WASHINGTON (AP) — El Comité Nacional Demócrata presentó una demanda el miércoles contra la administración del presidente Donald Trump por recientes anuncios televisivos electorales pagados con dinero de los contribuyentes.

La denuncia, presentada ante el tribunal para el Distrito de Columbia, sostiene que los anuncios son propaganda ilegal patrocinada por el gobierno y acusa a Trump de dirigirlos personalmente. Solicita al tribunal que declare ilegales los anuncios y que detenga el uso de fondos federales para pagarlos.

Trump ha enfrentado críticas bipartidistas por los anuncios, que lo glorifican a él y repiten el discurso de su campaña, en momentos en que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Los anuncios, que comenzaron a emitirse en septiembre, ya han costado más de 12 millones de dólares, según la firma de monitoreo de medios AdImpact, y se han utilizado en total 20 millones de dólares de fondos del Departamento de Seguridad Nacional para pagarlos.

Al responder el lunes a las críticas, Trump defendió los anuncios como una “promoción positiva para nuestro gran Estados Unidos”, pero afirmó que en adelante los pagará con su comité político, MAGA Inc.

Pero el martes comenzó a emitirse el quinto anuncio de la campaña con el aviso “pagado por el Gobierno de Estados Unidos”, en el que se promocionan las acciones militares de Trump en Venezuela a principios de este año. Ese mismo día, Trump se negó a comprometerse a reembolsar el dinero que ya se ha gastado, al decirles a los reporteros: “lo decidiremos”.

El presidente del comité demócrata, Ken Martin, manifestó en un comunicado que Trump está haciendo un uso indebido del dinero de los contribuyentes en “un intento desesperado de última hora por salvar a los republicanos en noviembre”.

“Los estadounidenses merecen algo mejor que ver cómo sus impuestos, pagados con tanto sacrificio, se usan para los planes ilegales de Trump”, añadió.

Expertos legales han sugerido que los anuncios infringen una ley federal que prohíbe que el dinero asignado por el Congreso se utilice para “publicidad o propaganda”, y posiblemente otras leyes federales. El dinero de Seguridad Nacional utilizado para los anuncios proviene de un paquete de 175 millones de dólares que el Congreso otorgó al departamento para pagar la ofensiva contra la inmigración.

La Casa Blanca ha defendido los anuncios como mensajes de servicio público, similares a los que administraciones anteriores han difundido para promover diversas políticas. Expertos legales señalan, sin embargo, que los anuncios recientes difieren de los mensajes de servicio público porque no buscan ayudar al público a beneficiarse de programas gubernamentales.

Los demandados en la querella —Trump, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto— no respondieron a las solicitudes de comentarios.