Durante más de un año, las imágenes se repitieron una y otra vez en distintas ciudades de Estados Unidos: agentes con cascos y uniformes tácticos disparando proyectiles de impacto, ráfagas de gas pimienta, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra manifestantes que protestaban por las redadas migratorias de la administración de Donald Trump.

Todos estos episodios quedaron reunidos por primera vez en una investigación nacional que plantea una conclusión inquietante: el uso de armas de control de multitudes dejó de ser una respuesta excepcional para convertirse, según sus autores, en un patrón recurrente durante las protestas vinculadas con la política migratoria federal.

El informe, elaborado por Physicians for Human Rights (PHR) y el Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley, documentó 412 incidentes verificados de lo que califica como "uso indebido" de armas menos letales entre junio de 2025 y mayo de 2026. Los investigadores analizaron miles de minutos de videos, expedientes judiciales, fotografías, transmisiones en vivo y reportes periodísticos para reconstruir cada caso.

Los especialistas sostienen que el número real probablemente sea mucho mayor porque muchas lesiones (como daños respiratorios, pérdida auditiva, lesiones químicas o dolor crónico) no pueden identificarse únicamente mediante imágenes de video.

Una radiografía nacional de las protestas

La investigación ofrece una de las reconstrucciones más completas sobre cómo evolucionó la respuesta policial frente a las manifestaciones contra ICE.

Un agente de ICE lanza un irritante químico contra manifestantes frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, el 27 de mayo de 2026. Foto: REUTERS/Ryan Murphy.

Las protestas comenzaron a multiplicarse en junio de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificó las redadas migratorias en Los Ángeles. Desde allí se extendieron rápidamente a Chicago, Minneapolis, Portland, Newark y otras ciudades.

Según el informe, más del 90% de los incidentes documentados ocurrieron en apenas cinco áreas metropolitanas: Los Ángeles, Minneapolis, Chicago, Portland y Newark. Sólo Los Ángeles concentró 169 casos, equivalentes a más del 40% del total nacional. Minneapolis registró otros 94 incidentes y Chicago, 56.

Los investigadores sostienen que la distribución geográfica no fue casual.

Las olas de violencia coincidieron con grandes operativos federales bautizados con nombres como Operation At Large, Midway Blitz, Black Rose y Metro Surge, campañas que movilizaron agentes de distintas agencias federales hacia ciudades específicas para ejecutar arrestos masivos de inmigrantes.

En conjunto, esas operaciones explican el 86% de todos los casos documentados.

Las armas "menos letales" y sus consecuencias

El concepto de "less lethal weapons" suele sugerir dispositivos diseñados para incapacitar sin causar la muerte. Sin embargo, los médicos que participaron del estudio sostienen que esa denominación puede resultar engañosa.

Entre las armas utilizadas aparecen: proyectiles de goma; municiones de impacto cinético; pepperballs; aerosoles MK-9 de alta presión; gas pimienta; gases lacrimógenos; granadas aturdidoras; bastones; e incluso caballos policiales y escudos antidisturbios empleados como armas de impacto.

Agentes federales avanzan sobre manifestantes durante un enfrentamiento, después de que agentes de ICE dispararan varias veces contra un hombre mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/Craig Lassig.

En total, los investigadores identificaron 203 lesiones documentadas sufridas por 119 personas, que incluyen 19 traumatismos cerebrales; 10 lesiones oculares; fracturas; laceraciones profundas; pérdida parcial de una mano; discapacidades permanentes; quemaduras; y cuerpos extraños incrustados por explosiones de granadas aturdidoras, entre las más graves.

Una de las conclusiones médicas más preocupantes es la cantidad de impactos dirigidos hacia la cabeza. Los protocolos internacionales, las recomendaciones de los fabricantes y prácticamente todos los manuales policiales desaconsejan disparar proyectiles contra el rostro o el cráneo debido al alto riesgo de lesiones irreversibles.

Sin embargo, el informe documentó 97 disparos dirigidos a la cabeza y otros numerosos casos realizados a distancias menores a las recomendadas por los propios fabricantes.

Periodistas, también entre los afectados

Uno de los datos más llamativos del informe es quiénes recibieron el impacto de esas armas.

Los investigadores clasificaron a las personas alcanzadas según su rol durante las manifestaciones. Los resultados muestran que el 51% eran manifestantes y el 43% eran periodistas; también hubo menores de edad, observadores legales, personal sanitario y transeúntes alcanzados por gases o proyectiles.

Hay 81 casos documentados de contusión (68% de los 119 individuos). Captura: informe PHR

Para los autores, esto representa una señal de que las armas fueron utilizadas de manera indiscriminada y afectaron incluso a personas protegidas por estándares internacionales de derechos humanos.

El informe recuerda que tanto Naciones Unidas como diversas normas estadounidenses establecen protecciones especiales para periodistas que cubren protestas y para trabajadores de la salud presentes durante manifestaciones públicas.

El protagonismo del DHS

Aunque muchas imágenes mostraron enfrentamientos con policías locales, el estudio concluye que el principal responsable fue el propio gobierno federal.

El 64% de los incidentes fue atribuido a agencias del Departamento de Seguridad Nacional, entre ellas ICE, la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Federal Protective Service.

Las fuerzas estatales y municipales participaron en alrededor del 30% de los casos, aunque con diferencias marcadas según la ciudad.

Los Ángeles fue una excepción. Allí, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el sheriff del condado tuvieron una participación mucho mayor que en otras jurisdicciones. En cambio, ciudades como Minneapolis, Portland y Chicago estuvieron dominadas casi exclusivamente por operativos federales.

Gregory Bovino, el nombre que aparece una y otra vez

Gregory Bovino, entonces comandante especial de la Patrulla Fronteriza. Foto: REUTERS/Seth Herald

La investigación también identifica una figura cuya presencia coincide repetidamente con los picos de violencia documentados. Se trata de Gregory Bovino, entonces comandante especial de la Patrulla Fronteriza, quien dirigió buena parte de los grandes operativos migratorios del período.

Los investigadores reconstruyeron su presencia en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. En cada ciudad observaron el mismo patrón: pocos días después de su llegada aumentaban abruptamente tanto las redadas como los enfrentamientos con manifestantes.

En Los Ángeles, por ejemplo, el día de su primera aparición pública se documentaron 46 incidentes. Durante la semana siguiente fueron registrados otros 68.

Posteriormente Bovino fue removido de su cargo tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) durante operativos migratorios en Minnesota y terminó retirándose del servicio meses después.

Los tiroteos que cambiaron la estrategia de ICE

Mientras los investigadores terminaban de recopilar cientos de casos, la atención pública comenzó a desplazarse hacia otro fenómeno aún más grave: el incremento de los tiroteos protagonizados por agentes federales durante operativos migratorios.

En apenas una semana, dos hombres murieron baleados por agentes de ICE mientras estaban al volante de sus vehículos. Los casos, ocurridos en Texas y Maine, provocaron un cambio inesperado dentro de la propia agencia.

Según confirmó Associated Press, el gobierno de Trump ordenó suspender temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por ICE mientras revisa sus procedimientos operativos. La medida contempla excepciones -como órdenes de captura criminales o acciones conjuntas con otras agencias-, pero representa uno de los cambios tácticos más relevantes desde que comenzó la actual ofensiva migratoria.

El primer caso ocurrió el 7 de julio en Houston. Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años, manejaba hacia su empleo cuando agentes federales que circulaban en vehículos sin identificación intentaron detenerlo. Un oficial abrió fuego.

Flores y un retrato con la inscripción "Joan Sebastián Guerrero" forman parte de un memorial improvisado. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton.

Menos de una semana después ocurrió otro episodio. El 13 de julio, Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años, murió tras recibir disparos durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine.

En ambos casos el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo inicialmente que los conductores habían intentado utilizar sus vehículos como armas contra los agentes. Sin embargo, con el paso de las horas el lenguaje oficial comenzó a modificarse.

En el caso de Maine, las autoridades pasaron de afirmar que el vehículo había sido "utilizado como arma" a señalar que el agente disparó "por temor a la seguridad pública".

Del verano de George Floyd a las protestas contra ICE

Los autores del estudio establecen un paralelo directo con las manifestaciones de 2020 tras el asesinato de George Floyd.

Aquellas protestas provocaron una profunda revisión de las políticas policiales en decenas de ciudades estadounidenses. Numerosos departamentos modificaron sus manuales para restringir el uso de proyectiles de impacto. Otros limitaron el empleo de gases lacrimógenos o prohibieron disparar hacia la cabeza.

Sin embargo, el informe sostiene que buena parte de esas reformas no alcanzó a las agencias federales o terminó perdiendo fuerza durante la actual ofensiva migratoria.

La administración Trump continúa impulsando una estrategia de arrestos masivos, ampliación de centros de detención y deportaciones aceleradas. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos civiles multiplican las demandas judiciales contra el gobierno federal por el uso de la fuerza durante operativos y manifestaciones.

La decisión de suspender temporalmente la mayoría de las detenciones vehiculares muestra que incluso dentro del gobierno existe preocupación por las consecuencias de los recientes tiroteos. Sin embargo, esa medida no modifica el diagnóstico de fondo planteado por Physicians for Human Rights.

Su conclusión es que las armas catalogadas como "menos letales" siguen utilizándose de maneras incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y que, lejos de reducir la violencia, han dejado un saldo de personas con lesiones permanentes, periodistas alcanzados mientras cubrían las protestas y comunidades cada vez más desconfiadas de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.