La historia judicial del cierre de FATE presenta dos escenarios diferentes según el fuero que instruye las causas. Por un lado, la Justicia laboral dio por concluida la discusión sobre las obligaciones económicas de la empresa con sus ex empleados.

Por el otro, hay quejas de los propietarios porque la causa penal que tiene como eje la ocupación de la planta de San Fernando continúa sin alcanzar una resolución efectiva sobre la restitución del establecimiento.

La última decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 17 dispuso el levantamiento del embargo sobre los fondos de FATE y el reintegro a la empresa del saldo que había quedado en la cuenta judicial. Una parte de esos recursos ya había sido destinada al pago de adicionales salariales reclamados con posterioridad al cierre de la planta.

De acuerdo con lo resuelto y con la información aportada sobre el cumplimiento de las obligaciones, quedaron canceladas las indemnizaciones y los salarios correspondientes.

De esta manera, se considera concluida la controversia relativa a los compromisos de pago derivados del cierre de la fábrica, anunciado el 18 de febrero pasado.

Los argumentos de la Justicia laboral

El fallo de este 6 noviembre resalta entre otros puntos que la medida oportunamente decretada se encuentra íntegramente cumplida mediante las transferencias efectuadas en la causa. Esto significa que se considera ejecutada la finalidad para la cual se había dispuesto la retención de fondos.

Además, la representación letrada de la parte actora había formulado una oposición al pedido de restitución de fondos presentado por la empresa. El juez considera que ese planteo no resulta procedente y dispone desestimarlo.

También la Justicia ordena transferir a la cuenta de la demandada, en concepto de reintegro de capital no imponible, más de $1.548,5 millones. El fallo aclara que el dinero existente en la cuenta judicial deriva de las sumas que habían quedado depositadas como consecuencia del embargo oportunamente decretado.

Entre otras medidas, también señala que esas sumas estaban destinadas a hacer frente a las transferencias de salarios dispuestas por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Qué pasa en la Justicia penal

Desde el cierre de la planta, el predio de Virreyes, en el partido de San Fernando, permanece ocupado por un grupo de ex empleados y dirigentes sindicales que reclama la reapertura de la fábrica y la reincorporación de la totalidad de la dotación.

La medida excede actualmente cualquier discusión sobre el pago de indemnizaciones o salarios. La permanencia dentro de las instalaciones impide, según denuncia la empresa, el retiro de neumáticos, materias primas y otros bienes almacenados, además de limitar el acceso al establecimiento y la disposición de activos que no están alcanzados por restricciones judiciales.

Protestas frente a FATE de referentes del sindicato del neumático.

El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de unos 920 trabajadores. A partir de entonces se sucedieron protestas, presentaciones judiciales y distintas decisiones sobre la situación del predio.

En las primeras horas del conflicto, el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro había ordenado el desalojo y la restitución del inmueble a sus titulares.

Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revocada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que consideró que la ocupación se inscribía en un conflicto laboral y en el ejercicio de medidas de acción directa.

Meses después, la discusión volvió a cambiar de escenario. La Cámara de Apelaciones de San Isidro dictó una nueva resolución favorable al desalojo, que volvió a ser objeto de cuestionamientos y presentaciones judiciales.

La sucesión de resoluciones y recursos terminó prolongando una situación que, a casi nueve meses del cierre, todavía no encontró una salida material.