Después de la causa que inició la fiscalía federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, la presidenta del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Valeria Rico, ordenó avanzar con la liquidación de la firma Austral Agro S.A. para cubrir parte de las multas millonarias impagas. Es, además, una respuesta a la información que mostró cómo desde la cárcel, el empresario, seguía comercializando campos de dicha compañía. La Unidad de Información Financiera (UIF) asumirá la titularidad y la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) deberá administrar el dinero producido para saldar las acreencias.

Como reveló Clarín a través de las escuchas telefónicas incorporadas a la nueva causa por lavado de dinero, asociación ilícita y vínculos con una organización narco criminal, Lázaro Báez durante el último año, designó administradores, dio órdenes específicas para seguir explotando comercialmente bienes que están alcanzados por el decomiso del caso Vialidad y de la causa de la Ruta del Dinero K. Se trata de los dos expedientes por los que está cumpliendo una pena unificada de 15 años de prisión.

El 11 de junio del año pasado, el exsocio comercial de Cristina Kirchner, volvió a quedar tras las rejas. Cumplía arresto domiciliario en una de sus propiedades emplazada en El Calafate. La orden de que regrese a un penitenciario federal, fue del juez Néstor Costabel responsable de ejecutar la pena de la Ruta del Dinero K que recibió firmeza por parte de la Corte Suprema de Justicia. Días después, el máximo tribunal confirmó la maniobra defraudatoria juzgada en el caso Vialidad.

1.400 bienes y 15 años de condena

Preso en el penal de Ezeiza, afronta quince años tras la unificación de la pena que ejecuta el TOF 4 que realizó el juicio por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K.

Son dos decomisos a los que debe responder el empresario: 60 millones de dólares en la causa por blanqueo de activos y 685.000 millones de pesos, en la adjudicación irregular de obra pública vial. El recupero del producido del delito se afronta de manera solidaria entre todos los condenados, pero en ambos expedientes quien posee el mayor patrimonio, es Lázaro Báez.

A 2016, según el Tribunal de Tasaciones, sus bienes valían 3.058.871.300 pesos, equivalentes entonces a 205.134.525 dólares. Ese valor fue otorgado a los 440 bienes inmuebles y los 972 rodados y máquinas viales que había adquirido, y que la justicia atribuyó a las operaciones de blanqueo.

La Justicia certificó que el patrimonio del empresario se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 %, y el de Austral Construcciones un 45.313%.

Entre los más de 1.400 bienes de Báez hay terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal.

Pese a las resoluciones judiciales que van desde la ejecución de bienes, el pedido de decomiso, la inscripción de propiedades bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, Lázaro Báez evadió todos los controles y las medidas cautelares impuestas.

Nuevos problemas judiciales en Río Gallegos

Junto con ese manejo, la justicia federal de Río Gallegos, contabilizó la explotación de unidades funcionales, galpones, locales comerciales donde funcionan laboratorios y un parque automotor que tenía órdenes de captura. La acusación en el nuevo expediente radicado en Río Gallegos, sostiene que las maniobras bajo análisis tenían como objetivo eludir los decomisos ordenados.

Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales explicaron “los bienes son controlados por los dos tribunales que ejecutan penas, sabíamos que Báez clandestinamente tenía un circuito de alquileres que se desconocían y por ese motivo la fiscalía radicó la denuncia con una investigación que viene hace tiempo”.

Se consignó al respecto, es que pese al control de los bienes, “muchos de los cuales están a disposición de la Corte Suprema, otro en manos de la ABBE para realizar los remates, y otros a la espera del máximo tribunal para avanzar con el decomiso definitivo”, los movimientos revelados “exponen un circuito, justamente, fuera del sistema legal y no deja como tal, registro del destino del dinero”.

La intervención sobre Austral

Frente a esa situación que derivó en una nueva causa judicial, la jueza Valeria Rico este año a cargo de la ejecución de la pena de la Ruta del Dinero K, firmó la resolución a través de la cual dispone inscribir la totalidad del paquete accionario de la empresa agropecuaria a nombre del Estado Nacional, con asignación específica a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Para fundamentar la medida, la magistrada tuvo por acreditada la titularidad de la compañía a partir de la recepción del Libro Registro de Acciones N° 1 de Austral Agro S.A. (rúbrica N° 100099-07, de 49 folios), del cual surge que el capital accionario pertenece en un 70% a Lázaro Báez y en un 30% a Martín Báez.

En la resolución a la que accedió Clarín, la magistrada consignó que ambos condenados adeudan sanciones pecuniarias firmes que ascienden a US$ 329.237.200,14 en el caso del empresario patagónico y a US$ 274.364.333,45 en el de su hijo.

Con el objetivo de evitar el vaciamiento o el desvío de rentas mientras avanza el proceso de realización, la jueza convocó con carácter de urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que asuma el control operativo de Austral Agro S.A.

Según lo dispuesto por el tribunal, el organismo deberá llevar adelante “todas las gestiones necesarias para que, con los bienes y los frutos que genere la firma, se procure saldar las multas pendientes de pago, debiendo presentar un informe detallado del avance de esas tareas dentro de los diez días hábiles posteriores a que quede firme la resolución”.

En paralelo, y de manera previa a concretar la liquidación o subasta de los activos y frutos de la compañía, la jueza Rico requirió a las veedoras informantes del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que practiquen una “valuación patrimonial integral de la sociedad y de sus bienes en un plazo de diez días hábiles”.

De este modo, el TOF 4 busca establecer con “precisión el valor real de mercado de la estructura agropecuaria antes de proceder a su enajenación pública, en sintonía con los remates ya ordenados en otros legajos de ejecución del mismo expediente”.

Esta decisión judicial se produce apenas días después de que estallara en Santa Cruz una nueva investigación penal por lavado de activos y asociación ilícita encabezada por el fiscal federal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en la que se detectó mediante escuchas telefónicas que Lázaro Báez continuaba impartiendo directivas desde el penal de Ezeiza sobre el manejo de Austral Agro S.A. y de las estancias Alquinta y La Entrerriana.

La novia del empresario, detenida

En ese expediente paralelo —que derivó en la detención de su pareja, Claudia Insaurralde, y de su operador Cristian Ibáñez—, los investigadores comprobaron que el empresario designaba encargados y explotaba campos ya alcanzados por órdenes judiciales de decomiso.

Entre los documentos secuestrados de la celda del empresario, se encontró un detalle con el alquiler de los campos, lo que representó el cobro de más de 94 millones de pesos. La justicia busca determinar el destino de esos fondos que eludieron todos los controles judiciales.

Frente a los nuevos hechos, el TOF 4 activó de inmediato la recuperación patrimonial en la Ruta del Dinero K para ejecutar los activos agropecuarios y aplicarlos al cobro de los más de US$ 603 millones conjuntos que adeudan padre e hijo en concepto de multas.

Mientras el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad, analiza el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para designar un administrador recaudador que reúna los alquileres de los inmuebles decomisados en el marco de este expediente. El juez Rodrigo Giménez Uriburu reiteró una serie de informes a organismos de la propiedad inmueble.