Dos productores rurales de Carlos Casares recurrieron a la Justicia para conocer en qué se utilizarán los $2,3 billones que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció en agosto pasado para el Plan de Gestión del Riesgo Climático, en un contexto de preocupación por los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño.

En tanto, ante la consulta de Clarín Rural, desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondieron que "van a contestar el pedido de informes a la brevedad"

La acción de amparo de acceso a la información pública fue presentada contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El objetivo es que la Justicia ordene la entrega completa, precisa, útil y documentada de la información solicitada el 22 de julio sobre el plan climático y las obras hidráulicas, viales y preventivas previstas en la Cuenca del Río Salado, particularmente en la Subregión A3 y el partido de Carlos Casares.

La presentación, realizada el 22 de octubre, busca reconstruir el recorrido completo de los fondos anunciados por la Provincia: desde la planificación y el presupuesto hasta la contratación de empresas, la ejecución de las obras y los mecanismos de control.

El reclamo judicial se produjo después de que los productores presentaran un pedido formal de información en la mesa de entradas del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que no obtuvo respuesta. El 4 de septiembre quedó configurada la denegatoria tácita que habilitó la vía judicial.

Entre los principales interrogantes planteados figura si el plan cuenta con respaldo administrativo formal, qué acto lo aprobó, cuál es el expediente correspondiente, qué estudios técnicos lo fundamentan y qué cronograma financiero se estableció para su implementación.

Los productores también buscan conocer el origen y el estado de los recursos. En concreto, solicitan información sobre las partidas presupuestarias asignadas, las eventuales modificaciones realizadas, los montos comprometidos, devengados y pagados, y el saldo disponible. Además, piden precisiones sobre la existencia de créditos, empréstitos o préstamos destinados a financiar las obras, sus condiciones y los proyectos comprendidos. En caso de que se hayan realizado reasignaciones presupuestarias, reclaman conocer las normas o autorizaciones que las respaldaron.

Otro capítulo de la presentación apunta a las empresas contratistas y los procedimientos utilizados para adjudicar los trabajos. El pedido incluye pliegos, contratos, certificados de obra, pagos, inspecciones y actas de recepción, con el objetivo de determinar quiénes intervienen en la ejecución y qué montos recibieron.

En materia de infraestructura, la demanda solicita un detalle de las obras proyectadas, licitadas, adjudicadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas en la Cuenca del Río Salado, con especial atención a Carlos Casares. Los productores reclaman datos sobre la ubicación de cada intervención, sus responsables, los avances físicos y financieros y los plazos previstos.

La consulta también abarca caminos rurales, alcantarillas, canales, drenajes y otras medidas preventivas. A su vez, pide conocer qué información climática e hidrológica se utilizó para diseñar el plan y qué actuaciones se llevaron adelante frente a los anegamientos y los problemas en la red vial rural registrados durante 2025 y 2026.

El planteo de los productores pone el foco en la necesidad de que la propia gestión bonaerense brinde información documentada sobre los recursos públicos que anunció y las acciones que prevé ejecutar.

El reclamo se apoya, además, en antecedentes judiciales vinculados con el acceso a información sobre obras de infraestructura. Entre ellos se destaca el caso Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares, en el que la Justicia ordenó recientemente al municipio completar la información requerida sobre obras de alcantarillado en la ruta de tierra N° 50.