El Salón de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio de Tribunales, está repleto. Manos diligentes van agregando sillas hasta que literalmente no cabe ya ni un banquito. Es la sala donde se llevó a cabo en 1985 el histórico Juicio a las Juntas del proceso militar que tomó el poder por asalto el 24 de marzo de 1976.

Se siente en el aire el peso de tanta historia, pero la atmósfera es mucho menos solemne, mucho más ligera que en aquellos meses de hace 41 años. Están los jueces sentados en el estrado, los fiscales, las defensas, la querella. Hay un acusado, una víctima y muchos testigos por ambas partes. Son poco más de las 9 de la mañana y todo está listo para que comience el juicio oral. Sólo que los protagonistas no son abogados ni expertos en Derecho. Son alumnos de colegios secundarios que, con total responsabilidad, ocupan el lugar que habitualmente corresponde a los profesionales. Sentados entre el público, los compañeros de quienes representan los distintos roles opinan, se enfervorizan, cuestionan al ocasional testigo, se enojan con la interrupción de un fiscal o de una defensora, discuten la estrategia planteada por alguna de las partes y arriesgan un veredicto.

No hay aquí apatía sino un compromiso visible y un entusiasmo que contagia. El simulacro de juicio oral y público es la culminación anual del programa La Justicia va a la escuela, generado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que cumplió 26 años y se propone revertir el escepticismo general sobre las instituciones, explicar a los estudiantes mediante talleres y actividades prácticas el funcionamiento de la Justicia, y como planteó la directora del programa, la ex jueza Virginia Simari, buscar “reivindicar las decisiones humanas frente al avance de la Inteligencia Artificial” y promover la reconstrucción de la confianza en el Poder Judicial porque “una sociedad que desconfía de sus pilares institucionales es una sociedad que se va debilitando”. Será Justicia.