Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría al proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal herramientas específicas para combatir el vandalismo rural. La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO), obtuvo 41 firmas sobre un total de 66 legisladores presentes. Habrá además dos dictámenes de minoría, correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

El proyecto plantea crear nuevas figuras penales vinculadas con el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y con la destrucción o daño de bienes que forman parte del proceso productivo. El objetivo, según sus impulsores, es dar una respuesta específica a situaciones que actualmente pueden quedar encuadradas como contravenciones o dentro de figuras generales del Código Penal.

La propuesta de Ardohain, que tramita bajo el expediente 2248-D-2026, fue presentada en mayo y tiene como objeto modificar el Código Penal en materia de vandalismo rural.

Durante el debate, Ardohain sostuvo que se trata de una problemática especialmente relevante para las familias que viven en zonas rurales y cuestionó lo que definió como una “visión urbanística del Código Penal”. “Hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país”, afirmó, y agregó que con la iniciativa se busca que esas familias estén “un poquito más protegidas”.

Del ingreso al campo al daño productivo

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. La iniciativa establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.

La propuesta presume esa voluntad de exclusión cuando el predio cuenta con cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. También contempla excepciones cuando el acceso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar no permitan distinguir claramente el límite con la vía pública.

“Entrar a un predio rural en la actitud que sea, con armas o con perros, es solamente una contravención”, sostuvo Ardohain durante el tratamiento. Según el diputado, esa situación genera una desprotección para quienes viven y trabajan en establecimientos alejados de los centros urbanos.

El segundo eje de la iniciativa apunta directamente a los daños sobre la producción. El proyecto incorpora el artículo 184 bis, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión y multas vinculadas con el valor del perjuicio para quienes destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen bienes que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario. Entre los elementos alcanzados se encuentran cultivos, cereales, silobolsas, ganado e instalaciones productivas.

El proyecto también contempla modificaciones vinculadas con los estragos, los daños agravados y la protección de infraestructura crítica y productiva. Además, propone cambios sobre la figura de instigación pública a cometer delitos cuando se utilicen medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.

El respaldo del sector agropecuario

La iniciativa llega al dictamen después de haber recibido el respaldo de distintas entidades del sector agropecuario durante las reuniones previas de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Entre ellas estuvieron la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro, CARBAP y otras organizaciones vinculadas con la actividad.

El diputado Francisco Morchio (LLA) defendió la propuesta y sostuvo que representa un avance para quienes viven en zonas rurales. Según explicó, existen situaciones en las que personas ingresan a campos con el argumento de practicar caza y terminan involucradas en robos, agresiones o daños contra productores y trabajadores.

“Con la excusa de estar cazando jabalíes y ciervo axis, se meten en la propiedad privada, roban cosas, asaltan y hieren a quienes viven, sean productores o sean empleados de productores”, señaló.

Morchio remarcó además que las principales entidades de la Mesa de Enlace expresaron su respaldo al proyecto durante el tratamiento legislativo.

Críticas de la oposición

El proyecto no tuvo, sin embargo, un respaldo unánime. Desde Unión por la Patria, el diputado Ramiro Gutiérrez cuestionó la técnica legislativa utilizada y sostuvo que la iniciativa genera una “duplicación normativa” respecto de delitos que ya están contemplados en el Código Penal.

“El derecho penal no es un amorfo amontonamiento de normas arbitrariamente reunidas, es una sistemática. Entonces una norma no puede contradecir a otra norma, una norma no puede traer las mismas regulaciones que trae otra norma”, argumentó.

Gutiérrez también sostuvo que, en determinados casos, la propuesta podría terminar reduciendo las penas previstas actualmente para delitos que afectan a la producción agropecuaria. Su bloque presentó un dictamen de minoría.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también cuestionó la iniciativa y vinculó el debate con la discusión sobre la legislación de tierras. “Lo que se está tratando con este expediente que presenta el oficialismo es proteger a los Lewis”, afirmó, en referencia al empresario británico Joe Lewis, y sostuvo que el proyecto implicaría “blindar la ley de tierras”.

Con el dictamen de mayoría aprobado, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido parlamentario. La discusión en el recinto deberá definir ahora si la Cámara baja avanza con la modificación del Código Penal para establecer una figura específica de vandalismo rural y nuevas sanciones para los daños que afectan directamente a la actividad agropecuaria.