El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta para modificar una normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre las solicitudes de trabajo que afecta a los inmigrantes mexicanos. De aprobarse, quedaría eliminada una disposición que obliga a los funcionarios a respetar determinadas decisiones favorables adoptadas anteriormente sobre la elegibilidad de un trabajador.

La regulación en cuestión, definida en la Sección 8 CFR 214.1(c)(5), establece un criterio de deferencia cuando un empleador solicita prolongar la permanencia del mismo beneficiario, bajo la misma clasificación migratoria y sin modificaciones sustanciales.

En esas condiciones, el USCIS debe tomar como referencia su resolución previa, salvo que detecte un error material, cambios relevantes o nueva información desfavorable.

La propuesta del DHS consiste en que los funcionarios de USCIS realicen una evaluación independiente de cada petición, incluso cuando el organismo ya hubiera autorizado una solicitud semejante para ese inmigrante.

¿Por qué quieren cambiar esta normativa?

En un comunicado conocido en octubre pasado, el DHS sostiene que “este cambio armonizaría mejor las regulaciones del DHS con la ley, la cual impone al peticionario, solicitante o beneficiario la carga de probar la elegibilidad para todos los beneficios migratorios”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quiere que los funcionarios tengan más autonomía para resolver las solicitudes de empleo. Foto: Archivo.

También, dice, “fortalecería la revisión de adjudicación; y respaldaría las prioridades de la agencia para mejorar la integridad del sistema migratorio y proteger mejor los intereses de los trabajadores estadounidenses”.

En otras palabras, al eliminar el requisito, USCIS podría reconsiderar los elementos presentados por el solicitante y determinar si continúa cumpliendo las condiciones correspondientes a su clasificación.

Agrega que “el requisito establecido por la Sección 8 se aplica con mayor frecuencia cuando un empleador busca extender una petición para el empleo de un extranjero bajo una clasificación de trabajador no inmigrante que ya ha sido aprobada”.

El DHS plantea que la responsabilidad de demostrar la elegibilidad debe permanecer en el autor de la solicitud, sin depender de las resoluciones anteriores. De esta manera, asegura, habría mayores posibilidades de identificar irregularidades, detectar información relevante que no hubiera sido advertida y fortalecer los controles sobre el cumplimiento de las condiciones migratorias.

Respecto a las posibilidades de fraude, el DHS agrega resultados de inspecciones a empresas que contratan inmigrantes para fortalecer el pedido. “Los datos demuestran porcentajes más altos de fraude e incumplimiento identificados en el Programas H-1B y L-1A desde el momento en que USCIS reinstauró su política de deferencia y la incorporó a su Manual de Políticas internas”.

“Para los casos de extensión H-1B del año fiscal 2022 al año fiscal 2025, el porcentaje combinado general de incumplimiento o fraude entre los sitios H-1B visitados durante las visitas administrativas y dirigidas de USCIS fue del 22,39%”, dice el informe oficial.

Agrega que, “en comparación, cuando USCIS tenía una política de no deferencia, el porcentaje de incumplimiento o fraude H-1B entre el año fiscal 2018 y el año fiscal 2020 fue del 16,77%”.

El DHS dio a conocer algunas estadísticas de fraude cometido bajo la norma que quiere eliminar. Foto: Shutterstock.

Sobre los casos de extensión L-1A, el porcentaje de incumplimiento o fraude del año fiscal 2022 al año fiscal 2025 fue del 24,46%. En comparación, el porcentaje para la misma situación entre el año fiscal 2018 y el año fiscal 2020 fue del 18,37%”.