Existe una paradoja alrededor de la inteligencia artificial: todos hablamos de ella, pero se la aborda con escasa consistencia o se la minimiza como un simple peldaño más en la escala tecnológica.

El análisis sobre su implementación en la gestión pública (y en las instituciones legislativas en particular) no puede dejar de encuadrarse en el actual contexto global de crisis en la gobernanza tecnológica. Vivimos un escenario marcado por renuncias de directivos y desarrolladores en las principales empresas del sector, junto a advertencias de CEOs sobre el alcance impredecible de las herramientas que ellos mismos diseñaron. La disrupción es de tal magnitud que hasta el propio Papa León XIV dedicó la encíclica Magnífica humanitas a analizar los riesgos éticos de la IA, donde le advirtió a la humanidad que los algoritmos no son neutrales.

Hoy, el debate suele quedar atrapado en un falso dilema: por un lado, una desregulación absoluta entendida como supuesto motor de la innovación; por el otro, una regulación restrictiva percibida como una condena al atraso. Sin embargo, cuando la responsabilidad es ejercida desde la gestión de lo público, no podemos darnos el lujo de quedar entrampados en esta parálisis analítica.

La pregunta central que debemos priorizar es cómo los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado gobernarán el impacto de estas herramientas en las instituciones, diseñando alianzas estratégicas con el sector privado y académico, para optimizar las capacidades ya existentes.

Esto adquiere una dimensión particular cuando hablamos del Poder Legislativo. El Congreso no procesa datos para administrar servicios: procesa argumentos para construir consensos. La deliberación es la materia prima de la actividad parlamentaria. Ningún algoritmo puede sustituir el juicio político que emerge de ese proceso. Pero la IA sí puede potenciarlo: sistematizando información, analizando datos, anticipando efectos normativos. El desafío es que la herramienta amplíe una capacidad deliberativa que es irremplazable y, sobre todo, indelegable.

Para abordar esta dinámica, siguiendo a Juan Corvalán y Mariana Caparrós, conviene señalar tres categorías para entender cómo la IA penetra en nuestras instituciones:

El ingreso formal: cómo entra la IA a los diferentes estamentos del Estado (principalmente vía áreas administrativas o de infraestructura tecnológica).

La IA "en las sombras": la incorporación inorgánica y no sistematizada de herramientas comerciales que realiza el personal por cuenta propia.

La innovación descentralizada: las soluciones diseñadas y desarrolladas directamente por los propios empleados y funcionarios.

A eso se suma un desafío que comienza a dibujarse en el horizonte. Hasta ahora, la IA que usamos de manera generalizada es principalmente reactiva: responde cuando le preguntamos, genera cuando la invocamos. Pero los sistemas de IA agéntica (que anticipan, planifican y actúan de forma autónoma) nos alcanzan en las sombras y en forma descentralizada. Si la IA reactiva ya plantea preguntas sobre eficiencia y control, la IA agéntica las radicaliza: ¿Quién decide cuándo actúa el sistema? ¿Quién responde cuando lo hace mal? Si la máquina resuelve lo que antes requería criterio humano, ¿Cuál es nuestro lugar en el loop?

La clave radica en proteger y dotar de valor público al uso de la inteligencia artificial. Esto requiere promover una utilización responsable, definir espacios claros de gestión y aprovechar la tecnología para fomentar la participación ciudadana mediante una mayor transparencia en el manejo de la información.

Quienes administramos lo público tenemos una responsabilidad indelegable: sensibilidad para interpretar el contexto, supervisión constante sobre lo que genera la máquina y deliberación ética al momento de tomar decisiones.