En una invitación poco frecuente, el presidente Javier Milei incluyó en su comitiva a París, a instancias de su ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, a tres jueces.

Uno de ellos es el juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández, quien tiene mucha influencia en su fuero. Además, Fernández es vicepresidente de la comisión de Disciplina de la AFA. Esta comisión fue la que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Berón por no haber saludado a Rosario Central cuando salió campeón. También fue invitado el juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah y un juez de Río Negro cuyo nombre no se conoce. Y es hermano del operador judicial del PJ y miembro de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández.

Desde que asumió Mahiques en el ministerio de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, sectores de la Justicia favorecieron con sus fallos a la estrategia judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su Tesorero, Pablo Toviggino.

Sucede que el padre de Mahiques y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, había festejado su fiesta de cumpleaños en la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares y se sospecha que hubo otros jueces en el ágape.

El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, vuelva a quedar a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Los jueces de la Sala I de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky resolvieron con ese polémico fallo un conflicto de competencia. Los dos primeros habían sido recusados para que no intervengan por Elisa Carrió. Es que Barroetaveña había sido miembro del Comité de Etica de la AFA.

Desde que la causa está en manos de Gonzalez Charvay se avanza muy lento en la investigación con la excusa que espera una serie de peritajes sobre el valor de la mansión y los ingresos de Luciano Pantano y su madre jubilada para ver si puede haber tenido plata como para semejante inversión.

El conflicto se daba entre el juzgado de Campana y el tribunal Penal Económico 10, a cargo actualmente de Verónica Straccia, y donde e encontraba el expediente. Casación sostuvo que el delito de lavado de dinero es propio de la justicia federal y no del fuero penal económico, que tiene una especialidad que no alcanza al blanqueo de activos. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia para que la causa siga en el fuero penal económico. Antes la misma Cámara de Casación le había sacado el caso de Gonzalez Charvay y así quedó por unas semanas en manos de Straccia.

Mientras tanto, el ex inspector General de Justicia Daniel Vítolo volvió este viernes a cuestionar duramente el fallo de la Sala D de la Cámara Civil que avaló la mudanza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires y sostuvo que los camaristas Juan Converset, Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia que intervinieron en la causa, “no leyeron el expediente”.

Para Vítolo, el criterio utilizado por la Cámara Civil implica un riesgo institucional porque permitiría que una entidad civil, a partir de ahora, pueda evitar controles nacionales simplemente obteniendo una inscripción en otra jurisdicción.

“La Cámara dice que como la provincia de Buenos Aires aceptó a la AFA y que la IGJ dejó de tener jurisdicción. Eso es un error enorme. Ningún acto administrativo provincial puede hacer desaparecer un control nacional establecido por ley”, afirmó.

Y agregó: “Si esto fuera así, cualquier asociación civil, club o fundación que tuviera problemas con un organismo de control podría mudarse a otra provincia y dejar de responder ante la jurisdicción de origen”.

En declaraciones a Dato sobre Dato, por Ecomedios, Vítolo afirmó que durante su gestión la AFA tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa frente a los requerimientos de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculados a sus balances y negó que el organismo haya autorizado el cambio de jurisdicción, tal como sostiene el polémico fallo de esa cámara.

“A la AFA se la intimó para que explicara cuestiones vinculadas con los balances. Fue notificada, concurrió a la Inspección General de Justicia, tomó vista del expediente, presentó un descargo, adjuntó documentación y sus auditores fueron a explicar la situación”, afirmó.