La renuncia del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González -mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, para dos de los pocos sectores que tienen actividad en crecimiento- sorprendió a las empresas, que lo tenían como interlocutor del Gobierno y autorizador de los distintos proyectos que quieren aplicar al RIGI.

González siente que hizo su aporte para encaminar el sector energético, problemático desde hace 20 años para la Argentina -cuando crecieron los subsidios y se empezó a revertir el superávit comercial-, precisamente reduciendo la ayuda del Estado a los usuarios y liberando políticamente el salto de las exportaciones.

Con los aumentos de tarifas se bajó el gasto en subsidios del equivalente a 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) al 0,5% actual; se modificó la ley de zonas frías para reducir su alcance y obtener un ahorro fiscal; y comenzó la reforma eléctrica tendiente a correr al Estado de la gestión del mercado.

También se reglamentó el cambio en la ley de hidrocarburos para fomentar las exportaciones de Vaca Muerta; se modificó la ley de glaciares para desbloquear inversiones mineras y se avanzó con la venta de acciones estatales en Transener y las concesiones hidroeléctricas del Comahue, que generaron ingresos para el Estado por US$ 1.000 millones, entre otras acciones.

Pero quedaban varios desafíos pendientes, incluso temas conflictivos.

Ente regulador y denuncia penal por Malvinas

El punto más urgente es la designación de un nuevo presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que se unificó este año y a poco de andar tuvo la renuncia de su primer titular, Néstor Lamboglia.

Caputo y González impulsan al subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller; pero también tiene chances Mario Cairella, ex vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que supo contar con el apoyo del asesor presidencial Santiago Caputo.

Cairella se fue enfrentado con ambos por diferencias en los planes para evitar cortes de luz, inversiones prioritarias y el cobro por anticipado a los hogares de obras que hará el sector privado, como el refuerzo de las líneas de transmisión eléctrica llamado "AMBA I".

Fuentes del sector también mencionan a Carlos Casares, ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que renunció a principios de 2026 por entender que el Gobierno prescindía de su trabajo al unificar el ente y darle la conducción a Lamboglia -interventor del ENRE-; y a la consultora Mónica Gay.

El presidente del ENReGE será quien tenga formalmente el rol de controlar a las empresas de transporte y distribución de luz y gas, donde viene ganando cada vez más peso José Luis Manzano -con Edenor y Metrogas- y los hermanos Juan y Patricio Neuss -ahora en Transener-.

Federico Veller, el principal candidato para dirigirlo, fue denunciado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -al igual que la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo- por otorgar los beneficios del RIGI a la petrolera británica de capitales alemanes Harbour Energy.

Harbour es la continuación societaria de Premier Oil, sancionada por participar del proyecto Sea Lion al norte de las Islas Malvinas, aunque vendió su participación a la israelí Navitas Petroleum.

Hoy Harbour participa del proyecto Southern Energy -liderado por Pan American Energy (PAE)- para exportar gas natural licuado (GNL) desde la Argentina al mundo a partir de la primavera de 2027.

Por otro lado, con la salida de González, el Gobierno perdió al funcionario que aceleraba el Comité Evaluador de Proyectos RIGI. El régimen tiene aprobados 26 proyectos por casi 70.000 millones de dólares de inversiones y están en análisis otros 22 iniciativas por US$ 140.000 millones, casi todos orientados a energía y minería.

Solamente dos proyectos de YPF, el de exportación de GNL junto a la italiana ENI y la emiratí XRG y el desarrollo de petróleo no convencional en el área Loma La Lata de Vaca Muerta, implican inversiones por US$ 76.000 millones, y están pendientes de aprobación.

El plazo para solicitar el ingreso al RIGI vence el 9 de julio de 2027, unos meses antes de las elecciones presidenciales.

Asimismo, los últimos desafíos en materia de energía son la sanción de una nueva ley de biocombustibles, la coordinación con privados para atenuar la suba de precios de la nafta y el gasoil, el cálculo para el perdón cruzado de deudas entre el Estado nacional, Edenor y Edesur, las privatizaciones -junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), conducida por Diego Chaher- y licitaciones de obras estratégicas, como:

  • AMBA I, con un costo de entre 800 y 1.100 millones de dólares, se empezará a definir a partir del 14 de diciembre, y otras líneas de transmisión eléctrica como Puerto Madryn - Choele Choel podrían salir en breve a licitación, con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 200 millones.
  • La venta de las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín, que hoy tiene la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa).
  • La concesión de represas hidroeléctricas en Chubut y Mendoza, como Futaleufú y el complejo Los Nihuiles.
  • La privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que administra las centrales nucleares.
  • La privatización de la gestión de la importación de GNL.

En minería, en tanto, el sector requiere una coordinación entre proveedores de las provincias con recursos -como San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, principalmente-, que quieren impulsar leyes de "compre local" frente a otras como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Los proveedores pelean por ganar contratos y compiten a su vez con las importaciones de China, que generan ruido en la industria y ponen entre signos de interrogación a la "licencia social"; es decir, la aprobación local de la minería, ineludible para poder avanzar con las inversiones.