El gobierno nacional ratificó en la justicia que las empresas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum LP no tienen permisos para llevar adelante la exploración de petróleo que están realizando en las islas Malvinas a través del proyecto "León Marino".

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos hicieron una presentación en la justicia federal de Río Grande -Tierra del Fuego- donde la jueza Mariel Borruto tramita una causa judicial contra las compañías por posible daño ambiental y en la que les ordenó suspender sus actividades.

"Según lo comunicado por la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos, ninguna de las empresas referidas resulta titular de permisos de exploración y/o concesiones de explotación otorgados por la autoridad competente argentina en el marco de la Ley N° 17.319", señala una resolución del juzgado.

El Poder Ejecutivo de Javier Milei contestó una serie de requerimientos que le hizo la justicia. El gobierno anunció sanciones y causas penales para las dos compañías si continuaban con el proyecto "León Marino" de exploración de petróleo. Todo en el marco de la soberanía argentina en las islas Malvinas. Las empresas anunciaron públicamente que no van a detener el proyecto porque sostienen que cuentan con la autorización del gobierno de las islas y del Reino Unido.

La exploración de petróleo en Malvinas

La jueza Borruto tramita una causa que iniciaron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas -La Plata- (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) en la que plantearon que Rockhopper -empresa inglesa- y Navitas -israelí- realizan su proyecto de exploración sin contar con los estudios de impacto ambiental. En una presentación, el gobierno nacional informó que las petroleras no iniciaron ese proceso.

A través de una medida cautelar, la magistrada les ordenó a las compañías que suspenda el proyecto y le solicitó una serie de informes. La jueza ya comenzó a tramitar las notificaciones a las compañías sobre su decisión pero no hay expectativas que lo cumplan. Es porque en otras causas no acataron las decisiones de la justicia argentina.

“La incertidumbre existente acerca de la totalidad de las consecuencias ambientales del proyecto no aparece aislada, sino vinculada con una actividad hidrocarburífera de gran escala, intervenciones físicas sobre el lecho marino, explotación prolongada de recursos, ecosistemas sensibles y ausencia de evaluación ambiental por parte de las autoridades argentinas”, sostuvo la jueza en su resolución.

El gobierno de Milei contestó requerimientos de la justicia

Conjuntamente con la nota que las empresas no cuentan con autorización para explorar petróleo en las islas Malvinas, el gobierno también le informó a la justicia que Rockhopper y Navitas tienen una inhabilitación por 20 años para desarrollar actividades en el país.

El motivo es "por llevar a cabo actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente de la República Argentina".

Navitas fue inhabilitada en abril de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, a través de una resolución del entonces secretario de Energía Darío Martínez. En el caso de Rockhopper la inhabilitación rige desde 2013 por otra resolución del mismo organismos, entonces a cargo de Daniel Cameron.