Los conductores de Lyft en California consiguieron una victoria financiera sin precedentes: recibirán al menos 237 millones de dólares como parte de un acuerdo récord por 272,5 millones de dólares alcanzado por el estado para saldar acusaciones de robo de salarios y mala clasificación laboral.

El histórico acuerdo, anunciado por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto a los fiscales municipales de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, pone fin a seis años de batalla judicial centrada en los ingresos y protecciones que la compañía negó a sus trabajadores antes de la entrada en vigor de la Proposición 22 a finales de 2020.

ARCHIVO - El fiscal general de California, Rob Bonta, habla en la Convención Estatal del Partido Demócrata de California de 2026, el 21 de febrero de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo)

Bajo los términos del pacto presentado ante la justicia, aproximadamente el 87% del desembolso total de la plataforma irá a parar de forma íntegra y directa a un fondo de restitución administrado por terceros para compensar a los choferes elegibles.

La resolución aún requiere la homologación final del Tribunal Superior de San Francisco.

Requisitos de los conductores, términos de pago y restitución

El acuerdo abarca a todos los choferes que registraron viajes y millas dentro del estado de California antes de que cambiara la legislación para las aplicaciones de transporte:

  • Período comprendido: Conductores que hayan prestado servicios para Lyft entre el 5 de abril de 2016 y el 15 de diciembre de 2020.
  • Fórmula de distribución: Las indemnizaciones individuales se calcularán de manera proporcional según la cantidad de horas trabajadas y el total de millas recorridas durante ese lapso.
  • Compensación adicional: Más de 1.600 trabajadores que habían presentado reclamos salariales individuales ante la Oficina del Comisionado Laboral recibirán una suma extra. Para facilitar este pago, el organismo estatal renunció a cobrar 5,45 millones de dólares en multas que le correspondían al fisco, derivando ese dinero a dichos conductores.
  • Mecanismo de cobro: Tras la aprobación judicial definitiva, un administrador independiente pondrá en marcha un sitio web oficial, una línea telefónica gratuita y un centro de atención para notificar a los beneficiarios y gestionar los pagos.
  • Plazos de pago de la empresa: Lyft tendrá la opción de abonar los 272,5 millones de dólares en cuotas durante un plazo de hasta cuatro años, con un interés simple del 5% que comenzará a correr a partir del segundo año (con un tope de intereses fijado en 12,4 millones de dólares).

Las acusaciones de fondo: la ley AB 5 y la prueba ABC

El conflicto judicial estalló formalmente en 2020, cuando el Comisionado Laboral de California y los fiscales locales coordinaron acciones legales conjuntas contra la plataforma. El estado argumentó que Lyft violó el Código Laboral y la Ley de Competencia Desleal al clasificar a sus choferes como contratistas independientes para eludir sus responsabilidades patronales.

Los fiscales demostraron que, mediante este esquema, la compañía privó a los trabajadores del salario mínimo estatal, del pago de horas extras, de descansos remunerados, de licencias por enfermedad y del reembolso obligatorio de gastos operativos básicos, como combustible y desgaste vehicular.

La demanda se sustentó en la doctrina de la "prueba ABC", establecida por la Corte Suprema de California en el fallo Dynamex de 2018 y luego consolidada en la ley estatal conocida como AB 5.

"Las empresas de viajes compartidos como Lyft experimentaron un crecimiento masivo y generaron enormes ganancias a expensas de los conductores, muchos de los cuales provienen de comunidades inmigrantes y minorías", sostuvo el fiscal general Rob Bonta. "El éxito de Lyft no habría sido posible sin los choferes a los que perjudicaron injustamente. Los trabajadores dedicados merecen la compensación total de su labor".

Entre 2016 y 2020, Lyft reportó ingresos totales por 9.500 millones de dólares a nivel global, mientras que diversos estudios del sector estimaron que los ingresos reales de bolsillo de los conductores rondaban apenas entre 11 y 18 dólares por hora tras descontar los gastos del automóvil.

Lyft niega irregularidades y la Proposición 22 blinda su esquema actual

A pesar de comprometer el pago de los 272,5 millones de dólares, Lyft no admitió culpa ni irregularidad alguna en los documentos judiciales.

En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la empresa señaló que aceptó el acuerdo únicamente para evitar los elevados costos, las distracciones operativas y la incertidumbre de un juicio prolongado.

El convenio no obliga a Lyft a reclasificar a sus conductores actuales como empleados formales en relación de dependencia.

En noviembre de 2020, los votantes de California aprobaron la Proposición 22, una medida electoral financiada con cifras millonarias por las propias tecnológicas que eximió a las aplicaciones de transporte y delivery de la ley AB 5. Bajo ese marco, los conductores siguen siendo considerados contratistas independientes a cambio de ciertas coberturas mínimas y un piso garantizado de ingresos mientras están asignados a un viaje.

La Proposición 22 entró en vigencia el 16 de diciembre de 2020, exactamente el día posterior al período que cubre este acuerdo.

La demanda contra Uber sigue su curso

Aunque Lyft da por cerrado este capítulo legal en California, la ofensiva del estado contra el resto de las plataformas de la economía digital continúa activa.

Dado que muchos conductores trabajaban simultáneamente para más de una aplicación, las autoridades recordaron que la demanda coordinada por salarios caídos contra Uber sigue abierta y en litigio en el Tribunal Superior de San Francisco.

Agrupaciones gremiales como Rideshare Drivers United—que había canalizado reclamos individuales por unos 434 millones de dólares en nombre de 1.900 trabajadores—destacaron la magnitud de la recuperación económica, aunque remarcaron que el modelo actual todavía presenta deudas pendientes con la fuerza laboral.

"Cuando las empresas clasifican erróneamente a sus trabajadores, los privan de protecciones elementales y le transfieren esa carga a los contribuyentes", afirmó la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto. "Este acuerdo histórico envía un mensaje claro: las empresas deben cumplir la ley, pagar lo que corresponde y respetar las reglas del juego".