Después de anular el sobreseimiento del ex jefe del Ejército kirchnerista César Milani por la desaparición de un conscripto y de intervenir en la controversia por la venta de tierras a extranjeros, la Corte Suprema tiene ahora entre manos otro expediente de fuerte impacto político.

Se trata de la causa por el presunto direccionamiento de la licitación de la millonaria obra del Paseo del Bajo, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño. El exfuncionario y otros imputados fueron sobreseídos, pero la fiscalía insiste en reabrir la investigación.

Jueces de la Corte Suprema. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz

El dato que encendió las expectativas de los fiscales fue una decisión de los tres ministros de la Corte: convocar a dos conjueces para intervenir en la resolución de los recursos pendientes.

Según informaron fuentes judiciales a Clarín, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dispusieron la convocatoria de conjueces. El sorteo, realizado el 17 de septiembre, recayó sobre Alberto Dalla Vía, integrante de la Cámara Nacional Electoral, y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, magistrado de Salta.

La intervención de conjueces constituye un movimiento relevante. Con solo tres de sus cinco integrantes, la Corte puede recurrir a ese mecanismo cuando necesita completar una mayoría para resolver un expediente.

La incógnita es si el máximo tribunal dejará firmes los sobreseimientos o abrirá la puerta para que se investigue nuevamente una de las obras públicas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Voceros de Rodríguez Larreta, consultados por Clarín, afirmaron estar al tanto de los movimientos de la Corte y defendieron la transparencia de la licitación.

La obra, explicaron, "se hizo en forma transparente y se dividió en tres partes" para cumplir con el compromiso de finalizarla antes de que terminara su gestión al frente del Gobierno porteño, en diciembre de 2023.

"Larreta en ocho años no tuvo problemas con la Justicia, pero si la Corte ordena anular su sobreseimiento, se pondrá a disposición del juez sabiendo que ser investigado es un gaje del oficio de los políticos que toman decisiones", agregaron sus voceros.

También remarcaron que Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), encargada de la obra, es una empresa descentralizada del Gobierno porteño.

"Nos defenderemos donde sea", insistieron desde el entorno del ex jefe de Gobierno, quien se distanció del PRO y creó su propio espacio político, Movimiento al Desarrollo (MAD). Actualmente ocupa una banca en la Legislatura porteña.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte suprema Foto Federico Lopez Claro.

Si la Corte acepta el planteo de los fiscales y anula los sobreseimientos, el expediente podría regresar al juzgado federal que estuvo a cargo de Claudio Bonadio, fallecido en febrero de 2020.

Pero para comprender la importancia de lo que está en juego hay que retroceder ocho años, hasta el comienzo de una licitación multimillonaria que terminó bajo sospecha judicial.

La investigación penal comenzó el 25 de octubre de 2018. Su objetivo era determinar si el tramo más costoso del Paseo del Bajo había sido adjudicado irregularmente, mediante un presunto direccionamiento de la licitación pública internacional y a un precio superior al que hubiera correspondido.

El Paseo del Bajo es un corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia, 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata. Su construcción permitió separar el tránsito pesado de los vehículos particulares y aliviar la congestión de camiones vinculados con la actividad portuaria.

La obra fue dividida en tres tramos. El más oneroso, identificado como tramo C, fue adjudicado a una unión transitoria integrada por IECSA y Fontana Nicastro, con un presupuesto estimado de 4.480 millones de pesos.

IECSA había pertenecido a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, en marzo de 2017 fue vendida a un grupo empresario encabezado por Marcelo Mindlin, vinculado a Pampa Energía. La constructora pasó a denominarse SACDE.

El centro de la denuncia no era la utilidad de la obra, sino la forma en que se habían establecido y modificado las condiciones para adjudicarla.

La fiscalía puso bajo la lupa una serie de circulares emitidas durante el proceso licitatorio que habrían alterado el orden de apertura de las ofertas correspondientes a los tres tramos.

Según la hipótesis de los investigadores, esos cambios habrían favorecido a la unión transitoria integrada por IECSA y Fontana Nicastro y limitado las posibilidades de otras empresas de competir por el contrato más importante.

Entre las firmas que habrían resultado perjudicadas por las modificaciones figuraba Corsán-Corviam, una de las constructoras interesadas en participar de la licitación.

Los fiscales también cuestionaron la incorporación de trabajos vinculados con la Red de Expresos Regionales, por aproximadamente 600 millones de pesos, y otras decisiones administrativas relacionadas con la ejecución de la obra.

Pero la investigación tuvo un desenlace favorable para los funcionarios imputados.

Después de analizar documentación administrativa, antecedentes de la licitación y costos de construcción, el juez federal Claudio Bonadio consideró que no se habían acreditado irregularidades que justificaran mantener abierta la causa.

En diciembre de 2019 sobreseyó a Rodríguez Larreta; al exministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich; al entonces presidente de AUSA, Carlos Frugoni; al exministro porteño Franco Moccia; y a Natalia Bustos, responsable del área de Compras de AUSA.

Sin embargo, la decisión no conformó al Ministerio Público Fiscal.

La fiscal federal Alejandra Mangano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, apelaron los sobreseimientos. Sostuvieron que todavía quedaban medidas de prueba pendientes y que no se habían agotado las posibilidades de investigar las presuntas irregularidades.

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la decisión de Bonadio. Pero los fiscales insistieron y llevaron el expediente ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Allí recibieron otro revés.

Con los votos de Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, y la disidencia de Alejandro Slokar, Casación declaró mal concedido el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Lejos de abandonar el expediente, la fiscalía presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

El argumento central fue que las resoluciones judiciales habían omitido considerar adecuadamente los cuestionamientos de los fiscales y la necesidad de producir nuevas pruebas antes de clausurar definitivamente la investigación.

Ahora, varios años después de aquellos sobreseimientos, el expediente volvió a cobrar protagonismo. La convocatoria de conjueces introduce una nueva instancia en una causa que había quedado paralizada en los tribunales superiores.

Los fiscales esperan que una mayoría del máximo tribunal acepte sus planteos y deje sin efecto los sobreseimientos. La defensa, en cambio, sostiene que la licitación fue transparente y que no existieron irregularidades.

Pepín Rodríguez Simón e Insfrán

La Corte también tiene pendientes otros expedientes de impacto político, entre ellos planteos vinculados con Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, quien permaneció durante tres años y medio en Uruguay antes de regresar a la Argentina.

Otro caso relevante es el de Formosa. El máximo tribunal aceptó intervenir en una demanda contra la reforma constitucional provincial que permitiría al gobernador kirchnerista Gildo Insfrán presentarse nuevamente en 2027.

Insfrán gobierna Formosa desde 1995 y fue reelegido siete veces consecutivas. En diciembre de 2024, la Corte declaró inconstitucional la reelección indefinida prevista en la Constitución provincial.

Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La posterior reforma constitucional estableció límites a la reelección, pero incorporó una cláusula transitoria que permitiría considerar el mandato actual de Insfrán como el primero a los efectos del nuevo régimen.

La oposición cuestionó esa disposición ante la Corte, que aceptó intervenir otra vez en ejercicio de su competencia originaria y concedió un plazo de 60 días para que el gobierno provincial respondiera la demanda.

Mientras tanto, en el expediente del Paseo del Bajo, la última palabra sigue pendiente.

La decisión de los conjueces y los ministros de la Corte determinará si los sobreseimientos quedan firmes o si una licitación multimillonaria, adjudicada durante la gestión de Rodríguez Larreta, vuelve a quedar bajo investigación judicial.