser depositados dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.
El expediente también cuestionó la interpretación realizada por la funcionaria sobre el manejo de los fondos. Según el análisis oficial, la deuda acumulada "no ha sido realmente controvertida por parte de la sumariada, sino explicada desde una óptica que pretende ser exculpatoria".
Además, la resolución afirmó que "la eventual diferencia negativa entre ingresos y egresos integra el riesgo propio de la gestión del Encargado y no autoriza, en ningún caso, a retener o aplicar a otros fines sumas dinerarias que debían ser giradas" al Estado.
La instrucción sumarial calculó inicialmente un perjuicio fiscal de $73,5 millones. Sin embargo, posteriormente, un informe técnico de la Sindicatura General de la Nación actualizó la cifra y concluyó que el daño económico ascendía a $117.246.510,53 al 15 de septiembre de 2026, monto que fue calificado como de "relevante significación económica".
A partir de esa conclusión, el Ministerio de Justicia instruyó a las áreas competentes para realizar todas las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos.
La resolución recuerda que los hechos son investigados en una causa caratulada "NN s/ Defraudación", que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora.
Al mismo tiempo, aclara que la vía administrativa no se encuentra agotada y que la exencargada podrá presentar recursos de reconsideración o jerárquicos para impugnar la medida.
ES
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