La foto es poderosa. La Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa para modernizar la infraestructura que une las zonas productivas con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales. El acuerdo, anunciado desde Estados Unidos, contempla inversiones y financiamiento por hasta US$ 7.000 millones durante 2027 con foco en energía, minería, transporte y telecomunicaciones.

Hay otra lectura obligatoria: el respaldo de Estados Unidos llega en un momento oportuno.

Porque mientras se anunciaba la inversión, la economía volvió a dar señales de debilidad. El INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 2,9% en julio frente a junio, en la medición desestacionalizada, y 1,4% interanual. El golpe se concentró en dos motores: el comercio mayorista y minorista cayó 5,1% y la industria manufacturera, 4,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó los datos negativos con "distintos shocks transitorios". "Pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol", dijo Caputo en la red social X.

No fue el único dato negativo de la semana. El riesgo país no para de subir. Si bien está muy lejos de cuando el Gobierno comenzó su mandato, terminó la semana por encima de los 600 puntos básicos.

¿Qué hay detrás de esta nueva tensión en la cotización de los bonos soberanos? La explicación no responde a un único factor, sino a la interacción entre el frente externo y las dudas estructurales que aún persisten en el mercado local.

Bajo un razonamiento de primera mirada, se puede decir que el endurecimiento o la volatilidad en las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos suele ser una pésima noticia para los mercados emergentes. Cuando el rendimiento del activo considerado "libre de riesgo" sube (como anunció a mediados de septiembre la Reserva Federal de Estados Unidos), los fondos internacionales reordenan sus carteras: desarman posiciones en títulos de deuda de mayor riesgo —como los argentinos— y se refugian en activos seguros.

Pero no todo viene del exterior. A nivel doméstico, la mirada de los analistas está puesta en la dinámica del Banco Central. El ritmo de acumulación de reservas es la métrica clave con la que Wall Street evalúa si la Argentina tendrá la liquidez necesaria para afrontar los vencimientos de deuda en dólares.

Si las compras netas de divisas se desaceleran o aparecen dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario hacia adelante, el mercado lo interpreta como un mayor riesgo de incumplimiento o refinanciación forzada. La matemática es implícita: a menor previsibilidad sobre la oferta de dólares, mayor es la tasa de retorno exigida por los inversores.

“A partir de la suba de la tasa norteamericana, el riesgo de los otros países cae y el de Argentina sube. Entonces sube por cuestiones de carácter local, hay una exageración del riesgo kuka. El riesgo país tiene una dependencia enorme del nivel de reservas netas y del stock de deuda en dólares”, dice el economista Carlos Melconian.

En línea con lo anterior, la consultora 1816 sostiene que el Programa Financiero 2027 que presentó Caputo a principios de julio ya generaba bastante presión sobre las reservas del BCRA y ahora luce probable que esa presión sea incluso más alta de lo planeado.

“Puede sonar a obviedad, pero no está de más ser explícito: a mayor dificultad para colocar deuda en moneda extranjera (en el mercado local o internacional), más relevantes son las compras de divisas del BCRA en el MLC. En este sentido, en los primeros 8 meses del año esas compras fueron extraordinarias, solamente comparables a 2024 en el pasado reciente, pero en septiembre las intervenciones del Central en el spot han sido más bien marginales y es probable que eso haya contribuido al sell-off de los bonos”, asegura el informe de 1816.

Es decir, da la sensación de que, para consolidar un sendero descendente en la sobretasa que paga el país, el Gobierno necesita algo más que anuncios: requiere sostener el superávit, acelerar el ingreso de divisas y despejar las dudas de refinanciación.

Mientras esa ecuación no termine de cerrar con números contundentes, la volatilidad financiera seguirá siendo una constante en la agenda económica.

La otra mala noticia estuvo dada en el frente social. La pobreza que el Gobierno había logrado bajar fuerte durante la primera parte del mandato, volvió a subir y alcanzó a 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales más que en la segunda mitad de 2025. Al mismo tiempo, la indigencia pasó del 6,3% al 7,5%.

La explicación está en el bolsillo. El ingreso per cápita familiar promedio subió 11,5% durante el semestre, muy por debajo de 19,6% de la Canasta Básica Total y de 21,4% de la Canasta Básica Alimentaria. En resumen, los ingresos corrieron de atrás y más hogares no llegaron a completar las dos canastas. ¿Se está ante un período de transición y la economía volverá a crecer pronto o se inicia otra etapa de recesión?