Mientras el Gobierno ultima detalles del operativo para los recorridos y misas multitudinarias del papa León XIV, el esquema de seguridad oficial evidenció un punto ciego: la ciberseguridad. Ninguna de las normas publicadas convocó a los organismos especializados, en una arquitectura estatal donde el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) nunca comenzó a funcionar y el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) permanece inoperativo. Una omisión crítica para un país que acumula hackeos masivos.

Del 8 al 11 de noviembre, el 267° pontífice de la Iglesia Católica mantendrá un encuentro oficial con el presidente Milei en la Casa Rosada y participará de un evento en el Palacio Libertad. Además, visitará la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján; encabezará misas multitudinarias, un recorrido en papamóvil por el barrio porteño de Palermo, encuentros con el clero y una visita social al Cottolengo Don Orione y al penal de Devoto.

Por la visita del jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, el gobierno creó estructuras especiales de coordinación para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Las medidas fueron oficializadas mediante las resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026, del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas el lunes 8 de septiembre en el Boletín Oficial.

Sin embargo, en la arquitectura pública del operativo no aparecen convocados expresamente los organismos especializados en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa. La inteligencia debe advertir, la ciberseguridad civil debe proteger y responder, y la ciberdefensa se centra en la protección de la operación del instrumento militar.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, declaró de interés nacional la visita del Papa y creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘visita de su santidad el papa León XIV’ (UEET), en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Las disposiciones identifican organismos de seguridad, fuerzas federales, autoridades de inteligencia criminal y mecanismos de enlace con la Santa Sede. También contemplan alertas tempranas, intercambio de información y respuesta ante contingencias. Pero no mencionan a los organismos especializados en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa.

Es cierto que las normas expresan la posibilidad de que la UEET convoque a otros organismos nacionales a requerimiento y necesidad. Pero la ausencia en los textos publicados reveló que no se hizo explícita una responsabilidad cibernética dentro de la estructura formal del operativo.

Por consiguiente, el Estado Nacional asume una serie de riesgos importantes: la intervención de infraestructuras críticas, como los sistemas de navegación aérea, los ferrocarriles, el subte, la energía y las telecomunicaciones; hackeo de información gubernamental, organizativa o sensible; operaciones de ciberespionaje; acciones de grupos hacktivistas y campañas de desinformación orientadas a propagar, por ejemplo, falsas amenazas para generar confusión y desconfianza pública. Y esto toma mayor dimensión cuando no se trata solo del Estado Nacional, sino también de estados provinciales, municipales y proveedores involucrados.

La información disponible no permite afirmar o negar que exista una amenaza concreta. El problema es que el Estado Nacional, a través de la UEET, debería poder demostrar que dispone de capacidades suficientes para anticipar cualquiera de estos escenarios.

La Argentina cuenta con dependencias con competencias diferenciadas para enfrentar esas amenazas: el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD); tres organismos que deberían complementarse, pero que funcionan como compartimientos estancos, de acuerdo con fuentes consultadas en el ministerio de Seguridad, Defensa y del ámbito. Y la situación toma mayor magnitud cuando se examina la situación de cada una de las instituciones.

El Centro Nacional de Ciberseguridad no comenzó a funcionar

El Decreto reformuló el rol de la SIDE y creó de manera formal el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como un organismo descentralizado. Este organismo es el rector de la protección del ciberespacio de interés nacional y su misión es elaborar políticas para el sector público, coordinar respuestas ante incidentes, identificar vulnerabilidades y proteger infraestructuras críticas.

El Decreto 269/2026 modificó de manera directa la estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se establecieron nuevas competencias para coordinar las políticas tecnológicas y de control administrativo. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del CNC quedó envuelta en cuestionamientos que adquirieron particular gravedad durante este mes.

El 20 de octubre estaba previsto el primer gran evento público del CNC, junto a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, denominado: “Ciberseguridad en Argentina: del desafío a la solución”, en el Centro Cultural de la Ciencia. El evento, con sponsors y ponentes confirmados, fue cancelado la noche anterior, sin explicación, sin comunicado oficial y su sitio web dejó de estar disponible.

Al día siguiente, se divulgaron a nivel mundial dos vulnerabilidades críticas en PHP (lenguaje de programación interpretado, de código abierto y de uso general, diseñado principalmente para el desarrollo de sitios web, pero del lado del servidor), capaces de permitir ejecución remota de código sin autenticación en servidores afectados. Según datos públicos más del 70% de los sitios utiliza este lenguaje de servidor.

Mientras organismos internacionales difundían advertencias urgentes y recomendaciones de actualización, el CNC no publicó nada en sus canales públicos. Tampoco se identificó una directiva general del Gobierno para coordinar la revisión y mitigación de los sistemas potencialmente afectados. Algunas dependencias habrían implementado correcciones por iniciativa propia.

Un día después, el 22 de octubre, trascendió la salida del director ejecutivo, Ariel “Wata” Waissbein, y del subdirector, Ezequiel David Gutesman. Las versiones periodísticas señalaron que ambos habían presentado sus renuncias, aunque también surgieron diferencias sobre las circunstancias de la salida del director.

Su gestión transcurrió en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a los ataques informáticos y las vulnerabilidades de sus sistemas; aunque también trascendieron supuestas reticencias a compartir información con sus pares, con los superiores y más con los escalafones inferiores, como Contrainteligencia.

En paralelo, hubo versiones que adjudicaban la salida de Waissbein y Gutesman a destratos provenientes de la conducción política. Waissbein, quien era cercano a Rodrigo Lugones, y al asesor presidencial Santiago Caputo, y por el otro lado Diego Santilli, el Jefe de Gabinete que efectuó cambios significativos en la conducción en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Hasta la fecha, no hubo una versión oficial sobre el tema.

La situación resulta especialmente contradictoria si se considera lo que sucedió ese mismo día. El 22 de octubre, el canciller Pablo Quirno y el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, anunciaron un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares para la creación del Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad, para monitorear y proteger las redes informáticas del Estado Nacional y evaluar la seguridad de la red troncal de Internet. Además, el reemplazo progresivo de equipamiento de origen chino, particularmente Huawei. Argentina deberá afrontar principalmente la adquisición de hardware, licencias de software y los costos de operación.

La parálisis del CNC cobra un dramatismo singular ante la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina. Mientras el Vaticano exige rigurosos protocolos de protección técnica e infraestructuras críticas blindadas, el organismo encargado de coordinar esa defensa permanece sin funcionar.

No habrá ciberdefensa operativa durante la visita papal

El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD), dependiente del Estado Mayor Conjunto, es otro organismo de la misma arquitectura, encargado de proteger los activos y capacidades digitales vinculados con la defensa nacional y transformar sus advertencias en acciones preventivas. Sin embargo, enfrenta problemas igualmente o más graves que el CNC.

A través del Decreto 1112/2024, se reconoce expresamente al ciberespacio como ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y se establece la existencia permanente de una estructura militar para operar en él. A su vez, el Decreto 1107/2024 incorpora mecanismos de protección de los Objetivos de Valor Estratégico, cuya seguridad también depende de sistemas digitales y tecnologías operacionales.

Pero las normas contrastan con la capacidad de cumplirlas. En agosto de 2026, el traslado de su sede desde Puerto Madero hacia instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, provocó el desmontaje del nodo de conectividad y la desconexión de herramientas esenciales. De acuerdo con fuentes del ministerio de Defensa, hasta ahora no se restituyó la capacidad integral del CCCD.

La visita del papa León XIV se encontrará con que el CCCD no cuenta con un edificio operativo y, por consiguiente, con infraestructura, personal especializado y herramientas que permitan detectar y responder ante amenazas que comprometan los intereses de la Defensa Nacional, por lo tanto no está en condiciones y capacidad para asistir en la detección temprana y al análisis de posibles incidentes. A esto hay que sumarle que, desde diciembre de 2025, la Subsecretaría de Ciberdefensa está acéfala.

La Agencia de Ciberinteligencia no rinde cuentas

La Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), dependiente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tiene como función identificar riesgos, amenazas y oportunidades que afectan la soberanía, la integridad territorial y los intereses vitales del país y fortalecer la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

La visita papal prevista para noviembre expone amenazas digitales concretas: intrusiones en infraestructuras drones no autorizados e interferencias críticas, desinformación, estafas con alojamientos y accesos falsos, entre otros; pero la AFC las enfrenta sin un marco de rendición de cuentas. El Decreto 941/2025 aplicó a toda actividad de inteligencia carácter encubierto, de modo que la agencia que debe anticipar riesgos para el operativo no está obligada a explicar cómo, sobre quiénes ni con qué límites produce la información que eleva al Poder Ejecutivo. La opacidad, presentada como protección del evento, también protege a la agencia de cualquier control.

La responsabilidad de la AFC de “fortalecer la toma de decisiones” del Ejecutivo choca con un diseño que la faculta a recolectar y cruzar datos personales junto a más de quince organismos públicos, sin procedimientos claros, ni controles judiciales efectivos. En un operativo que movilizará a millones de fieles, esa potestad se presenta como protección al Sumo Pontífice, pero también habilita la vigilancia de quienes lo reciben.

La agencia no rinde cuentas sobre sus alcances, fuentes y procedimientos. La protección de León XIV y de sus fieles exige inteligencia, pero también de planificación, articulación y controles democráticos que hoy brillan por su ausencia.

Las autoridades de la SIDE, encabezada por Cristian Auguadra, y en la que participó el director de la AFC, Héctor Casas, expusieron ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, a fines de agosto de 2026. La “rendición” de gastos de los 8.000 millones de pesos ilustran el problema: la vista del papa se invoca para justificar erogaciones que no se detallan y tampoco la coartada para ampliar una posible caja negra.

Argentina sufrió más de 20 grandes ciberataques desde 2024

Durante la presidencia de Milei, el Estado Nacional, sus dependencias y sociedades recibieron, por lo menos, veinte grandes hackeos: seis en 2024; nueve en 2025 y cinco en lo que va de 2026.

En abril de 2024, se robaron los datos de 5.7 millones de ciudadanos del Registro Nacional de las Personas. En Navidad de ese año, un ciberataque masivo afectó el sitio oficial (www.argentina.gob.ar), la plataforma “Mi Argentina”, el sistema “SUBE” y la Gendarmería Nacional; se vieron alterados accesos a servicios y se exhibieron mensajes políticos en sitios webs.

Durante mayo y junio de 2025, se detectaron filtraciones y ataques que comprometieron datos de miles de agentes del Ejército (unos 50.000), personal nucleado en Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) (alrededor de 31.000) y un ataque directo a casi 13.000 usuarios de la plataforma “Mi Argentina”. Y en agosto de 2025, una ola de hackeos expuso bases de datos sensibles pertenecientes a organismos como la Armada y el Ministerio de Salud, además de otros incidentes menores y sustracciones de datos en distintas áreas del Estado Nacional.

A fines de marzo de 2026, el grupo Chronus Team realizó un ataque coordinado contra diversos organismos y es considerado uno de los incidentes de ciberseguridad de mayor magnitud en la historia argentina. El impacto de esta ofensiva masiva se debió principalmente a la sincronización de las filtraciones y a que golpeó la administración pública nacional y carteras e instituciones provinciales. En total 28 entidades fueron afectadas, entre las más importantes: Jefatura de Gabinete de Ministros, Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) Ministerios de Salud de la provincia de Buenos Aires, Salta y Misiones, Policías de la provincias de Salta, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Tucumán, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; entre tantos otros.

A finales de julio y comienzos de agosto de 2026, Oleoductos del Valle (Oldelval) reportó formalmente ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) un ciberataque, que afectó a sus sistemas administrativos internos y redes locales, pero no comprometió el transporte operativo de petróleo desde Vaca Muerta. El grupo “The Gentlemen” se adjudicó el ataque a través de redes sociales.

El historial de ataques demuestra que la vulnerabilidad digital del Estado no es una hipótesis, sino una realidad documentada. Ignorar estos antecedentes equivale a dar por sentado que el peligro no volverá a suceder. Frente a la inminente visita papal, la brecha de seguridad ya está abierta y no hay margen para improvisar.