El último día de marzo de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ha sido considerada como el último intento para influir en las elecciones. Los estados deberán entregar sus listados de votantes para que el Correo entregue las boletas electorales.

Luego de firmar la orden ejecutiva, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump dijo: “Se trata de la integridad del votante; queremos que haya votaciones honestas en nuestro país porque si no hay votaciones honestas, no se puede tener una nación”.

Hasta el momento, 23 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia han presentado demandas, al igual que grupos de defensa del votante. De esta manera, la orden ejecutiva podría ser bloqueada judicialmente.

Pero si los tribunales aprueban la norma tal como está, el Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés), y el gobierno federal, tendría un papel sin precedentes en las elecciones, afirma la CNN.

¿Qué exige la orden de Trump?

En síntesis, la orden ejecutiva instruye al Departamento de Seguridad Interior (DHS) a utilizar diversas bases de datos federales para elaborar una lista de ciudadanos adultos que los estados puedan comparar con sus registros electorales.

La orden ejecutiva podría afectar el voto por correo en noviembre. Foto: (Foto: iStock.

En tanto, el USPS debe transmitir únicamente las papeletas de voto de los estados que hayan proporcionado al gobierno federal una lista de sus votantes elegibles para votar por correo 60 días antes de las elecciones y que hayan cumplido con varios requisitos para que sus papeletas sean compatibles con el servicio de seguimiento automatizado del Correo.

La CNN agrega que “esta orden ejecutiva es una de las varias medidas que Trump ha tomado para buscar el control federal sobre las elecciones y restringir el voto por correo, que él ha calificado repetidamente como una herramienta utilizada por sus oponentes para cometer fraude”.

“En el Capitolio, la Ley SAVE, un proyecto respaldado por Trump que exige nuevas medidas de verificación de ciudadanía para registrarse para votar, ha fracasado en el Senado”, informa la CNN.

Ahora la orden ejecutiva busca otorgarle al USPS porque no solo tendrá que entregar las papeletas, sino que deberá controlar quién las recibe.

“Si se paga el franqueo correcto en una carta, el USPS debería entregarla”, explicó a CNN Anton Hajjar, exdirectivo del Correo. Añadió: “La norma propuesta dice que no regula las elecciones, pero en la práctica, eso es lo que está haciendo”.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que "toda la Administración continuará implementando legalmente la agenda para la que el presidente Trump fue elegido, la cual incluye la seguridad de las elecciones estadounidenses".

“La Administración sigue confiando en que la orden ejecutiva se implementará antes de las elecciones de noviembre, que siempre fue la intención cuando se firmó”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

En junio, según informa AP, “un juez federal de Boston escuchó a grupos defensores del derecho al voto y a una coalición de dos docenas de estados que quieren que los tribunales frenen la orden ejecutiva”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representó a la Liga de Mujeres Votantes en otra demanda, ha calificado la orden como “un intento peligroso de privar del derecho al voto a electores habilitados en todo el país”. Sostuvo que la orden transforma “al Servicio Postal en un árbitro de quién puede emitir un voto por correo”.

Los electores registrados pueden votar de manera presencial o por correo. Foto: ABC News.

Hasta ahora, solo el juez de distrito Carl Nichols, designado por Trump, coincidió con el argumento del gobierno de que era demasiado pronto para bloquear la orden porque aún no se ha implementado.