Recientemente, el INDEC publicó un dato desalentador: la pobreza volvió a subir en la Argentina. Este dato contradice el imaginario colectivo alrededor del cual se construyó nuestra sociedad. En el siglo XX, Argentina era pensada como un país de clases medias, con bajos niveles de pobreza y amplias posibilidades de ascenso social a través del trabajo y la educación. Esa imagen se invirtió. En lugar de una sociedad integrada, hoy encontramos clases que funcionan como compartimentos estancos y amplios sectores que viven en los márgenes

En el libro que edité recientemente, Pobreza. La grieta que importa (Editorial Planeta), junto a algunos de los mayores especialistas en pobreza del país nos centramos en estudiar las causas, fisonomía y consecuencias de este problema: la grieta entre quienes cuentan con acceso a empleos estables, servicios de calidad y oportunidades de progreso, y aquel grupo creciente de personas que viven de forma permanente en condiciones de exclusión social.

El punto de partida del libro es que la fijación del debate público con la pobreza por ingresos (el porcentaje de hogares que, según el INDEC, no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total) desvía la atención de la pobreza estructural, uno de los problemas más acuciantes del país.

La pobreza monetaria es relevante, pero no alcanza para entender el nivel de privación en el que viven los argentinos más postergados. El caso de Martín, de Villa Itatí, ilustra este problema. Martín consiguió empleo en un comercio y sus ingresos, sumados a los de su esposa, superan el umbral fijado por la CBT.

Para el INDEC, esa familia dejó de ser pobre. Sin embargo, su situación estructural no mejoró: el empleo conseguido es informal e inestable; su familia vive en una casa con techo de chapa, sin acceso a cloacas ni a gas, que se inunda cuando llueve; y sus hijos caminan por calles de tierra embarradas para llegar a una escuela que se cae a pedazos. La realidad de Martín y su familia es la de casi cinco millones de argentinos que habitan los 6.400 barrios populares de la Argentina. Allí, el 92% no tiene conexión formal al agua corriente, 97% no tiene cloacas y el 99% no tiene red de gas.

El padecimiento de estas familias no es solo material. Detrás de los números hay un proceso de desintegración familiar más profundo, pero menos visible para la opinión pública.

Décadas de privaciones erosionaron los vínculos familiares y sociales, desdibujaron los roles que organizan la vida cotidiana y generaron un clima extendido de desaliento.

Casi la mitad de los hogares vulnerables son monoparentales, generalmente a cargo de mujeres que deben generar ingresos y cuidar a dependientes. Cuando esta carga las desborda, se traslada a los hijos mayores, repercutiendo gravemente en su desempeño educativo. Según una encuesta de CIAS-Fundar entre jóvenes de barrios populares, para el 43% trabajar es el principal obstáculo para cumplir sus metas educativas y para el 30% lo es la necesidad de cuidar hijos u otros familiares o ayudar en su casa. El resultado es desolador: el 59% de estos jóvenes mayores de 19 años no ha terminado el secundario.

La escuela recibe jóvenes con problemas de abandono familiar, consumos problemáticos, violencia barrial y códigos de la calle que chocan con la lógica escolar. Por eso, como argumentan Hernández y Elizondo en el libro, aun cuando intenta contener, la escuela termina desbordada, no pudiendo por sí sola volver a tejer lo que el resto de la trama destruyó. Sin una escuela que funcione como una escalera de movilidad social, muchos ya no creen que existe un futuro mejor para ellos (o, en algunos casos, siquiera un futuro).

La otra escalera de movilidad social astillada es la del mercado de trabajo, con cada vez más empleos de baja calidad. Entre 2016 y 2025, el empleo asalariado informal creció el doble que el formal, con este último en caída desde finales de 2023. Gran parte de esta caída es contenida por el cuentapropismo, que subió en los últimos años.

Estas modalidades de empleo en crecimiento son más inestables, con menos derechos y peores ingresos: en promedio, un asalariado informal tiene dos veces y media más probabilidades de ser pobre que uno formal. Este problema es particularmente acuciante para los jóvenes: entre los años 2015-2024, la tasa de informalidad entre los trabajadores asalariados de 15 a 24 años fue un 81,08% más alta que la del total de los asalariados en la fuerza laboral.

En resumen, el mercado de trabajo, la escuela y la familia, instituciones centrales que supieron estructurar la vida de los sectores populares, ya no contienen ni prometen un futuro mejor. Este enorme vacío pasó a ser ocupado progresivamente por el narco, que promete a los jóvenes lo que esas instituciones ya no pueden brindar: ingresos suficientes, reconocimiento y un sentido de pertenencia.

Frente a estas problemáticas, ¿qué ha hecho el Estado? En los últimos 25 años, se consolidó un sistema de política social eficaz como red de contención que evita que los sectores excluidos caigan del todo, pero que es muy limitado como mecanismo de movilidad social ascendente.

Es necesaria una mayor inversión en la construcción de trampolines (mejores escuelas, barrios menos segregados) que impulsen la movilidad social ascendente de estos sectores. Aún hay tiempo para revertir esta dinámica, pero cada año perdido deja marcas difíciles de reparar en la mitad de los niños y adolescentes que hoy crecen en la pobreza en la Argentina.