El Gobierno avanza en su cruzada para desregular al máximo, pero experimentados referentes de la agroindustria advierten que, en las actividades agrícolas lo mejor no es eliminar restricciones biotecnológicas o ambientales, sino establecerlas en base a criterios científicos, que no dejen el asunto al arbitrio de extremistas de un lado o de otro, o de la voluntad particular de un juez.

Ese criterio lo expresó con claridad, entre otros, Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) en línea con lo previamente planteado por la Fundación Barbechando, que organizó una reunión con legisladores de distintos bloques políticos y dirigentes agropecuarios.

El debate más acuciante gira en torno a la aplicación de fitosanitarios y a las diversas reglamentaciones que rigen por disposiciones municipales o por fallos judiciales, en un entramado bastante confuso que complica tanto el debido cuidado de la salud de toda la población como las actividades agrícolas que son fundamentales, entre otras cosas para generar alimentos.

Los diputados y senadores presentes coincidieron en que el vacío legal actual empuja a que “la justicia termine legislando” mediante cautelares extremas.

Legisladores y representantes de la agroindustria se reunieron en la sede de Barbechando para debatir sobre el marco reglamentario para la aplicación de fitosanitarios.

Barbechando convocó desde el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) que nuclea a medio centenar de diputados y senadores, del oficialismo y de la oposición. El objetivo del encuentro fue debatir un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos sustentado firmemente en las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs).

Desde la Red de BPAs se expusieron los pilares de la propuesta: delimitar zonas sensibles y de amortiguamiento con distancias técnicas verificables, exigir la capacitación obligatoria y profesionalización de los aplicadores, y robustecer la fiscalización tecnológica a través del uso de “cajas negras”, monitoreo remoto y la fiscalización en territorio mediante la figura del “veedor”.

Tanto Angeles Naveyra, presidenta de Barbechando, y otros representante de esa entidad, Ignacio Garciarena, y Florencia Ricchiuti, directora legislativa, como los especialistas técnicos subrayaron que ninguna nación del mundo arrastra distancias de exclusión tan severas y arbitrarias como la Argentina.

La mesa de trabajo, coordinada bajo la órbita del Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), funcionó como un canal directo para nutrir de datos técnicos al Congreso y propiciar políticas públicas previsibles, en un contexto en el cual las restricciones comunales dictadas sin base científica amenazan con paralizar hasta 40% de la superficie productiva de cultivos e industrias clave como la carne vacuna, la leche, la papa, el maíz y el trigo.

La presidenta de la Fundación Barbechando, Angeles Naveyra, impulsó el consenso para una ley de Presupuestos Mínimos para la aplicación de fitosanitarios según las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs).

En ese sentido, Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y uno de los principales impulsores de la Red de BPAs en Argentina, destacó que estamos en un momento de la discusión sobre el tema y en un contexto político nacional e internacional que vislumbra "una oportunidad relativamente posible de consensuar”, para definir un marco normativo y una reglamentación precisa para equilibrar la productividad y el crecimiento económico con sostenibilidad ambiental y social.

Los legisladores insistieron en que la problemática desborda la relación entre el productor y el habitante periurbano: se trata de un problema social integral que golpea la economía, la seguridad alimentaria y la salud pública, por lo cual requiere un esquema de comunicación transparente y con trazabilidad.

El encuentro parlamentario contó con la participación activa de los legisladores nacionales Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sánchez Wrba (PRO-Buenos Aires), Alejandra Torres (Prov. Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires).

Asimismo, se sumaron a la jornada de aportes técnicos los equipos de asesores de los diputados y senadores nacionales Romina Almeida (LLA-Entre Ríos), Karina Banfi (Adelante BA-Buenos Aires), Verónica Razzini (LLA-Santa Fe), Beltrán Benedit (LLA-Entre Ríos) y Emilia Orozco (LLA-Salta).