La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) reclamó avanzar con la adhesión al convenio internacional UPOV-91, que amplía la protección de los derechos de los obtentores de semillas La entidad considera que la actualización del marco de propiedad intelectual es clave para atraer inversiones, acelerar la llegada de innovaciones al agro y mejorar la productividad.

“Aprueben UPOV-91, la ley de patentes de los 90 es razonable. Ese sería el mejor escenario para nuestras empresas”, afirmó Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham Argentina. El planteo de la entidad se produce en medio de las diferencias entre la industria semillera y las entidades de productores por el alcance que debería tener una nueva Ley de Semillas, en particular en lo referido al pago por el uso propio de las semillas autógamas (trigo y soja), que hoy el productor puede sembrar sin la necesidad de pagar al obtentor.

Díaz remarcó que la adhesión a UPOV-91 forma parte de los compromisos asumidos por la Argentina con Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés). Según lo establecido, el país deberá presentar ante el Congreso una propuesta de adhesión antes de diciembre de 2027. “El Gobierno argentino tiene tiempo suficiente para presentarlo”, sostuvo.

En ese sentido, desde AnCham reconocieron que se dieron avances concretos: en junio, se derogó la Resolución 283/2015 que establecía criterios restrictivos para las invenciones biotecnológicas. En agosto, Diputados aprobó con cambios la adhesión al PCT, y ahora está en el Senado para ser tratado. Y en semillas, el Instituto Nacional de Semillas (INASE )reforzó los controles.

Consultado sobre las consecuencias de una eventual falta de cumplimiento, Díaz respondió: “Es uno de los compromisos que asumieron, con lo cual después se verá en el proceso qué compromisos de ese ARTI no se cumplen y cuáles, de alguna manera, son los impactos que van a tener en la relación bilateral”.

Para AmCham, la discusión sobre UPOV-91 excede el reconocimiento de los derechos de los obtentores vegetales y se vincula directamente con la capacidad del agro argentino para incorporar innovaciones. Díaz sostuvo que la protección de la propiedad intelectual, junto con la eliminación de restricciones a la patentabilidad, permitiría que las empresas internacionales aceleren la llegada de nuevas tecnologías al país.

En ese sentido, señaló que la Argentina presenta un retraso frente a países vecinos en la disponibilidad de algunas innovaciones. Por lo que el directivo planteó que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas puede traducirse en mejoras de productividad y producción.

La cámara considera que UPOV-91 establece un marco internacional de protección para los derechos de obtentor y reglas más claras sobre el uso propio de semillas. Y destacó que el convenio, adoptado por más de 60 países, contempla una protección mínima de 20 años para esos derechos desde su concesión y que su implementación podría favorecer la inversión en investigación y desarrollo, los rendimientos y las exportaciones, tanto en soja y maíz como en cultivos regionales, entre ellos algodón, garbanzo y trigo.

La entidad también planteó que la nueva Ley de Semillas debe ser compatible con UPOV-91 y garantizar esa protección mínima de 20 años para los derechos de obtentor desde su concesión Y advirtió que una reforma sin adhesión al convenio o que establezca un régimen de uso propio demasiado amplio, hasta el punto de vaciar esos derechos, no cumpliría con los compromisos asumidos con Estados Unidos.

AmCham reclamó que el Gobierno asuma un compromiso concreto no solo para enviar el proyecto al Congreso, sino también para impulsar su aprobación.

La entidad sostuvo que la presentación no debería quedar supeditada indefinidamente a un acuerdo con los productores y pidió priorizar el tratamiento legislativo durante las sesiones ordinarias o en eventuales extraordinarias entre diciembre y febrero.

El planteo tiene en cuenta que 2027 será un año electoral, con una agenda parlamentaria más acotada. Por eso, la cámara empresaria considera que el Gobierno debería aprovechar las próximas oportunidades legislativas para avanzar con la iniciativa.