Durante más de un siglo, designar a un obispo en la Argentina no era solo un asunto de Roma. El Senado proponía una terna, el presidente elegía un nombre y lo presentaba al Papa. Hasta las bulas pontificias necesitaban el visto bueno del gobierno para circular. Era el patronato, herencia de la Corona española ratificada por la Constitución de 1853 como un atributo de soberanía. El 10 de octubre de 1966 se firmó el acuerdo que puso fin a su ejercicio.

El régimen encerraba una paradoja: aunque la Constitución le reconocía un lugar singular, la Iglesia Católica tenía su vida interna condicionada por la injerencia del Estado. A lo largo de décadas rigió un modus vivendi, en el cual se procuró una relación armoniosa, que en general se sostuvo, aunque no evitó alguna disputa. La más recordada fue la puja por el nombramiento del arzobispo de Buenos Aires en la década de 1920. La situación exigía un arreglo de fondo.

Las negociaciones tomaron impulso en el gobierno de Arturo Frondizi y concluyeron durante la gestión de Miguel Ángel Zavala Ortiz, canciller de Arturo Illia. El golpe de Estado del 28 de junio de 1966 suspendió la firma prevista para esa misma semana, que se concretó tres meses después.

El acuerdo ordenó las relaciones entre el Estado y la Iglesia con la libertad como directriz y sobre la base de los principios de independencia, autonomía y cooperación. El propio Pablo VI lo destacó como el primer fruto del Concilio Vaticano II en la materia y con los años la Corte Suprema argentina lo aplicó en diversos precedentes, incluso recientes.

Esta solución jurídica fue posible sin modificar la Constitución, ya que la Carta Magna de 1853 preveía que el Congreso “arreglara” el ejercicio del patronato. Las referencias a esta prerrogativa se eliminaron con la reforma de 1994.

A 60 años del acuerdo, corresponde destacar una verdadera política de Estado sostenida por gobiernos de diferente signo, algo poco frecuente en el país, que dio lugar a un instrumento vigente y con jerarquía superior a las leyes.

El aniversario llega semanas antes de que un Papa vuelva a pisar suelo argentino. Cuando León XIV sea recibido en noviembre, lo hará dentro de un marco institucional pactado y no impuesto. La presencia de un Pontífice trasciende la coyuntura política y las lecturas partidarias: su viaje es un acontecimiento eminentemente pastoral, cuyo propósito central es traer un mensaje de fe, paz y esperanza para todos los argentinos.

El César y Dios son independientes y autónomos, cada uno en su propio terreno y sin intervenciones recíprocas indebidas; pero es sano que cooperen porque, en definitiva, ambos están al servicio del bien de la sociedad y de la misma persona humana, tanto en su dimensión terrena como espiritual. Concebir así la relación entre el Estado y la Iglesia será el mejor homenaje al acuerdo que recordamos.

Octavio Lo Prete es Director del Instituto de Derecho Eclesiástico, Facultad de Derecho Canónico (UCA)