El proyecto de Presupuesto 2027 concentra el recorte en las transferencias económicas, en particular en los subsidios a la energía y al transporte, que bajarían de 0,64% a 0,53% del PIB, de unos US$ 5.200 a US$ 4.400 millones. Sería el sexto año consecutivo de reducción.

Sin embargo, conviene leer la letra chica. El gasto primario total no baja. Sube de 12,8% a 13,0% del PIB, empujado por el gasto previsional y en salud.

El ajuste recae casi por completo sobre los subsidios y, dentro de ellos, sobre la asistencia del Tesoro a Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, que cae 45% en dólares, de USD 3.242 a 1.779 millones, el valor más bajo en dos décadas. Por lo tanto, la meta del presupuesto luce atada a una sola partida, cuya baja es mayor que todo el recorte de subsidios.

El punto de partida no ayuda. En 2026, lejos de bajar, los subsidios energéticos crecieron 40% en dólares entre enero y agosto, y en ocho meses ya se gastó el 90% de lo previsto para todo el año.

Es cierto que, medidos en moneda constante, son 60% menores que en diciembre de 2023, pero desde septiembre de 2025 están estancados en torno a $10 billones anuales – a precios de septiembre-, un piso muy difícil de perforar.

La explicación está en el último invierno. Llovió poco en el Comahue y en las cuencas binacionales, y hubo que generar más electricidad con centrales térmicas justo cuando el conflicto en Medio Oriente encarecía el gas natural licuado y el gasoil importados.

El precio mayorista llegó a 189 dólares por megavatios en junio, más del doble de lo programado. Hay aquí una paradoja. El mismo petróleo por encima de los 100 dólares que impulsa las exportaciones de Vaca Muerta y aporta dólares al balance comercial es el que al mismo tiempo encarece el invierno y presiona sobre los subsidios.

¿Cómo se cierra entonces la cuenta del presupuesto? Hay solo dos caminos. El primero es tarifario. Hoy los hogares con subsidio pagan apenas una cuarta parte del costo de la electricidad que consumen. Para cumplir la meta tendrían que pasar a pagar casi dos tercios.

Dicho de otra forma, el precio de la energía para un hogar vulnerable debería multiplicarse por 2,57. Como la energía es solo una parte de la factura, el impacto final es menor, pero sigue siendo importante.

A valores de septiembre, la factura de esos hogares aumentaría entre 11% y 42% según la provincia, cerca de 23% en promedio y 38% en el AMBA. Todo en términos reales, es decir, por encima de la inflación.

Aquí aparece el talón de Aquiles. La Nación fija el precio mayorista, pero son las Provincias las que aprueban las tarifas, regulan a sus distribuidoras y pagan el costo político de los aumentos. Varias de ellas, como Tucumán, Salta, Santa Fe, Mendoza, Chubut y Neuquén, evalúan desdoblar sus elecciones.

Si lo hacen, votarían entre mayo y agosto de 2027, en pleno invierno, cuando el consumo es más alto y la factura es más pesada. Cuesta imaginar aumentos reales de esa magnitud en medio de la campaña electoral. De esta forma, el presupuesto supone una decisión que no depende de quién lo redacta.

El segundo camino es bajar el costo de abastecer al sistema. Pero eso depende de obras de gas todavía en marcha. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que sumará 14 millones de metros cúbicos diarios, tiene como plazo de finalización el 1° de abril de 2027.

Si se demora, el próximo invierno volverá a depender del gas importado. Además aún con costos menores, la meta exige subir la factura de los hogares subsidiados, sin contar que cualquier salto del tipo de cambio encarece en pesos un costo dolarizado.

El antecedente de este año tampoco ayuda. Frente al shock de costos, el Gobierno extendió bonificaciones extraordinarias y mantuvo el tope de consumo subsidiado para no alimentar la inflación. Cuando el costo no se traslada a la tarifa, alguien lo paga igual. O lo absorbe el Tesoro o queda como deuda de Cammesa con los generadores, y el problema siempre termina en la cadena de pagos del mercado eléctrico.

En síntesis, la meta de subsidios del Presupuesto 2027 descansa en supuestos frágiles. Aprobarla tal como está implica convalidar un aumento de tarifas que el proyecto no explicita, o bien un gasto en subsidios mayor al previsto. Con el debate parlamentario en marcha, al Congreso le toca exigir que ese sendero tarifario implícito se haga explícito.

Queda pendiente la discusión de fondo. ¿Cómo lograr que la abundancia energética de la Argentina, que hoy se traduce en dólares de exportación, se traduzca también en precios bajos y competitivos para quienes consumen energía en el país?

Alejandro Einstoss es economista, profesor y coordinador del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP FCE UBA-CONICET. .