La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de directivos de la agencia de cambio Jonestur y volvió a poner bajo la lupa la estructura financiera que permitió sacar millones de dólares del país, ocultarlos en Andorra y transformarlos en inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Entre los casos que reaparecen en el expediente figura el del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, cuya fortuna clandestina recorrió ese circuito con la ayuda de testaferros y sociedades offshore.

La ruta del dinero negro de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que acumuló una fortuna millonaria imposible de justificar con su sueldo de funcionario, volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia. Esta vez no por la causa de los Cuadernos sino por una investigación paralela sobre una sofisticada estructura financiera que habría permitido sacar fondos del país, ocultarlos detrás de sociedades offshore y reciclarlos en inversiones inmobiliarias en el exterior.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonesturr por lavado de activos agravado y dio por acreditado, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, que la organización operó como una banca paralela para administrar fortunas no declaradas y canalizarlas hacia la Banca Privada de Andorra mediante una red de sociedades constituidas en Panamá.

Sergio Todisco supuesto testaferro de Muñoz declara como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli.

Entre los clientes de esa estructura, los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez volvieron a mencionar a Daniel Muñoz. El fallo retoma una de las conclusiones más sensibles de la investigación del juez federal Santiago Inchausti: parte del dinero de origen presuntamente corrupto generado durante los gobiernos kirchneristas habría atravesado la ingeniería financiera de Jonestur antes de terminar invertido en propiedades de lujo en Miami y Nueva York.

Según la investigación impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri y la PROCELAC, el grupo captaba dinero en efectivo, administraba patrimonios, ofrecía inversiones, abría estructuras societarias en paraísos fiscales y enviaba fondos al exterior sin control estatal.

En ese entramado aparece Sergio Todisco, uno de los principales testaferros de Muñoz. La causa sostiene que fue quien llevó al menos un millón de dólares en efectivo a las oficinas de Jonestur, en Mar del Plata. Desde allí los fondos fueron enviados a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra a nombre de sociedades panameñas y posteriormente girados a Estados Unidos para concretar inversiones inmobiliarias. Estos mismos personajes están investigados por el fiscal porteño Carlos Stornelli, en la causa que se conoce como los Cuadernos de las Coimas II.

Cámara Federal de Mar del Plata integrada por los jueces Eduardo Jimenez y Alejandro Tazza y el ex juez Jorge Ferro.

El expediente reconstruye prácticamente paso a paso ese recorrido. "El circuito del dinero llevado por Todisco a Jonestur queda acreditado íntegramente", sostiene la resolución judicial. Los fondos ingresaban en efectivo, eran transferidos a Andorra, permanecían bajo estructuras offshore y finalmente reaparecían en operaciones inmobiliarias cuyo beneficiario final seguía siendo el propio Todisco, señalado como administrador del patrimonio oculto de Muñoz.

Para los investigadores, esa secuencia reúne todas las etapas clásicas del lavado de activos: colocación del dinero de origen ilícito, ocultamiento mediante complejas estructuras financieras internacionales e integración al circuito económico formal mediante inversiones.

La causa también vuelve sobre otro personaje clave: Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y colaboradora en la administración de la fortuna clandestina. Tras la muerte del ex secretario presidencial en 2020, la investigación sobre los bienes continuó apoyándose en la documentación obtenida en Andorra, Panamá y Estados Unidos mediante exhortos internacionales.

Antecedentes

El caso Jonestur se inició en 2014 a partir de una denuncia del Banco Central sobre el funcionamiento de "cuevas financieras" en Mar del Plata. Una década después, la Justicia sostiene que logró identificar al menos treinta sociedades constituidas en Panamá utilizadas para mover dinero y nueve cuentas bancarias que llegaron a acumular más de 92 millones de dólares.

La Cámara aclaró que enviar dinero al exterior no constituye por sí mismo un delito. Sin embargo, entendió que en este expediente existen elementos suficientes para sostener que la estructura investigada fue utilizada para ocultar, administrar y reinsertar activos provenientes de actividades ilícitas, entre ellas hechos de corrupción.

El fallo confirmó además embargos de hasta 10.000 millones de pesos para cada uno de los principales procesados y ratificó medidas de cooperación internacional destinadas a inmovilizar más de 80 millones de euros detectados en la Banca Privada de Andorra, activos cuyo eventual decomiso continúa siendo impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

Aunque la Cámara descartó por ahora la figura de asociación ilícita y declaró prescripta la imputación por intermediación financiera no autorizada, la investigación sobre el presunto lavado sigue avanzando. Y, una vez más, el nombre de Daniel Muñoz aparece como uno de los principales ejemplos de cómo el dinero de la corrupción habría encontrado en una red internacional de sociedades offshore, bancos y financieras clandestinas el camino para desaparecer de la Argentina y regresar transformado en patrimonio aparentemente legal.