La toma de rehenes duró cinco horas. El motín empezó 12.36 con tres Policías de la Ciudad retenidos por los presos de la Alcaidía 1-A de Microcentro. Dos fueron liberados durante las primeras negociaciones y el tercero permaneció cautivo hasta las 17.30

Usaron su celular para filmar, sacar fotos y expresar sus demandas. La liberación terminó con los presos imputados por Marco Juliano Zunino, auxiliar fiscal Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal porteño.

Este viernes, el fiscal continuaba recabando pruebas y se prevé que en las próximas horas indague a por lo menos 10 de los involucrados por los delitos de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravada por ser cometidas por más de tres personas, daño agravado por resultar afectados bienes de uso público y lesiones leves.

Fuentes del ministerio de Seguridad de la Ciudad confirmaron a Clarín que 31 personas fueron trasladadas a distintas alcaidías de la ciudad, entre los que estaban los 10 que generaron la revuelta. Además, confirmaron que estaban procesados por robo, hurto y drogas.

Los reclusos de la alcaidía reducidos tras la toma de rehenes.

Según pudo saber este medio, el reclamo empezó luego de una pelea entre dos detenidos. Cuando la Policía a cargo de la custodia intervino, los tomaron como rehenes. La mediación estuvo a cargo de un comité especial gestionado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la fiscalía y el Servicio Penitenciario Federal.

De acuerdo a lo que denunciaron los presos, en el lugar no están dadas las condiciones para garantizar sus derechos básicos.

Por su parte, Juan Iraizos, coordinador de Centros no penitenciarios de la PPN, estuvo en la alcaidía para mediar con los detenidos. Fuentes del organismo aseguraron que entre los reclamos había pedidos para ser derivados al penal de Ezeiza y mejorar las condiciones del lugar de encierro.

En la alcaidía hay dos celdas que compartían los detenidos, sin espacio de visitas, comedor ni sectores al aire libre. Entre los presos había dos con condena firme, uno de los cuales estaba alojado allí hace más de dos años y medio.

Además, analizaban la situación respecto de uno de los involucrados en la revuelta que habría sido golpeado durante el episodio.

Los incidentes

“Hoy, a las 12.36, comenzó una toma de rehenes con 10 detenidos. Hubo una pelea entre los reos. La Policía entró y separó a uno de ellos. Los nueve restantes lo fueron a rescatar y, cuando el personal policial ingreso a poner orden, fueron tomados de rehenes un subcomisario, un inspector y un oficial mayor”, detalló Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con la prensa luego de finalizado el conflicto.

Y agregó: “A partir de esa hora, se conformó el comité de crisis para resguardar la integridad de los reclusos y del personal policial ante cualquier eventualidad. Desde entonces, se negoció durante toda la tarde. También concurrieron representantes de la fiscalía y del Servicio Penitenciario de la Nación. Finalmente, se logró un acuerdo y los reclusos que participaron del episodio quedaron detenidos. Todos fueron revisados por el SAME”.

“El objetivo de la negociación era preservar la vida del personal policial. Por ese motivo, también intervino bomberos. Todos los integrantes del comité de crisis actuaron de manera coordinada, mientras que el personal policial dispuso un operativo de seguridad para evitar posibles intentos de fuga”, insistió el funcionario porteño y adelantó que a partir de anoche, la alcaidía permanecería "cerrada por un tiempo".

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, tras finalizar el motín. Foto: Emmanuel Fernández.

Este hecho ocurrió luego del traslado de presos de la cárcel de Devoto hacia la nueva unidad que construyó -después de varios años de conflicto- la Ciudad de Buenos Aires en el penal de Marcos Paz.

La promesa, tras varios años de negociaciones, es que a esa misma unidad penitenciaria trasladarán -antes de fin de año- a otros 700 detenidos en alcaidías y comisarías porteñas, para descomprimir la situación.

La construcción de la cárcel de Marcos Paz surgió luego un convenio firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el entonces jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El acuerdo implicaba trasladar detenidos de la cárcel de Devoto, cerrar ese establecimiento y generar nuevas plazas penitenciarias para descomprimir el precario sistema de detención porteño.

El proyecto contemplaba una inversión inicial de 130 millones de dólares, de los cuales Nación debía aportar 60 millones y Ciudad financiar el resto. El establecimiento fue proyectado para alojar a unos 2.240 detenidos.

Esa obra quedó paralizada en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, en medio de un conflicto político y judicial con Rodríguez Larreta por los fondos de coparticipación.

Nación responsabilizó a la Ciudad por incumplir el convenio, mientras que el gobierno porteño cuestionó la distribución de recursos y responsabilidades. El conflicto se profundizó con el crecimiento de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, muchas de ellas sin infraestructura para alojamientos prolongados.

Esa crisis incluyó una serie de fugas en distintas comisarías de la Ciudad que tensaron la relación con Patricia Bullrich cuando el gobierno de Javier Milei la puso al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El presidente, además, le sacó el control de las cárceles al Ministerio de Justicia, que delegó la responsabilidad en la cartera de seguridad.

En ese contexto crítico, Jorge Macri reactivó las obras en diciembre de 2024. En enero de 2026, Nación y Ciudad resolvieron transferir el establecimiento de Marcos Paz al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que se encarga de administrarlo.

Finalmente, el 8 de octubre se firmó el acta de recepción provisoria y el 11 de octubre comenzó el traslado gradual de los 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz.

AA