La Cuestión de las Islas Malvinas, tal como se conoce diplomáticamente al reclamo de soberanía, venía operando como un salvavidas para el Gobierno. Cada vez que el presidente Javier Milei recurría a esa reivindicación, su figura ganaba puntos en el debate en las redes sociales y lograba cambiar, por momentos, el eje de una discusión focalizada en la difícil situación económica de millones de argentinos. En el último tiempo aparecieron espinas, algunas públicas y otras subrepticias, que entorpecen esa estrategia.

El reclamo de Estados Unidos oficializado en Buenos Aires por el segundo de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Christopher Landau, para que la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional -“Ley Malvinas”- no afecte a las empresas norteamericanas obliga a la Casa Rosada a buscar de qué manera articular ese pedido que, viniendo de la administración Trump, es un mandamiento.

Al parecer, lo menos costoso políticamente sería que el proyecto se diluya. Queda apenas un mes de actividad oficial en el Congreso, salvo que el Ejecutivo llame a extraordinarias para tratar este asunto en particular. Y el año próximo, todo estará supeditado a la campaña electoral, con un parlamento inactivo. La otra opción es modificarlo. Quedaría expuesto que es consecuencia del planteo del Departamento de Estado. No hay que descartarlo, la lógica libertaria a veces funciona con otros parámetros.

En el marco de esa estrategia, el oficialismo ha optado por aceptar las modificaciones propuestas por los aliados, sobre todo en la creación del Consejo de Seguridad, ideado a imagen y semejanza del organismo de Estados Unidos. Eran innumerables los cuestionamientos por su poder de policía. ¿Será a cambio de introducir cambios limitando las sanciones como pide Washington?

En ese entramado el Gobierno cambió parte de la letra y decidió incorporar al Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva al Consejo. La funcionaria está alineada con Karina Milei. Pero había una superposición de roles entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad como Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. La redefinición de roles no ocurrió en total armonía.

La ministra Alejandra Monteoliva y Karina Milei. Foto: Luciano Thieberger

Hubo roces entre el ministro de Defensa, Carlos Presti y su vice, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Puebla. Presti habría recibido el llamado de la secretaria de Legal y Técnica, María Irarzábal, simplemente para que describa en un informe el papel de las FF.AA en la nueva ley. Pero ante las demoras y elusiones, desde la Casa Rosada le pidieron el informe a su segundo, Puebla, quien lo remitió sin tardanza. Cuando Presti se enteró, se produjo un cruce con su vice que, pese a los agoreros de una posible renuncia del titular de Defensa que arrastra otros problemas como el de la polémica reestructuración de la obra social IOSFA, no habría pasado a mayores.

Trato preferencial con Chile

En lo que respecta a la estrategia del Gobierno sobre Malvinas, parece haber un doble estándar. Así como la réplica con Londres es permanente, para mantener vivo el debate, no ocurre lo mismo con otros gobiernos de la región, como es el caso de Chile, tal vez porque Milei privilegia la sintonía ideológica con José Antonio Kast y el alineamiento de ese grupo de mandatarios de derecha con Trump.

Como lo viene reflejando Clarín, el 11 de noviembreClarínrguero Danstar, de la firma chilena Easter Island Naviera, inaugurará una nueva ruta comercial marítima entre Chile y las Malvinas con carga logística destinada al abastecimiento de las islas. El buque utilizará el Estrecho de Magallanes antes de continuar su navegación hacia el Atlántico. Días atrás viajó a Punta Arenas el propio embajador británico en Santiago, David Concar, para confirmar la validación de Londres. ¿Qué hubiera ocurrido si una movida similar la habría hecho el gobierno de Brasil de Lula Da Silva?

El hecho no pasó desapercibido para el gobierno libertario, aunque lejos estuvo de ser utilizado para exponer públicamente la colaboración de Chile con el Reino Unido y con las autoridades de las Islas. De manera reservada, el canciller Pablo Quirno habría intentado interceder a través del embajador en Chile, Jorge Faurie, para que la naviera propietaria del buque no use la ruta del Estrecho de Magallanes sino que lo haga por el Pasaje Drake y, de esa manera, evitarle a la Argentina cuestionar el paso por el mar territorial argentino. La respuesta de la naviera fue no.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a Javier Milei. Foto: EFE/ Elvis González

Tampoco accedió a que el buque se someta a una visita de inspección una vez que entre al Mar Argentino. La tercera negativa de la empresa chilena fue rechazar el gesto de dar a conocer los detalles de la carga que trasladará, para que el gobierno libertario pudiera mostrar al menos que no era mercadería que colabora con el proyecto Sea Lion de explotación petrolera en el Atlántico Sur.

Optimismo en Washington

La Casa Blanca sostiene y profesa su apuesta al experimento argentino con Milei. Christopher Landau no ahorró elogios aquí, donde también se reunió con Milei, al asegurar que no existe otro país en todo el mundo como la Argentina, con el que Estados Unidos esté tan alineado y hasta vaticinó una "nueva era dorada" para el país.

La apuesta de Washington es clara: inversión en energía, minerales críticos, e infraestructura. Además de la inercia que genera Vaca Muerta.

Estados Unidos y otros países deben toparse con una realidad argentina que dista mucho de ser la ideal, sobre todo por sus problemas en infraestructura. Las empresas apostaban a que el Grupo Mexico se quedara con el Belgrano Cargas y así poder extender las líneas férreas para el transporte de minerales -cobre cuando empiece, litio-. Pero se bajó de la competencia y el proceso se demora. Por eso avanza la opción de salida al puerto y mar por Chile, por el Pacífico.

Las inversiones también enfrentan paradojas. En Añelo, Neuquén, conviven Vaca Muerta, una de las mayores reservas mundiales en gas y petróleo no convencionales con la mitad de una población que usa garrafas para abastecerse. En Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, el empleo más buscado para la próxima década es el de bioquímico por el desarrollo de la minería, pero esa carrera no existe en la provincia ni tampoco se planea darle inicio. En el Sur, en cambio, como no se enseña Ingeniaría en petróleo, las empresas toman estudiantes de ingeniería industrial a mitad de carrera y los especializan.

Pese a todo, en Washington subyace la percepción de que el plan de inversiones en la Argentina continuará en la próxima administración, aunque sea demócrata. Primero, porque se trata de un negocio más que atractivo y, segundo, porque detrás se libra la pelea con China por los recursos de América Latina. La Casa Blanca es consciente que cuenta con unos US$ 25-30 mil millones para la región, pero que Beijing dispone de US$ 124 mil millones.

Incluso, hasta desdramatizan un escenario totalmente negativo, sin la reelección de Milei, más allá de que el gobierno de Trump está decidido a respaldar al líder libertario tanto a nivel inversiones, como garantizando los compromisos de la deuda e incluso, el tipo de cambio, como ocurrió en 2025.

Gobierno y compañías estadounidenses consideran que el RIGI es la mejor noticia porque están convencidos de que un eventual gobierno de distinto color político en el país tendrá que respetar esa inercia y esas reglas jurídicas porque de lo contrario la Argentina sufriría un doble revés: perdería los juicios en los tribunales de EE.UU y entraría en una grave crisis económica por el cambio de modelo.