WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema rechazó el lunes un intento de que California separara miles de boletas por correo de personas que el gobierno del presidente Donald Trump dice que no son ciudadanos, en la víspera del último día de votación en las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El máximo tribunal se negó a intervenir en un caso que involucra a 20.000 personas que el gobierno republicano dice que probablemente no son ciudadanos y se encuentran en los padrones electorales del estado, cuyos habitantes se inclinan por los demócratas en gran medida.

El rápido rechazo fue el más reciente en una oleada de litigios relacionados con las elecciones el día previo a los comicios, en los que se decidirá el control del Congreso durante los últimos dos años del segundo mandato de Trump. Ningún juez expresó públicamente su disenso.

En California, el gobierno de Trump le había pedido al máximo tribunal que apartara las boletas impugnadas hasta que pudiera verificarse la ciudadanía de los votantes. Pero funcionarios allí dijeron que la lista parecía estar llena de errores y que apartar las boletas podría, en la práctica, privar del derecho al voto a electores legales.

El máximo tribunal no detalló su razonamiento, según es habitual en decisiones de emergencia. Los jueces ya habían rechazado previamente el intento del presidente de restringir las boletas por correo en todo el país en septiembre, aunque se han puesto del lado de su gobierno en una serie de otras apelaciones de emergencia.

El gobierno republicano de Trump le ha dado prioridad este año a tratar de identificar a personas que votaron sin ser ciudadanos estadounidenses, pese a que los casos son poco frecuentes.

Un juez de un tribunal de distrito denegó de manera contundente la solicitud del Departamento de Justicia y advirtió que la exigencia podría privar del derecho al voto a ciudadanos.

Por otro lado, el mismo día en Washington, otro juez federal falló en contra de los intentos del gobierno federal de hacer cambios de último momento en las elecciones de California, tras determinar que violaban la Constitución de Estados Unidos.

"El poder ejecutivo probablemente ha violado la Cláusula Electoral de la Constitución, que confiere la autoridad sobre las reglas electorales únicamente a los estados y al Congreso”, escribió el juez presidente James Boasberg.

El gobierno, por su parte, dijo que separar las boletas era una solicitud modesta que a la larga sí permitiría que los votos legales se contaran.

El gobierno federal ha sufrido una racha de derrotas en los tribunales con este caso, así como críticas por esperar hasta unas semanas antes de las elecciones para presentar sus exigencias a los funcionarios electorales de California, con una lista que incluso el Departamento de Justicia admite que no es del todo confiable.

Durante una audiencia acerca de si habría que levantar su propia orden, la cual le prohíbe al gobierno de Trump amenazar con procesar a trabajadores electorales que permitan que votantes potencialmente ilegales emitan su voto, la jueza de distrito Trina Thompson profundizó en informes de inexactitudes generalizadas en los datos del Departamento de Justicia.

“¿Estaría de acuerdo en que hay una alta tasa de errores?”, le preguntó Thompson a Kenneth Kao, un abogado del Departamento de Justicia.

“Es una afirmación razonable”, respondió Kao. “Por eso pedimos la colaboración de los responsables del registro para verificar que todos ellos sean votantes válidos”.

Al mismo tiempo, Bill Essayli, el fiscal federal que dirige la oficina del Departamento de Justicia en Los Ángeles, indicó en una conferencia de prensa que tenía mucha certeza de que las personas en la lista no tenían derecho a votar.

“Esto no es especulación. Esto no es una teoría”, afirmó Essayli, aunque más tarde reconoció que podría haber errores en la lista.

La votación está en marcha en California —un estado que en su mayoría se inclina por los demócratas— desde comienzos de octubre. Los aproximadamente 23 millones de votantes registrados del estado reciben una boleta por correo. Cientos de miles de boletas ya han sido procesadas. Funcionarios electorales de California han dicho que encontrar y apartar ahora las boletas impugnadas sería logísticamente imposible.

El fiscal general de California, Rob Bonta —de filiación demócrata—, declaró que la apelación “es pura desesperación y no es más que otro intento de socavar nuestras elecciones y pisotear el Estado de derecho”.

Tribunales inferiores han fallado a favor de California, y un juez de distrito advirtió que separar las boletas “causaría estragos” en las elecciones de mitad de mandato y erosionaría la confianza en el proceso democrático.

“Si el poder ejecutivo puede desestimar votos y amenazar unos comicios en curso con base en acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro”, escribió el juez federal de distrito David O. Carter, quien fue nominado por el presidente demócrata Bill Clinton.

Un panel de un tribunal de apelaciones confirmó su orden por 2 votos frente a uno, y un juez nombrado por Trump y otro nombrado por el presidente demócrata Joe Biden votaron a favor. El tercer juez, también nombrado por Trump, sostuvo en un disenso que la negativa de California a separar las boletas alienta la “violación de la ley federal”.

El Departamento de Justicia ha intentado acelerar el caso, al pedirle sin éxito a un tribunal de apelaciones que interviniera de manera anticipada.