El gobierno del presidente Donald Trump prepara una nueva normativa para remunerar a los médicos que diagnostiquen, traten y asesoren a pacientes con posibles efectos adversos de las vacunas. La iniciativa forma parte de una serie de cambios impulsados por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que generan preocupación entre especialistas en salud pública.

La administración también anunció la creación de un centro de investigación sobre lesiones asociadas a vacunas en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y busca modificar el Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP).

Expertos advierten que estas medidas podrían debilitar la confianza pública en la vacunación y favorecer intereses económicos relacionados con litigios contra fabricantes farmacéuticos.

Las críticas a Kennedy y sus vínculos económicos

Dorit Reiss, profesora de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, consideró en diálogo con The Guardian que Kennedy mantiene convicciones profundas contra las vacunas, pero también podría beneficiarse económicamente de los cambios.

Antes de asumir el cargo, Kennedy declaró ingresos por 2,5 millones de dólares procedentes de derivaciones relacionadas con demandas judiciales sobre vacunas.

Peter Hotez, profesor del Baylor College of Medicine, coincidió en que las decisiones del funcionario podrían responder tanto a motivaciones ideológicas como a intereses financieros propios o de sus allegados.

Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) rechazó categóricamente esas acusaciones.

Antes de asumir el cargo, Kennedy declaró ingresos por 2,5 millones de dólares procedentes de derivaciones relacionadas con demandas judiciales sobre vacunas.

Durante su audiencia de confirmación en 2025, la senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó sus posibles conflictos de intereses y advirtió que sus decisiones podrían influir en futuros litigios.

Kennedy también mantuvo vínculos económicos con editoriales y organizaciones relacionadas con el movimiento antivacunas. Según los reportes citados, recibió aproximadamente 4 millones de dólares en anticipos editoriales durante el último año.

Qué podría cambiar en las compensaciones por vacunas

El VICP fue creado en 1986 para facilitar las indemnizaciones a personas que experimentan efectos adversos graves después de recibir determinadas vacunas.

Los especialistas destacan que estos acontecimientos son poco frecuentes, pero consideran fundamental mantener mecanismos de compensación accesibles para quienes realmente resultan afectados.

A diferencia de las demandas judiciales tradicionales, el programa permite presentar reclamaciones mediante procedimientos específicos, generalmente menos complejos.

Reiss advirtió que debilitar este sistema podría perjudicar a los pacientes, quienes eventualmente tendrían que recurrir a abogados y afrontar mayores costos legales.

El debate sobre los registros de efectos adversos

Los expertos temen que los nuevos incentivos económicos favorezcan un aumento de reportes que luego puedan interpretarse incorrectamente. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Otra preocupación está relacionada con el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS), utilizado para detectar posibles señales de problemas de seguridad.

Hotez explicó que esta herramienta permitió identificar efectos adversos poco frecuentes, como determinados casos de miocarditis asociados con vacunas contra el Covid-19.

Sin embargo, aclaró que una notificación al VAERS no demuestra que una vacuna haya causado el problema registrado. Para establecer una relación causal se necesitan investigaciones adicionales.

Los expertos temen que los nuevos incentivos económicos favorezcan un aumento de reportes que luego puedan interpretarse incorrectamente.